El viaje de cientos de inmigrantes de Canarias a la Península abre un nuevo frente al Gobierno

Los miles de marroquíes que han llegado a las islas Canarias llevan meses viajando en pequeños grupos a la Península con un billete de avión o barco y sus pasaportes en la mano. Es imposible saber cuántos son, pero sus llegadas a diferentes aeropuertos de la Península son registradas desde hace varias semanas en vídeos por otros pasajeros que hacen comentarios xenófobos acusando al Gobierno de dejar “sueltos” a los inmigrantes o que los señalan como potenciales portadores de coronavirus. Estos viajes no están organizados por el Gobierno y son los propios inmigrantes los que se trasladan por su cuenta, pero la opacidad del Ejecutivo no ha hecho más que alimentar las especulaciones y la confusión. El PP y Vox ya han pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique lo que llaman “traslados secretos” realizados “con nocturnidad y alevosía”.

La polémica se ha desatado tras publicarse las imágenes de un grupo de inmigrantes tomando un vuelo de Gran Canaria a Granada. Se da a entender que es un vuelo fletado por el Gobierno aunque no es así. También se afirma que vienen sin la PCR hecha, a pesar de que esta prueba se realiza a todos los inmigrantes que llegan en patera al desembarcar. El vídeo plantea, además, otra cuestión y es que Andalucía, como la mayoría de las comunidades autónomas, impone restricciones de entrada y salida, pero hasta donde se ve en las imágenes no existe un control policial para supervisar las causas que justificarían la entrada en la provincia, ni de los extranjeros ni de los españoles.

La supervisión de la movilidad en Andalucía, donde todos los municipios están confinados desde el 10 de noviembre, lo realiza la Policía Nacional. Estos controles, según Interior, se han intensificado en las carreteras, aeropuertos y estaciones de tren y autobuses, pero se realizan de manera aleatoria. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha acusado al Ejecutivo central de “incumplir las normas, porque Andalucía tiene limitada su movilidad tanto para entrar como para salir salvo razones muy justificadas, entre ellas un contrato de trabajo”. Bendodo también ha denunciado que “no se sabe si vienen con el PCR hecho, como es preceptivo”, aunque esa prueba solo es exigible para los que viajan a España desde el extranjero.

Los viajes de inmigrantes, en su mayoría marroquíes, a diferentes aeropuertos de la Península desde el archipiélago han generado una confusión respecto al papel del Gobierno en ellos. El Ejecutivo también alimenta el ruido porque, por un lado, rechaza los traslados de grandes cupos a la Península, por considerar que alientan un efecto llamada, y, por otro, es consciente de que los recién llegados se marchan de las islas por su cuenta. El secretismo se explica también porque la UE observa con lupa los flujos en Canarias y presiona a España para que se evite que los migrantes crucen los Pirineos.

Los inmigrantes que llegan en patera a las islas tienen dos formas de salir de Canarias. Los que no tienen documentos necesitan un salvoconducto policial que autoriza su traslado en el marco del programa de atención humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones. Estas derivaciones, que Interior tiene muy controladas, suman 2.200 personas en lo que va de año –apenas un 10% de todos los que han llegado a las islas– y suelen priorizar los perfiles más vulnerables, como solicitantes de asilo, mujeres o enfermos, aunque también se incluye a hombres jóvenes sin recursos. La mayoría de los trasladados en estos viajes autorizados son de subsaharianos. La otra vía, que es la que se ha convertido en el foco de la polémica, es la que usan sobre todo los marroquíes que viajan por sus propios medios y con su pasaporte.

Pasadas las primeras 72 horas de custodia policial, los inmigrantes llegados en patera tienen abierto un expediente de devolución, pero son libres y no tienen restringida su libertad deambulatoria en España. La mayoría no quiere quedarse en Canarias por lo que el flujo de marroquíes que se compran un billete para marcharse a la Península es constante hace meses. La Cruz Roja, la Policía y el Ministerio del Interior lo saben porque es el día a día en los centros de acogida y en el campamento donde les custodian los agentes tras desembarcar en Gran Canaria, la isla con más presión migratoria. En algunos casos son los familiares que van a buscarlos y les asisten en la compra del billete y, en otros, son los recién llegados los que se organizan por su cuenta. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sin embargo, ha asegurado este miércoles no tener “constancia” de desplazamientos de personas que “no estén en condiciones regulares de poder hacerlo”.

Controles documentales

Para viajar entre una provincia y otra solo necesitan su pasaporte, que presentan ante la compañía aérea. La Policía sí está estableciendo controles en las islas y también en algunos de los aeropuertos de destino, pero ni se aplica a todos los extranjeros ni pueden impedir su viaje si no concurren algunas circunstancias muy específicas. A estos inmigrantes solo se les detiene si han cometido un delito grave o si un juez autoriza su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) durante un máximo de 60 días para poder devolverlo a su país de origen. Pero con todas las deportaciones suspendidas por la pandemia – reactivadas con Marruecos en grupos más numerosos este lunes– no se ha internado a la mayoría de los recién llegados porque no hay posibilidades reales de expulsarlos. En los controles documentales de los aeropuertos hay dos opciones: que les dejen continuar su viaje o que los detengan. En este segundo escenario pueden volver a mantenerlos bajo custodia policial e intentar su ingreso en el CIE o, nuevamente, dejarlos en libertad.

Los controles policiales son aleatorios, aunque centrados en los extranjeros, según han contado a EL PAÍS varios marroquíes que ya se encuentran en la Península. Ahmed, que viajó a Gran Canaria para buscar a varios de sus familiares, viajó con su primo, su hermano y un amigo de vuelta a Valencia el 28 de noviembre. “Presentamos nuestros pasaportes en el check in y había después un control policial. A nosotros no nos pidieron nada, pero a otros cuatro marroquíes sí. Dos de ellos embarcaron, pero a los otros dos ya no los vi subir al avión”, explica. Abdelah y su hermano, que llegó en patera a Gran Canaria, viajaron a Bilbao a principios de este mes. “Nos pararon al llegar a seis marroquíes y cinco senegaleses. Nos pidieron la documentación, la comprobaron y nos dejaron marchar a todos”, relata. Interior no ha explicado qué instrucciones siguen exactamente los policías en estos casos.

Este tránsito de inmigrantes marroquíes no tiene relación con lo que el Ejecutivo denomina “derivaciones” o “traslados autorizados”, que son los que el Gobierno autoriza con cuentagotas. En estos casos es la Secretaría de Migraciones la que envía un listado al Ministerio del Interior en el que solicita un salvoconducto para trasladar algunos cupos de migrantes indocumentados más vulnerables a otros recursos de acogida de la Península. Este es un pulso constante entre ambos departamentos porque Interior autoriza menos traslados de los que Migraciones demanda. A los beneficiarios de ese permiso se les entrega un documento firmado por el comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas. En ese documento, válido solo para ese traslado concreto, se especifica que “no existe inconveniente para que pueda viajar en el marco establecido para inmigrantes en situación irregular conforme al programa de atención humanitaria”. El Gobierno tampoco da detalles sobre estos desplazamientos y se refiere a ellos como traslados “puntuales” y de “perfiles vulnerables”.