Guerra judicial entre Sánchez y Ayuso por la educación en Madrid

El Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid han abierto una guerra judicial por la titulación y los contenidos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y la de Bachillerato en la región. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha registrado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisión de la Comunidad de endurecer los requisitos para obtener esos títulos, según recoge el boletín oficial autonómico publicado este martes. A su vez, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto de Bachillerato aprobado por el Gobierno central en el marco de la nueva Ley educativa estatal ―Lomloe―, tras detectar una supuesta “falta de contenidos o saberes esenciales y también una elevada carga ideológica en el texto”. Es una guerra jurídica en toda regla. con las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y las generales de fin de año, como telón de fondo.

“Madrid estableció en el decreto de ESO que será necesario el acuerdo de dos tercios del profesorado para que el alumno pueda promocionar de curso con alguna asignatura suspensa y obtener el título”, explica el Ministerio de Educación. “En el caso de Bachillerato, la Comunidad fijó en cuatro quintos la mayoría de profesores necesaria para que el alumno pueda obtener el título”, siguen sobre unos criterios que el Gobierno central juzga excesivamente duros, pues considera que sería suficiente con alcanzar la mayoría simple. “La Lomloe no establece ninguna mayoría cualificada del profesorado”, puntualizan. “Esto fue apreciado por la Alta Inspección del Estado, que estimó que los currículos de la Comunidad de Madrid podrían contravenir la normativa básica del Estado. El ministerio remitió entonces sendos requerimientos a la Comunidad de Madrid, tal y como establece la normativa”, añaden. Y concluyen: “Transcurrido el tiempo establecido legalmente sin que la Comunidad haya respondido a estos requerimientos, desde el Ministerio se ha iniciado el procedimiento contencioso-administrativo para resolver esta discrepancia”.

La nueva ley educativa deja en manos de los profesores la decisión de que los alumnos pasen o no de curso, y de que titulen o no, con materias suspensas. No hay límite de suspensos para avanzar en la ESO. Y en Bachillerato se puede pasar el primer curso con hasta dos suspensos, y conseguir el título con uno.

La ley anterior, que Madrid ahora fija como referencia voluntaria de los profesores, impide pasar curso en la ESO con tres suspensos ―se puede excepcionalmente si ninguno de ellos es en lengua o matemáticas―, coincide con la nueva en que se puede pasar primero de Bachillerato con dos suspensos, e impide titular y llegar a la universidad sin aprobar todas las asignaturas.

Madrid justifica su recomendación de que se sigan aplicando los criterios de la Lomce, más restrictivos, en que así se conseguirán decisiones lo más homogéneas posible entre distintos centros. Al mismo tiempo, explica la obligatoriedad de respaldar cada decisión con mayorías reforzadas como una forma de diluir la presión que puedan ejercer padres y alumnos para avanzar de curso.

Sin embargo, este es solo un frente en un conflicto con múltiples trincheras. Siempre a las órdenes de Díaz Ayuso, el número dos del Gobierno y consejero de Educación, Enrique Ossorio, aprovechó el 40% del currículo que pueden diseñar los ejecutivos autonómicos para neutralizar, en la medida de lo posible, los aspectos del 60% estatal que no gustaban al PP en las dos etapas educativas. Y, como remate, llevó a la justicia el currículo de la última etapa educativa previa a la universidad.

“Está lleno de mantras de la izquierda”, dijo entonces Ossorio sobre el decreto que regula el currículo de Bachillerato, del que critica el uso de expresiones como “protagonistas silenciadas y omitidas de la historia [en referencia a las mujeres]”; “las políticas de memoria en España [sobre la Ley de Memoria Histórica]”; “la II República y la transformación democrática de España”; o “proceso reformista y democratizador de la II República”. El Ejecutivo regional también afea que se empleen conceptos como “roles de género”, “ciudadanía ética digital”, “memoria democrática”, “emergencia climática”, “objetivos de desarrollo sostenible”, “la herencia colonial en la España contemporánea” o “identidades nacionales”.

Cuando el verano pasado Ayuso anunció el recurso, ninguna otra de las comunidades gobernadas por el PP replicaron su estrategia. Ni Andalucía, ni Castilla y León, ni Galicia, ni Murcia dieron el paso. La operación fue tan delicada, y requirió de tanto cálculo político por parte de la baronesa como para que esta se pusiera en contacto previamente con Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, a quien avanzó sus intenciones en una conversación telefónica.

Desde que Ayuso accedió al poder, en agosto de 2019, sus enfrentamientos con el Gobierno central han sido constantes. Tras explorar los choques en el terreno de la fiscalidad, la economía, la gestión de la pandemia, la economía o la política internacional, ahora le ha llegado el turno a la educación. Así, Ayuso avanzó que estudiaba recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de universidades antes siquiera de que se conociera su texto definitivo. También intentó neutralizar el contenido que no le gusta del decreto de la ESO. Retó al Ejecutivo al apostar por limitar el número de suspensos con el que se pasa de curso. Y vio cómo la justicia paralizó el decreto de Madrid que regula la evaluación en ESO y Bachillerato y una circular para que los directores de Secundaria no elaboraran los bloques de asignaturas según sus criterios pedagógicos

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