Ayuso marca el paso de la ofensiva del PP contra los fondos europeos

El PP ha encontrado un nuevo campo de batalla contra el Gobierno en torno al proyecto de mayor envergadura y complejidad al que se enfrenta España los próximos años: la ejecución de los 140.000 millones de euros de fondos europeos de recuperación tras la pandemia. Y la batalla no va a ser solo política. Los populares acudirán también a los tribunales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado el paso con el primer recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra un decreto del Ministerio de Trabajo que ha otorgado nueve millones de euros para proyectos a cuatro comunidades autónomas —ninguna del PP—, y tras ella todos los Gobiernos autonómicos populares anunciaron este jueves que estudian llevar a la justicia al Ejecutivo, un camino que también amenazan con seguir los 136 Ayuntamientos populares de más de 25.000 habitantes.

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Madrid lleva al Gobierno ante el Tribunal Supremo por el reparto “arbitrario” de los fondos europeos

Esos nueve millones, reprochan en La Moncloa, son un 0,08% de los fondos repartidos a las autonomías. Madrid, en concreto, ha recibido 1.213 millones, un 12% de los 11.246 repartidos a las comunidades. Las autonomías gestionan el 46% de los fondos, y Madrid es una de las más beneficiadas. La práctica totalidad de ese dinero se ha repartido con el consenso de las autonomías, pero estos nueve millones de Trabajo, una cantidad muy pequeña en el mar de los fondos, se han repartido a proyectos piloto de empleo innovadores en cuatro territorios sin pasar por un debate en una conferencia sectorial con todas las autonomías. Si funcionan, se extenderán a otras. El Ejecutivo anima a Madrid a presentar proyectos para acceder también a esos fondos, pero recuerda que esta comunidad todavía no ha abierto las convocatorias en algunos de los fondos que ya han sido transferidos, como el programa de rehabilitación energética para edificios.

En La Moncloa están muy molestos porque entienden que Madrid, y detrás la dirección del PP, ha buscado un recoveco mínimo para intentar cuestionar los fondos no solo en España sino ante la Comisión Europea.

En el Ejecutivo están convencidos de que los jueces desestimarán la iniciativa y la Comisión Europea, que ya ha sido muy estricta en los últimos meses en los controles previos, les dará la razón. Pero la estrategia del PP es de fondo y el Ejecutivo se prepara para una batalla larga, aunque no le molesta del todo que el foco se ponga en los fondos, el asunto central sobre el que Pedro Sánchez quiere pivotar la agenda política.

De hecho, este mismo jueves el presidente, aunque no hizo mención a la polémica, dedicó casi todo su discurso en un acto económico en el Spain Investors Day a los fondos y la revolución que supondrán. “En seis años España invertirá lo mismo que en 34 años de vida de los fondos de cohesión, que cambiaron por completo el país”, explicó.

La dirección popular llevaba tiempo estudiando cómo hincar el diente a los fondos europeos y se movilizó este jueves tras el paso de Ayuso. Pablo Casado no tardó en ponerse en cabeza de la revuelta cuestionando el reparto “a dedo”. “Es clientelar y puede llevar a la corrupción”, acusó para indignación del Gobierno, que lo señala por hacer daño a España con una apreciación infundada.

En paralelo, Ayuso ha vuelto a tomar la delantera en el PP con el primer recurso ante los tribunales por el reparto de fondos europeos. La presidenta madrileña considera que la distribución de nueve millones de euros del Ministerio de Trabajo a cuatro comunidades —Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y País Vasco— destinado a financiar proyectos piloto de empleo para colectivos vulnerables no ha seguido criterios objetivos, y que ha sido así para favorecer a estas autonomías gobernadas por el PSOE y PNV frente a otras del PP como Madrid. En La Moncloa hablan de la “gran manipulación” que supone que el PP utilice este caso para “tratar de poner en cuestión la ejecución de la totalidad del plan” y ven ridículo pensar que pueda haber interés político en fondos que suponen dos millones de euros para estas autonomías.

“Es poco dinero, pero es mucho. Y no es una cuestión de cuantía, sino de procedimiento”, contrapone Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Economía del PP y a la cabeza del equipo puesto en marcha para tratar de controlar los fondos. La ejecución ha empezado realmente hace unos meses y el PP empieza ahora a tener “masa crítica” para fiscalizar el reparto, reconoce Rodríguez, por lo que la batalla acaba de comenzar.

Génova formó hace algunos meses el grupo liderado por Rodríguez. Y Casado ya había puesto el foco en el sistema de gestión de los fondos reclamando que lo asumiera una agencia independiente en lugar de una comisión interministerial, aunque ningún Gobierno de la UE ha decidido externalizar la gestión de un proyecto estratégico de semejante calibre, más allá de que se asesoren en comités de expertos. Pero Ayuso ha tomado la iniciativa con la primera acción ante los tribunales y, tras ella, el resto de gobiernos autonómicos del PP anunciaron que estudian iniciativas similares.

La ofensiva del PP también será municipal y al menos 136 alcaldes de ciudades medianas van a llevar al Gobierno a los tribunales, asegura Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, por lo que el Ejecutivo va a tener que afrontar una avalancha de recursos en la justicia. “Creemos que los fondos se están repartiendo con mucho más criterio político que técnico”, denuncia Azcón, que cuestiona el reparto del Gobierno de Aragón a su Ayuntamiento. “Aunque Zaragoza supone más de la mitad de la población de Aragón, el Gobierno autonómico nos ha dado cero recursos de los 28 millones que ha recibido para movilidad sostenible, y cero de los 30 millones para turismo”, se queja.