Atrapados en el muelle del colapso

“Si se piensan que vamos a dejar que esto se convierta en Lesbos lo llevan claro”. La metáfora que usa Antonio L., vecino del pueblo de Arguineguín, ilustra la creciente tensión que se vive en la pequeña localidad pesquera del sur de Gran Canaria. Su muelle alberga desde hace tres días a más de 1.350 personas, hacinadas bajo 12 carpas capaces de dar techo a unas 600, obligadas a dormir sobre una fina manta en el suelo. El puerto es el actual tipo de acogida para aproximadamente un 10% de los 10.000 inmigrantes arribados este año a las costas de Canarias. Solo esta semana han llegado 1.400 personas.

Poco a poco, el Ministerio de Interior ha sellado la entrada al muelle para evitar la presencia de periodistas y curiosos, y los vehículos del contingente policial que vigila la zona entorpecen la vista de las cámaras. Y así, Arguineguín ha pasado de ser una solución de urgencia a una rutina y se ha convertido en la imagen de la gestión política migratoria del Ejecutivo central. Prueba de que el campamento no es tanto una solución temporal, sino que se mantendrá, es la instalación ayer de una nueva carpa de la Cruz Roja, una infraestructura que no está pensada para mejorar la vida de los migrantes en el muelle, sino para poder hacer frente al complejo trabajo administrativo que conlleva su asistencia.

“Observamos la situación con incertidumbre”, explica José Antonio Rodríguez Verona, responsable autonómico del equipo de ayuda humanitaria a inmigrantes de Cruz Roja (ERIE). Él es el responsable de coordinar a los casi 50 voluntarios encargados de atender a los náufragos, y ve cómo los traslados a otras instalaciones de las islas resultan insuficientes ante la cantidad de llegadas. “Esto no se vacía, y aquí cerca hay muchos sitios mucho mejores que este muelle”, apunta.

La incertidumbre de Rodríguez Verona se torna ira en el caso del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores del pueblo, Ricardo Ortega. “Esto no es otra cosa que una invasión”, exclama en el muelle contiguo, donde están los almacenes de la organización. “Se nos pidió paciencia y hemos sido pacientes” explica. “Pero no podemos seguir así, damos mala imagen, el pueblo está intranquilo”. Ortega, de hecho, pretende convocar una manifestación de protesta para el 7 de noviembre.

Muchos de los residentes miran a la alcaldesa de Mogán. A las puertas del muelle, dos periodistas procedentes de Francia hacen turno para entrevistar a Onalia Bueno, quien se ha convertido en uno de los principales arietes contra el asentamiento. “¿Esta es la imagen de Europa que queremos dar?”, se pregunta ante lo que considera una “flagrante conculcación de los Derechos Humanos”. La regidora promete personarse el próximo lunes ante el Juzgado de Guardia del municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana si el campamento sigue en pie cuando acabe el domingo. “¿Hasta cuándo va a seguir diciendo el Gobierno de España que no tienen tiempo de actuar?”.