Madrid registró su recurso erróneamente en la Audiencia Nacional

El recurso de la Comunidad de Madrid contra el decreto 902/2021 del Gobierno central que distribuye nueve millones de euros de los fondos europeos entre el País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana no ha llegado al Tribunal Supremo, pese a ser anunciado la semana pasada, porque el equipo jurídico que asesora a Isabel Díaz Ayuso lo registró por error en la Audiencia Nacional.

“La Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado 17 de diciembre por el Real Decreto 902/2021, en la Audiencia Nacional, considerando que era el órgano judicial competente”, explica un portavoz gubernamental. “Sin embargo, es el Tribunal Supremo quien tiene competencia en este tipo de recursos”, reconoce. “Por ello, se remitió un escrito a la Audiencia Nacional solicitando la derivación del recurso al Tribunal Supremo, ya que no se puede presentar el mismo recurso en dos órganos judiciales distintos”.

Madrid considera “arbitrario” el mecanismo empleado para otorgar tres millones a Navarra, y dos para Extremadura, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Sostiene, además, que detrás de la concesión hay un interés político, puesto que ninguna de esas regiones está gobernada por el PP. “En nuestra opinión, eso supone un uso arbitrario de los fondos, y si no levantamos el dedo, podemos encontrarnos con que este sea el primero de una larga serie, y ahí no sabríamos de cuántos recursos estaríamos hablando”, afirmó el consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, tras anunciar el pasado miércoles la presentación del recurso. Una decisión que se adoptó durante la reunión del consejo de Gobierno de Madrid, donde se presentó un “informe por el que se da cuenta del ejercicio de acciones judiciales para interponer Recurso Contencioso-Administrativo contra el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre”.

El recurso debe presentarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. En un primer paso, la Comunidad solo debe anunciar al tribunal su intención de impugnar el real decreto. A partir de ahí, el Supremo reclamará al Gobierno el expediente administrativo del decreto y, tras un primer examen, puede decidir no admitir el recurso si de dan algunas de las circunstancias formales previstas (como que la norma en cuestión no sea impugnable o el Supremo no sea el órgano competente para examinarla, lo que no parece ocurrir en este caso). Si la impugnación sigue adelante, la Comunidad de Madrid tendrá ya que presentar un escrito con todos los argumentos jurídicos en los que basa su demanda. El Supremo no tiene un plazo para resolver.