Ayuso se queda sola en su guerra judicial contra el currículo de bachillerato: el resto de autonomías del PP no recurrirán

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado en fuera de juego al resto de los gobiernos autonómicos del PP para abrir un nuevo pulso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo madrileño ha anunciado este lunes que recurrirá ante el Tribunal Supremo el currículo de bachillerato, que considera “lleno de mantras de la izquierda”. Una decisión que la líder conservadora trasladó personalmente al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y que este ha avalado, pero que no han secundado los gobiernos populares de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia (cuyo ejecutivo no ha aclarado su posición, aunque no había registrado recurso alguno en el momento de la publicación de este artículo). “Soy presidenta de Madrid por encima del PP”, ha resumido Díaz Ayuso en una rueda de prensa en la que ha subrayado que no tiene problemas en mantener una estrategia diferenciada de la de su partido.

Desde que Ayuso accedió al poder, en agosto de 2019, sus enfrentamientos con el Gobierno central han sido constantes. Tras explorar los choques en el terreno de la fiscalidad, la economía, la gestión de la pandemia, la economía o la política internacional, ahora le ha llegado el turno a la educación.

Así, Ayuso estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de universidades, pese a que aún está en plena tramitación También ha intentado neutralizar el contenido que no le gusta de los decretos de la ESO y bachillerato. Ha retado al Ejecutivo al apostar por limitar el número de suspensos con el que se pasa de curso. Y ahora, coincidiendo con sendas derrotas ante la justicia, que ha paralizado el decreto de Madrid que regula la evaluación en ESO y bachillerato y una circular para que los directores de Secundaria no elaboren los bloques de asignaturas según sus criterios pedagógicos, da un nuevo paso. Es paso supone recurrir ante el Supremo el decreto de bachillerato, con el objetivo de que sea suspendido cautelarmente y de que el curso arranque con los mismos libros que el año pasado.

“Nuestro Gobierno no se va a callar”, ha dicho Ayuso. “Queremos manifestar que no puede silenciarse el debate sobre algo tan importante, que se gestó durante la pandemia y sin consenso. El Gobierno más débil de la democracia ―en referencia al de Pedro Sánchez― no debería destrozar así la educación de todos los españoles (...). Están dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española”, ha argumentado. “Contemplamos cómo transforma la sociedad para hacerla a su medida”, ha acusado. “Se está instrumentalizando [a la juventud] ante un presente de crisis, de drogas y adicciones, y ante un futuro que está por hacer”.

Pero el resto de regiones gobernadas por el PP ha elegido el silencio, de lo que se deduce que sus presidentes no comparten un análisis tan grave. Ni Andalucía, ni Castilla y León, ni Galicia presentarán recurso, según han confirmado a este diario. Por su parte, Murcia tampoco lo había hecho en el momento de publicación de este artículo, aunque un portavoz no ha aclarado si lo hará más adelante y ha aplaudido “cualquier actuación” encaminada a corregir “el desvarío ideológico” que a su juicio supone el decreto estatal.

Así, el PP no ha formado el frente común autonómico con el que suele afrontar este tipo de polémicas. Y pese a su soledad, la Comunidad de Madrid no descarta acudir al Tribunal Constitucional si el Supremo no atiende su petición de decretar medidas cautelares de cara al inicio del curso 2022-2023, que será en septiembre.

“Este lunes es el último día para presentar este recurso y, por tanto, nos vemos obligados a tomar una decisión”, ha dicho Díaz Ayuso para justificar que Madrid haya sido la única región en recurrir el decreto estatal. “Es más una cuestión de extrema necesidad”, ha seguido. “El PP respeta que cada comunidad autónoma tome sus propias decisiones en asuntos de sus propias competencias”, ha añadido. Y ha subrayado: “Soy presidenta de Madrid por encima del PP. La representación de todos los ciudadanos madrileños trasciende a las siglas de los partidos. Si el PP aprobara una subida generalizada de impuestos... No tenemos otras opciones porque el plazo para presentar el recurso terminaba este lunes”.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha expresado este lunes el “absoluto respaldo” de la dirección nacional del partido a la decisión de Madrid, sin entrar a analizar qué explica que ningún otro gobierno popular haya dado el paso (“son las comunidades las legitimadas”), y aprovechando para denunciar que “el adoctrinamiento debe quedar fuera de las aulas”.

Una línea argumental que también ha seguido Enrique Ossorio, el consejero de Educación de Madrid. “Está lleno de mantras de la izquierda”, ha dicho sobre el decreto que regula el currículo de Bachillerato, del que critica el uso de expresiones como “protagonistas silenciadas y omitidas de la historia [en referencia a las mujeres]”; “las políticas de memoria en España [sobre la Ley de Memoria Histórica]”; “la II República y la transformación democrática de España”; o “proceso reformista y democratizador de la II República”. El Ejecutivo regional también afea que se empleen conceptos como “roles de género”, “ciudadanía ética digital”, “memoria democrática”, “emergencia climática”, “objetivos de desarrollo sostenible”, “la herencia colonial en la España contemporánea” o “identidades nacionales”.

Aunque el Ejecutivo regional ha explicado que no plantea un recurso similar sobre el decreto de la ESO para no judicializar la educación, lo cierto es que el equipo de Ayuso ha encontrado en los tribunales una vía preferente para dirimir sus discrepancias con el Gobierno central. Así, Madrid ya llevó a la Justicia las entregas a cuenta de 2019 (considera que le faltan 54 millones), la liquidación del IVA de diciembre de 2017, el reparto de los fondos europeos, o decisiones relacionadas con la pandemia como que la región no pasara con el resto a la primera fase de la desescalada.

La apuesta de Ayuso, por lo tanto, está clara. Queda menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, en las que la líder conservadora intentará alcanzar una mayoría absoluta que impulse al PP de Madrid a recuperar las ciudades que hoy gobierna el PSOE (Alcalá de Henares, Alcorcón, Leganés, Getafe...). Y desde que llegó al poder, la presidenta ha visto cómo su notoriedad pública, relevancia política y tirón electoral han crecido en paralelo a sus constantes choques con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, Ayuso recurre de nuevo a esta fórmula exitosa. Incluso aunque deje en fuera de juego al resto de gobiernos autonómicos del PP.

Con información de Cristina Huete, Eva Saiz, Juan Navarro y Cristina Vázquez.

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