Malestar y preocupación en el Constitucional por convertirse en la diana de las críticas del PP a las instituciones

Al Tribunal Constitucional se le van a hacer largos los meses que le quedan de espera hasta que le lleguen los primeros recursos serios contra la ley de amnistía. Hasta ahora ha habido solo dos con escaso fundamento, uno ya inadmitido por falta de la documentación mínima exigible y otro en trámites preliminares, que no tiene mejor pronóstico. Lo que ha arreciado sin esperar a la aprobación de la ley es el capítulo de descalificaciones y críticas apriorísticas, procedentes especialmente del PP y Vox. Las últimas, las del vicesecretario de Asuntos Institucionales popular, Esteban González Pons, y las de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que han provocado malestar en el tribunal, en especial el primero, al describir al órgano de garantías como un cáncer, aunque luego se disculpó.

La frase de González Pons fue: “El cáncer del Estado de derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido”. Luego rectificó, a través de un comunicado en el que aseguraba: “Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad. […] En el PP sí sabemos reconocer un error”. Las disculpas centradas en los afectados por enfermedades tumorales no convencieron miércoles en el tribunal. En paralelo, Miguel Tellado abundó en las críticas al órgano de garantías manifestando que “es normal que se dude de la imparcialidad del Tribunal Constitucional porque el primero que ha tratado de contaminarlo políticamente ha sido Pedro Sánchez con sus nombramientos”.

Los tribunales ya están acostumbrados a que se juzguen sus resoluciones y a respetarlo, siempre que se acaten. Pero todos ellos, también el Constitucional, llevan mal las políticas de acoso si entienden que se quiere deslegitimar su actuación o intuyen que se trata de torcer su mano. Esa es ahora mismo la preocupación principal en el tribunal, que se reediten sus fases más tensas con la llegada de los recursos a la ley de amnistía, alentadas desde el ámbito político. Pero el Constitucional no se va a enzarzar en polémicas ni réplicas. Los magistrados consideran que ese no es su papel. El Gobierno, en cambio, sí contestó este miércoles al PP, por medio del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien dijo que “el PP y Feijóo están desprestigiando a las instituciones”, por hallarse “en una espiral de extremismo ultraderechista, de mentiras, exageraciones y de deslegitimar las instituciones”.

Los magistrados de ambos grupos del Constitucional —el progresista y el conservador— no quieren dejarse arrastrar hacia bucle alguno en puertas de su más que previsible deliberación sobre la ley de amnistía. Entre los componentes del sector progresista hubo el miércoles cambios de impresiones sobre la situación. El parecer es unánime: hay que aguantar el chaparrón, pero sin ocultar el profundo malestar por la estrategia del PP, dado su papel de primer partido de la oposición y alternativa de Gobierno. Entre los del grupo conservador también impera el criterio de que las declaraciones de González-Pons fueron muy desafortunadas. En ambos sectores se recuerda que cuando la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, mencionó a la magistrada Concepción Espejel en el contexto de las críticas a supuestos casos de lawfare [uso político de la justicia] en la justicia española, el pleno del tribunal la respaldó sin fisuras.

Otro asunto es cómo lleva cada uno de estos grupos su peso interno en el tribunal. Los progresistas —que son siete— tienen ahora mayoría y lo ven perfectamente legítimo. Antes la tuvieron los conservadores, que en la actualidad cuentan con cuatro. Y estos reconocen que quienes en estos momentos hablan de rodillo pudieron hacer lo mismo en las etapas anteriores, cuando ellos imponían sus tesis, pero entonces callaron. Entre ambos grupos hay ahora una situación estable. Todos conocen a Conde-Pumpido, su sentido de la autoridad y su capacidad de mando. Pero el Constitucional no es la Fiscalía General del Estado —que dirigió entre 2004 y 2011—, donde rigen los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica.

En el Constitucional son frecuentes las votaciones que se resuelven por ese siete a cuatro, pero no hay nada parecido al orden y mando. Fue con mayoría conservadora, bajo la presidencia de Pedro González-Trevijano, cuando el tribunal cambió su doctrina sobre las recusaciones y rechazó precisamente las presentadas por los líderes del procés contra todo el tribunal. El órgano de garantías argumentó para hacer frente a aquella ofensiva que el perfil ideológico de los magistrados no solo es absolutamente respetable, sino que supone con toda legitimidad una de las causas de la elección de cada uno de ellos, según las preferencias del partido que los haya propuesto. En el caso de Conde-Pumpido, su elección como magistrado del Constitucional fue hecha en 2017 por el Senado, con el voto del PP y del PSOE, tras un pacto entre Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, y Alfredo Pérez Rubalcaba, en una legislatura en la que los populares contaban con 149 senadores y los socialistas, con 62.