Las autonomías negociarán el reparto de 700 menores acogidos en Canarias

Las comunidades autónomas negociarán en septiembre el reparto de los 700 menores no acompañados llegados en cayucos a Canarias. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, confirmó ayer que en septiembre se reunirá el Consejo Superior de Política de Inmigración, que reúne a los consejeros autonómicos con competencias en la materia, para que Canarias apele a la solidaridad de las demás comunidades. La Xunta de Galicia, la Generalitat catalana y la Junta de Castilla-La Mancha se mostraron ayer dispuestas a acoger a menores llegados a las islas.

Al contrario que los inmigrantes adultos, que son trasladados a la Península cuando están a punto de cumplir el plazo 40 días de internamiento previsto por la Ley de Extranjería, si no se les repatría antes, los menores se quedan en Canarias, bajo tutela de la Administración autonómica, hasta la mayoría de edad. El archipiélago tiene una capacidad máxima de acogida de 250 plazas, a través de un sistema de hogares, de 10 o 12 plazas cada uno, diseminados por las siete islas. Sin embargo, el censo oficial de menores extranjeros no acompañadas ascendía ayer a 700.

Hasta 450 se encuentran recluidos en cinco grandes centros de emergencia en Gran Canaria y Tenerife, donde se cubren sus necesidades básicas en materia de salud, vestido, educación y manutención. Se estima que el 10% de los inmigrantes que llegan a Canarias son menores de 18 años, por lo que la cifra crece continuamente. Para hacerse una idea, la Comunidad de Madrid, con el triple de población, sólo tiene 310 menores en acogida. El Gobierno canario asegura que cada adolescente de 15 a 17 años le supone un desembolso de 30.000 euros al año.

El Estado, sin competencias

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, asegura que es consciente de la gravedad del problema, pero advierte de que el Estado no tiene ninguna competencia en materia de tutela y custodia de menores, que corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas. Por eso, su compromiso es "poner a disposición del Gobierno canario este órgano [el Consejo Superior de Política de Inmigración] para que pida la solidaridad de las demás comunidades y se estudie una posible distribución territorial".

Rumí asegura que el Gobierno no va a realizar ninguna propuesta de distribución de menores, como hace con los adultos, y que se limitará a "ejecutar el acuerdo, si es que se alcanza". La secretaria de Estado ni siquiera quiere aventurar si el Gobierno se ocupará del traslado en avión de los menores, ya que "habrá que atenerse a un protocolo, que tenga en cuenta los tratados internacionales en materia de protección de la infancia".

Lo que sí ha hecho es encargar estudios jurídicos para solventar las dudas que pudiera suscitar el traspaso de la tutela de menores entre administraciones y no descarta que pudiera darse alguna ayuda financiera. De hecho, en los criterios de reparto de los 182,4 millones destinados este año a la acogida de inmigrantes por las comunidades autónomas se ha tenido en cuenta, por vez primera, la tutela de menores.

La secretaria de Estado de Inmigración eludió comentar la propuesta del presidente canario, Adán Martín, de que a los menores que llegan al archipiélago no se les aplique la Ley de Extranjería -que obliga a ingresarlos en los centros de acogida- para permitir su repatriación. "Nadie me lo ha planteado oficialmente", se excusó Rumí.

Cautela de las comunidades

Las comunidades autónomas reaccionaron ayer con cautela a la petición de auxilio de Canarias. Una de las más solidarias fue Galicia, que admitió que 50 de sus 945 plazas para menores están libres "y preparadas para lo que venga", según un portavoz de la Xunta. La Generalitat catalana, por su parte, ha comunicado al Gobierno central que dispone de diez plazas para menores y que está dispuesto a recibirlos y alojarlos cuando se le comunique. La consejera de Acción Social de la Junta de Castilla-La Mancha, Guadalupe Martín, dijo que, "en caso de que se manifieste esa necesidad, la respuesta sería seguramente positiva".

La Junta de Castilla y León indicó que, "antes de admitir a menores inmigrantes quiere conocer los criterios del Gobierno para decidir dónde los envía, en qué condiciones y en qué número". "Cuando nos convoquen, tendremos que estudiar en qué términos y cómo se gestiona el traslado", dijo un portavoz de la Comunidad de Madrid. La Junta de Andalucía recordó que sus centros también están desbordados. Aunque su capacidad es de 560 plazas, ahora albergan a 844 menores y en 2005 llegaron a los 1.086. Alicia De Miguel, consejera de Bienestar Social de la Generalitat valenciana, se limitó a decir que el traslado de menores "no es la solución".