El PP rectifica tras llamar al Tribunal Constitucional “el cáncer del Estado de Derecho”

El PP, a través de su vicesecretario de Institucional, ha matizado unas duras críticas lanzadas este martes por el mismo Esteban González Pons, que en un encuentro en el Círculo Ecuestre organizado por La Vanguardia había asegurado que su formación se plantea la posibilidad de dejar de presentar recursos al Tribunal Constitucional porque entiende que está dominado por un sector progubernamental dirigido por un presidente con conexión política con el Gobierno. González Pons calificó también al órgano de garantías como “el cáncer del Estado de Derecho”, pero a media tarde, ha retirado esa última afirmación sin dejar de criticar al tribunal de garantías, de cuya independencia ha afirmado que está “profundamente comprometida”, si bien también ha dicho que el PP tiene como función preservar “el máximo respeto a las instituciones”. El vicesecretario se ha desdicho también de la posibilidad de dejar de recurrir ante el Constitucional, asegurando que su formación “no dejará ninguna vía política, social o judicial sin explorar para evitar lo que entiende que es una medida ilegal e injusta”, todo en pleno debate sobre la proposición de ley de amnistía que se dirime en el Congreso y contra la que el PP ha salido en tromba.

González Pons se ha disculpado por la comparación entre el órgano de garantías con el cáncer, por no ser “afortunada”. “Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad. En el PP sí sabemos reconocer un error”, ha subrayado. Antes, había señalado durante el encuentro ante los medios: “Nuestro problema, más allá de las circunstancias diarias, por las presiones que pueda tener Pedro Sánchez, por las presiones a las que le pueda someter ERC o Junts, la presencia de Bildu, más allá de todo eso, el cáncer del Estado de Derecho en España se llama Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido”. En sus palabras posteriores, el vicesecretario ha matizado que el Constitucional “incluye a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado de José Luis Rodríguez Zapatero. Por ello, y por un reparto de 7-4 [en referencia al peso de magistrados del sector progresista y del sector conservador] inédito en la historia, la imagen y la independencia del Tribunal Constitucional está profundamente comprometida”.

La vicepresidenta primera del Congreso, María Jesús Montero, ha respondido a las primeras palabras de González Pons, asegurando que son “gravísimas”. “Nunca el PP había llegado tan lejos en esta deriva de impugnación de las instituciones, como está haciendo a lo largo de esta semana y que ha culminado en el día de hoy”, ha censurado la también ministra socialista.

“Los magistrados del sector progubernamental del tribunal tienen disciplina de voto, jamás la van a romper. Y votarán siempre lo que diga Cándido Conde-Pumpido, que es el presidente del Tribunal, que está en conexión política con el Gobierno”, había recalcado en Barcelona el vicesecretario de Institucional de los populares, que ha empleado este argumento para traslucir que su partido podía plantearse dejar de elevar recursos al órgano de garantías en tanto no cambie su actual composición, algo que luego ha desmentido. “En estas condiciones, que a nadie le sorprenda que el PP un día decida no recurrir nada más al Tribunal Constitucional. Que a nadie le sorprenda”, había recalcado González Pons, para enseguida aludir a un futuro nuevo equilibrio de fuerzas en el seno del órgano: “Que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal”, ha afirmado el político en un almuerzo-coloquio a razón de 45 euros la inscripción. Luego ha enmendado sus palabras al afirmar que su partido irá “al Tribunal Constitucional para que aclare si comparte la opinión de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y por tanto determine que es inconstitucional”, en referencia al informe de los juristas de la Comisión de Justicia del Congreso, que aprecian dudas sobre de la constitucionalidad de la medida de gracia.

En referencia precisamente a la ley de amnistía, ante la que el PP se ha manifestado rotundamente contrario en el Parlamento y en la calle, y que este martes ha obtenido el plácet de la Comisión de Justicia a las enmiendas que contemplan que la medida de gracia se aplicará incluso a los condenados en sentencia firme, González Pons había insistido en el mismo argumento: “No voy a precisar tanto, pero que a nadie le sorprenda que el PP un día no recurra al Tribunal Constitucional”.

El PP ha dejado claro que llevaría la norma a altas instancias por considerarla incompatible con el marco jurídico español. Así, en octubre, en una entrevista en Catalunya Ràdio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo fue preguntado por si su formación recurriría al Constitucional la norma de la medida de gracia, y afirmó rotundo que sí. “La ley de amnistía, con el ordenamiento jurídico español es incompatible (...) Todo aquello que sea injusto lo hemos de recurrir porque, sino, seríamos cómplices de una injusticia”, aseveró.

También a cuenta de la futura norma de amnistía, este lunes, el presidente popular apuntó a que en España se están cometiendo injusticias de orden económico, social y político y apuntó más alto. “Un país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley da igual la Constitución que tenga. No tiene Constitución”, aseveró. Hace solo unos días, el 17 de enero, la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, anunció que interpondría ante el órgano de garantías un recurso contra el gobierno central por considerar invadidas sus competencias con la licitación de un contrato estatal para la creación de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias que quieran acoger menores tutelados.