El marroquí que abrió la primera brecha al bloqueo de inmigrantes en Canarias

Desde su tienda de reparación de móviles en Dajla, en el Sáhara Occidental, Tawfik veía cómo miles de compatriotas se metían en pateras para llegar a las islas Canarias. Hacía tiempo que pensaba en emigrar —intentó llegar a Estados Unidos en 2019, pero fracasó— así que en noviembre del año pasado, con 25 años, se subió a un barco de pescadores rumbo a Gran Canaria. Pasó meses en un hotel hasta que acabó en un campamento donde apenas comía y no había agua caliente. Intentó tres veces salir de la isla, pero la policía se lo impidió. “Es que nunca tengo suerte”, se lamentaba en una conversación con EL PAÍS en enero.

Meses después, sin embargo, dos abogados llevaron su caso a la justicia, que el pasado miércoles falló a favor de Tawfik, que ya está en la Península. El auto del juez recuerda a la policía que la única limitación de movimiento de los migrantes son las restricciones sanitarias, y acaba de abrir la primera brecha en el bloqueo que se imponía en los puertos y aeropuertos canarios desde diciembre. No es la única.

Hasta diciembre —y a pesar de las restricciones por la covid— miles de inmigrantes pudieron salir por su cuenta de las islas, pero durante los últimos cinco meses la policía ha establecido controles permanentes en los puertos y aeropuertos canarios. Los agentes pasaron a frenar sistemáticamente a los migrantes que pretendían marcharse con sus pasaportes o sus solicitudes de asilo, dos documentos reconocidos para poder viajar.

Aunque los controles tenían como objetivo el cumplimiento de las restricciones sanitarias, en la práctica servían para identificar extranjeros llegados irregularmente a las islas. Así ocurrió con Tawfik y decenas de casos relatados por abogados y los migrantes. En realidad, no se comprobaba si podían justificar su viaje a territorios confinados, sino su situación administrativa. Más allá de los que eran descubiertos, por ejemplo, con pasaportes falsos a los que se les puede imputar un delito, al resto se les detenía para intentar devolverlos o perdían los vuelos mientras se realizaban trámites para identificarlos. A otros, sin más trámite, se les ordenaba regresar.

El Ministerio del Interior señala que las únicas limitaciones de movilidad eran las derivadas de la pandemia y que las fuerzas de seguridad han velado por que todas las personas, inmigrantes o no, las cumpliesen. Los aeropuertos de las islas, no obstante, pasaron a ser un territorio vetado para los inmigrantes.

Las cosas empezaron a cambiar tras conocerse la decisión judicial, y decenas de inmigrantes han logrado desde entonces viajar a otras provincias justificando un cambio de domicilio. Uno de los abogados que llevó el caso de Tawfik, Daniel Arencibia, explica el impacto de la decisión judicial: “Antes del auto se usaba habitualmente el control covid para frustrar el vuelo a quien no tuviera residencia regular. Aunque llevaran PCR y justificación para viajar, los agentes se centraban en comprobar si estaban en situación irregular. Ahora, el control se centra en la justificación del viaje”. Los requisitos no son fáciles —exigen pasar por notarios y consulados— y muchos de los que lo intentan no consiguen llegar al avión, pero se ha superado la fase en la que era imposible sortear el control policial. Voluntarios y letrados están acompañando a los extranjeros hasta el acceso y su mediación está facilitando su salida.

Dos días después del auto de Tawfik, además, se conoció una segunda decisión judicial que acota un poco más la actuación de la policía en Gran Canaria. Un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas interpreta que los acuerdos de devolución que se abren a todos los inmigrantes que llegan en patera a las islas solo pueden ejecutarse en las primeras 72 horas de detención policial o, en su caso, tras 60 días de internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros. La decisión limita así las detenciones que a posteriori se realizan en puertos y aeropuertos para devolver a los inmigrantes y obliga a los agentes a abrir un nuevo expediente —esta vez, de expulsión—, trámite con más garantías para el extranjero al permitirle formular alegaciones y solicitar al juez que se suspenda. Fuentes policiales reconocen que la combinación de los dos autos les obligan a ser “más flexibles”.

Tawfik ya está en Madrid y ha empezado a organizar su nueva vida. “Estoy muy contento, lo he pasado muy mal todos estos meses”, cuenta en español. El auto no llegó a beneficiarle porque, cuando se conoció, la Cruz Roja —que gestiona el campamento donde vivía— ya habían solicitado a la policía su traslado a la Península como solicitante de asilo. Pero el marroquí vio cómo delante de él pasaban otros migrantes gracias a su caso. “Al principio, cuando fuimos al juez, solo pensaba en cómo resolver mi situación y salir de allí, pero me alegro de que mi caso pueda aplicarse a todos los demás”.