El Gobierno de Gustavo Petro se sienta a negociar con Iván Márquez, la tercera mesa de la paz total

Con la presencia de Iván Márquez, el antiguo jefe negociador de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia que incumplió el acuerdo de paz que firmó en 2016 para retomar los fusiles, el Gobierno de Gustavo Petro instaló este lunes en Caracas un proceso formal con los disidentes agrupados en la Segunda Marquetalia. Es la tercera mesa nacional en el marco de la política de paz total, que pretende dialogar en simultáneo con distintos grupos armados.

Instalada la mesa en la capital venezolana, el primer ciclo de negociaciones se desarrollará esta semana, a partir de este martes hasta el próximo sábado. El jefe de la delegación del Gobierno es el jurista Armando Novoa García, mientras el de la Segunda Marquetalia es Walter Mendoza, otro veterano líder de las extintas FARC. Cuba, Noruega y la propia Venezuela son los países garantes del proceso, que se suma a los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el otro gran grupo de disidencias que se apartaron del acuerdo de paz, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que ha acabado por dividirse -las facciones encabezadas por Iván Mordisco han roto los diálogos con el Gobierno-.

“Este proceso de paz se enmarca en los esfuerzos para llevar a cabo cambios y reformas democráticas para beneficio de la población, en la perspectiva de la solución política y la construcción de la paz, con prioridad en los territorios”, dice el acuerdo para el inicio formal de la mesa que firmaron a comienzos de mes el comisionado de Paz, Otty Patiño, y el propio Márquez, quien ha sido dado por muerto en más de una ocasión.

En ese documento, firmado también en Caracas, el Gobierno “registra como positivas” las manifestaciones de la Segunda Marquetalia en las que ha rechazado las retenciones con fines económicos (como se refiere al secuestro) y se propone priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos y comerciantes, así como proteger el medio ambiente. En correspondencia, el Gobierno “adoptará medidas para fortalecer el desescalamiento del conflicto” en las zonas donde hace presencia la Segunda Marquetalia - Ejército Bolivariano, como ahora se hace llamar el diezmado grupo armado que también hace presencia del otro lado de la porosa frontera con Venezuela.

El encaje de las disidencias en la paz total ha sido problemático desde el primer momento. Las corrientes de Mordisco y de Márquez se consolidaron como las más notorias, una suerte de grandes sombrillas. Ambas entablaron una guerra a muerte entre sí, en la que fueron cayendo en confusos enfrentamientos y atentados en la frontera con Venezuela varios líderes, entre ellos Gentil Duarte, que había sido el rostro más visible del EMC, y los principales lugartenientes de Márquez: Romaña, El Paisa y Jesús Santrich —como lo reconoció este lunes el propio líder de la Segunda Marquetalia—.

Una de las grandes dudas en torno al marco jurídico de la política de paz del Gobierno Petro siempre ha sido si los grupos que desertaron o nunca se acogieron al anterior proceso con las FARC deben ser considerados organizaciones criminales cuya única salida era someterse a la ley o merecen un tratamiento político, como el que recibe el ELN, la última guerrilla en armas. Ese punto es especialmente problemático en el caso de la Segunda Marquetalia, pues el acuerdo de paz señala que no se puede volver a negociar con reincidentes. “El principal obstáculo tiene que ver con los impedimentos para quienes hayan firmado el acuerdo de paz de 2016. ¿Cómo serán tratados por la justicia? Es un asunto que afectará a gran parte de la cúpula del grupo, como Iván Márquez o Walter Mendoza”, anticipa un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El origen de la Segunda Marquetalia –bautizada así por el lugar en que nacieron las antiguas FARC– se remonta al momento en que Luciano Marín, el verdadero nombre de Iván Márquez, anunció en agosto de 2019 que retomaba las armas junto a otros comandantes que para entonces ya se habían apartado de sus compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz. Aunque nunca hubo una desbandada de firmantes, como se temió en un primer momento, el fuego de las disidencias ha estado alimentado por nuevas dinámicas de reclutamiento forzado, a menudo de menores de edad.

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