Las disidencias destierran a los firmantes de paz que cambiaron los fusiles por remos en Miravalle

Ni total, ni parcial. El anhelo de paz se aleja para los habitantes de Miravalle, que había sido uno de los espacios de reincorporación de excombatientes más esperanzadores de Colombia, atrapados ahora en el fuego cruzado de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que persisten en la violencia. Las amenazas de una facción del autodenominado Estado Mayor Central han acabado por desplazar esta semana a los firmantes de paz que cambiaron fusiles por remos. A pesar de la condena unánime a esos hostigamientos, la decisión está tomada.

“Nos vemos obligados a salir del territorio, del espacio de reincorporación, de nuestro hogar”, se lamentaban el jueves en un comunicado los exguerrilleros y campesinos que bajo el lema “remando por la paz” se capacitaron como guías de rafting en ese paraje selvático y montañoso del departamento de Caquetá, al que en su día llegaron instructores costarricenses. “Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”. Aunque reconocen que es un momento doloroso, prometen que no van a desistir y se proponen proteger lo que han cultivado.

Miravalle, en el simbólico municipio San Vicente del Caguán, se había convertido en una postal del potencial transformador que representa el acuerdo de paz sellado a finales de 2016. Coronado por una larga calle de coloridas casas en el filo de una empinada montaña, era uno de los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, o ETCR en la jerga institucional derivada del acuerdo. Allí, a pesar de todos los obstáculos, crearon, entre otras, una empresa de rafting que ofrecía descensos por los rápidos del río Pato. Contaron con el impulso de la Misión de Verificación de la ONU y la empresa Ríos Tropicales de Costa Rica, un país pacifista conocido por el desarrollo sostenible del ecoturismo. Así consiguieron atraer más de 3.000 visitantes y el equipo de rafting incluso representó a Colombia en los mundiales de Australia, en 2019, e Italia, en 2023.

Pero el emprendimiento de Miravalle y su inspirador ejemplo de reconciliación se estrelló en los últimos días con la violencia recrudecida de los disidentes que se apartaron de los acuerdos de 2016. Más de 80 personas saldrán del ETCR, entre ellos más de 20 niños, y el espacio quedará prácticamente vacío. El frente Iván Díaz, una de las estructuras del ahora dividido EMC, señaló a los firmantes de ser cómplices de la Segunda Marquetalia, la otra gran sombrilla de disidencias, les lanzó un ultimátum y declaró el lugar como “zona de conflicto”. Su propósito, coinciden los observadores, es despejar corredores estratégicos de economías ilegales para ejercer control territorial en medio de la guerra a muerte que libran distintas facciones.

El Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar la seguridad y la vida a los excombatientes en los casi 8 años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz. Más de 400 han sido asesinados, con los disidentes como principales responsables. Miravalle es el quinto ETCR en el que las disidencias han provocado un desplazamiento masivo de firmantes, con el agravante de que tanto el frente Iván Díaz -encabezado por alias Calarcá- como la Segunda Marquetalia negocian con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de paz total, con la que dialoga en simultáneo con diversos grupos armados. Eso, sin embargo, no ha impedido las amenazas a exguerrilleros y comunidades.

El mecanismo de verificación de la mesa con el EMC ha enviado una comisión especial internacional a Miravalle “para que contenga estas acciones de presión”, ha dicho Camilo González Posso, el jefe negociador del Gobierno, quien lo ha calificado como algo “inadmisible”, en medio del aluvión de reacciones. Las autoridades instalaron este viernes un ‘Puesto de Mando Unificado por la Vida’ y el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que es un hecho de “suma gravedad”, mientras que el representante del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, hizo un llamado a respetar la vida y la reincorporación de los firmantes. “Una genuina voluntad de paz pasa por respetar a quienes ya han apostado por el camino de la paz y reconciliación”, enfatizó.

Los mensajes de rechazo a las amenazas se han multiplicado. El expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos consideró “totalmente inaceptable” lo que está pasando en Miravalle, pues el Gobierno “tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el acuerdo de paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz”. Rodrigo Londoño, Timochenko, el otro firmante de los acuerdos como cabeza de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue aún más allá en sus reparos a Petro, que ha tenido el respaldo de Comunes, el partido heredero de la guerrilla. “Soy un convencido de la paz total y de la solución negociada a las violencias persistentes en el país. Pero la improvisación, las concesiones a los verdugos y la mezquindad para implementar el acuerdo de paz son un riesgo para la vida de miles de firmantes”, manifestó en un mensaje dirigido al propio mandatario. “Los responsables, presidente, son los grupos disidentes a los que usted otorgó reconocimiento político y les abrió un lugar en una mesa negociación”.

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