Canarias exige "responsabilidad" al Estado para repartir a los menores llegados en cayucos

El Gobierno de Canarias ha afirmado esta tarde que no pide "solidaridad" sino que el Estado asuma con "responsabilidad" el reparto entre las comunidades autónomas de los menores acogidos en Canarias. El Gobierno central confirmó ayer que el Consejo Superior de Política de Inmigración se reunirá en septiembre para tratar el asunto y recordó que son las autonomías y no el Estado quien tiene la competencia en custodia de menores. El presidente canario, Adán Martín, considera que esta cuestión debe corregirse para que la Administración Central recupere funciones de coordinación en política de inmigración.

Las declaraciones del presidente canario llegan tras la tercera reunión del gabinete de crisis de las autoridades regionales. El presidente ha pedido que la Administración Central corrija la dispersión de competencias a través de un mando coordinador en política de inmigración, sea éste un comisionado especial o un Ministerio.

El presidente canario ha respondido a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuleo Rumí, que ayer afirmó que el Estado no tiene competencias para tutelar y custodiar menores y sí las CC AA, y que pondría a disposición de Canarias el Consejo Superior de Política de Inmigración "para que pida la solidaridad de las demás comunidades y se estudie una posible distribución territorial".

Martín ha recordado que según el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la descentralización del poder "no reduce en modo alguno la responsabilidad directa del gobierno del Estado" para cumplir sus obligaciones con todos los niños sometidos a su jurisdicción, "sea cual fuera la estructura del Estado".

"Todas las competencias están en el Estado", ha dicho Martín, "nosotros ayudaremos, pero que no se confundan porque es el Estado el que tiene la resposabilidad de llegar a acuerdos con los países emisores y con la Unión Europea".

Martín considera fundamental una política unificada de Estado en materia de inmigración, "un problema de todos los españoles y europeos".

A juicio del presidente canario, la educación de los 700 menores que acoge Canarias en sus centros para inmigrantes sin papeles "peligra". "La situación es crítica y los recursos autonómicos están desbordados", clamó ayer el presidente regional después de convocar la reunión de hoy para seguir analizando las consecuencias de la oleada de pateras que ha llevado hasta las costas canarias a más de 17.000 inmigrantes irregulares en lo que va de año.

En Canarias hasta los 18 años

Ayer el dirigente canario reiteró su oferta al Gobierno central para buscar "una solución negociada" al problema de lo menores que han llegado a las islas a bordo de pateras y sin compañía de parientes o tutores. A los inmigrantes adultos, si no se les puede repatriar antes, se les traslada a la Península cuando están a punto de cumplir el plazo 40 días de internamiento previsto por la Ley de Extranjería. Los menores, sin embargo, se quedan en las islas bajo tutela de la Administración autonómica hasta la mayoría de edad.

El archipiélago tiene una capacidad máxima de acogida de 250 plazas, a través de un sistema de hogares, de 10 o 12 plazas cada uno, diseminados por las siete islas. Sin embargo, el censo oficial de menores extranjeros no acompañados ascendía ayer a 700. Hasta 450 se encuentran recluidos en cinco grandes centros de emergencia en Gran Canaria y Tenerife, donde se cubren sus necesidades básicas en materia de salud, vestido, educación y manutención. El Gobierno canario asegura que cada adolescente de 15 a 17 años le supone un desembolso de 30.000 euros al año.

Reunión en septiembre

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, confirmó ayer que en septiembre se reunirá para tratar la cuestión el Consejo Superior de Política de Inmigración, que reúne a los consejeros autonómicos con competencias en la materia. La Xunta de Galicia, la Generalitat catalana y la Junta de Castilla-La Mancha se mostraron ayer dispuestas a acoger a menores llegados a las islas.