La guerra judicial de Ayuso contra Sánchez: 12 recursos ante los tribunales en tres años

Martes 31 de enero: el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid refleja que la Abogacía del Estado ha recurrido ante el Tribunal Superior de Madrid contra los requisitos decididos por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso para obtener el título de Bachillerato. Miércoles 1 de febrero: el gobierno de Isabel Díaz Ayuso anuncia que ha registrado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas diseñado por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Jueves 2 de febrero: tras mes y medio de vacaciones, la Asamblea de Madrid retoma su actividad sabiendo que el PP regional ha registrado una iniciativa para que la Cámara replique esa decisión. Así es el día a día de la guerra abierta que mantiene Ayuso contra Sánchez desde que accedió al poder, en agosto de 2019: un ir y venir constante en los juzgados, donde Madrid ha registrado hasta 12 recursos contra decisiones estatales, por los dos del gobierno central contra el autonómicos, según datos de la consejería de Presidencia de Madrid. Un choque judicial que comienza con un tuit.

29 de octubre de 2019. 14.28 horas. Escribe Ayuso: “El Gobierno de Sánchez confirma que no nos va a pagar el IVA de diciembre de 2017, 377 millones de euros. Por ello, anuncio que mañana [miércoles] presentaremos un recurso ante la Audiencia Nacional para exigirlo. El gobierno socialista no puede seguir dando la espalda a los madrileños”.

Es el primero de muchos choques judiciales. Y el que mejor le ha salido hasta ahora al gobierno regional: a finales de enero de 2022, Ayuso y sus consejeros aceptan los términos propuestos por el Ministerio de Hacienda para que Madrid reciba unos 400 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017. Lo mismo ocurre con el resto de comunidades autónomas. Y eso actúa como un acicate. Los tribunales, queda claro, sirven también para dirimir batallas políticas. Y si algo ha distinguido a la dupla que forman Sánchez y Ayuso, son los múltiples frentes que han enfrentado a las dos administraciones que dirigen.

Algunos ejemplos. Madrid ha llevado al gobierno central a los tribunales por la gestión de la pandemia: ahí pidió explicaciones más claras de los criterios que habían impedido que pasara de fase en la desescalada (finalmente desistió); e intentó revertir dos cierres perimetrales diseñados para impedir la expansión del coronavirus en sendos puentes festivos; o las restricciones impuestas al trabajo en la hostelería.

Los choques judiciales (en su mayoría sin dirimir) también han afectado a la política económica. Además del provocado por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, los ha habido por las entregas a cuenta de 2019 (Madrid considera que se le adeudan 53,65 millones de euros); contra un decreto del Ejecutivo central que distribuye nueve millones de euros de los fondos europeos entre el País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana; contra una resolución que fijaba las instrucciones generales para el reparto de las subvenciones covid; contra el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización; y contra el impuesto a las grandes fortunas.

Pero es ahora en el terreno educativo donde se concentran los mayores conflictos. Madrid ha recurrido contra el currículo de Bachillerato y la rebaja de los precios públicos universitarios decididos por el Estado. El gobierno central, por su parte, lo ha hecho contra la decisión de la Comunidad de endurecer los requisitos para obtener los títulos de Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Según el listado proporcionado por la consejería de Presidencia de Madrid, esas son las dos únicas decisiones autonómicas que ha judicializado el Estado desde que gobierna Díaz Ayuso.

Ahora, la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, junto con la de las generales de fin de año, espolea el enfrentamiento judicial. Y se apuran todas las vías. Para empezar, el PP buscará el apoyo de Vox para instar a la Asamblea a recurrir ante el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, como ya ha hecho el gobierno regional. Una estrategia que replica la ya lanzada en marzo pasado por el partido conservador en defensa de los intereses del ejecutivo autonómico y su presidenta.

Así, en medio de la polémica por la comisión de más de 55.000 euros que había cobrado el hermano de Ayuso de una empresa que tenía contrato con la Comunidad, el PP llevó a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por 12 contratos del Gobierno central (que suman 326 millones de euros) y 14 ayudas en forma de avales (896.000 euros) presuntamente relacionados con familiares, allegados o conocidos del presidente, Pedro Sánchez; de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; del exministro de Sanidad, Salvador Illa, o del extitular de Transportes, José Luis Ábalos.

“Vamos a empezar a investigar a todos”, celebró entonces Ayuso, que lanzó aquella frase durante una sesión de control en la Asamblea.

En julio se archivó la investigación por los 15 avales o reafianzamientos públicos, por valor de 896.000 euros, que recibió entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021 la empresa Industrias Plásticas Playbol, que en el pasado fue propiedad de los padres del presidente del Gobierno. Y en octubre también quedó en nada la investigación la concesión a la empresa Beedigital, en la que entonces trabajaba el marido de la vicepresidenta Calviño, de un concurso público, un aval y la acreditación como agente digitalizador del Programa Kit Digital.

Esos asuntos, por lo tanto, son pasado. Pero el futuro parece ser el mismo: camino de las elecciones, sigue la guerra judicial entre las dos administraciones.

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