Ayuso amplía su choque con Sánchez y recurre ante el Constitucional la formación de familias de acogida

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido este miércoles interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Gobierno central por considerar que se han invadido sus competencias con la licitación de un contrato estatal para la creación de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de menores tutelados. La decisión solo profundiza el choque permanente entre las dos Administraciones en su vertiente judicial. Así, desde que Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019, la Comunidad ha recurrido una quincena de decisiones estatales en los tribunales. Aunque la justicia ha dado la razón a Madrid en cuestiones como el IVA de diciembre de 2017, lo que procuró 300 millones extra a las arcas regionales, también ha rechazado sus pretensiones con respecto a asuntos clave como el currículo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, que avaló el Constitucional.

“Estamos convencidos de que tenemos totalmente la razón”, ha dicho Díaz Ayuso en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde ha presidido el Consejo de Gobierno de manera extraordinaria, y ha derivado las explicaciones sobre este asunto al portavoz gubernamental, Miguel Ángel García. Esto es lo que ha explicado el también consejero de presidencia sobre una iniciativa que parte de Ana Dávila, titular de la cartera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

“Esta decisión llega después de que el Gobierno central no haya atendido un requerimiento enviado por el regional en diciembre para la anulación de este contrato”, ha dicho García sobre una iniciativa que el Ejecutivo regional llevaba estudiando desde diciembre de 2023. “La Abogacía nos recuerda que las atribuciones que se arroga el Gobierno central no son materia de gestión estatal, toda vez que la tutela de los menores corresponde a las comunidades autónomas”, ha argumentado.

“Quiero recordar que estamos trabajando con intensidad en este servicio para dar soporte a las familias acogedoras, y que acabamos de incrementar en un 30% las ayudas mensuales que reciben por niño”, ha añadido. Y ha rematado: “Lo que le pedimos al Gobierno central es que se ocupe de las competencias que sí tiene atribuidas, como la de Cercanías, y que no duplique el gasto e invada las competencias que sí tenemos atribuidas las comunidades”.

Como el Gobierno regional ya avanzó en diciembre la posibilidad de acudir al Alto Tribunal por esta cuestión, el asunto no ha encontrado en fuera de juego a la Administración central, que ha defendido el contrato como una forma de aportar más recursos para la acogida de menores.

“Las competencias son autonómicas”, ha reconocido un portavoz del ministerio de Infancia y Juventud, que dirige Sira Rego. “El Gobierno está ofreciendo recursos para que más familias puedan acceder a los servicios de acogida que gestionan las Comunidades Autónomas”, ha seguido. “[El contrato] refuerza con recursos para evitar que niños y niñas menores de seis años estén en centros. Forma parte de la estrategia de desinstitucionalización del Gobierno Central, acordada por todas las Comunidades en conferencia sectorial”, prosigue. Y recuerda: “Es un contrato que ya se planteó en la legislatura anterior”.

Pese a que esta cuestión afectaría a todas las regiones, y no solo a la de Madrid, ninguna otra se ha pronunciado en contra del contrato, según el ministerio. Tampoco las demás comunidades que gobierna el PP. No es la primera ocasión en la que esto ocurre. Madrid ya fue la única región que recurrió contra el currículo de Bachillerato. La justicia no le dio la razón.

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