España pide a la UE blindar la inversión de los recortes de deuda

El golpe asestado por la pandemia a la economía hace inservibles los dogmas del pasado. Tras el derrumbe de 2020, Europa ha entrado en un nuevo ciclo económico, con unas fuertes tasas de crecimiento de la actividad y del mercado de trabajo, pero al mismo tiempo vulnerable a cada nueva oleada de contagios. Gobiernos de todo signo han decidido que la austeridad ya no es una receta válida para el bloque, que ahora lidia con la emergencia sanitaria que impone ómicron. Incluso los Países Bajos, firmes defensores de la disciplina, han dejado a un lado la ortodoxia para lanzar un plan masivo de inversiones. A la espera de la propuesta que formule Bruselas, los socios de la UE empiezan a mover ficha para reformar unas reglas fiscales que la pandemia ha dejado desfasadas. Y España se prepara también para librar la batalla para impedir que un ajuste “abrupto” y “prematuro” acabe por “matar el crecimiento” y “ponga en peligro la sostenibilidad fiscal”, según un documento del Gobierno al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Bruselas prepara una propuesta para reformar las sacrosantas reglas fiscales, que exigen que el déficit público de los países miembros no sobrepase el 3% del producto interior bruto (PIB) y la deuda no vaya más allá del 60%. Europa saldrá de la pandemia, sin embargo, con unos números rojos abultados, con un endeudamiento que roza el 100% en el conjunto de la zona euro y va mucho más allá en el sur: hasta el 156,3% en Italia y el 207,2% en Grecia. La tensión sanitaria y social que implica cada nueva variante complican la reducción de la deuda en los términos que fijan las actuales reglas, a razón de una veinteava parte de esa brecha entre la deuda actual y el objetivo del 60%.

Esas normas están suspendidas de facto para que los países puedan tender redes de seguridad sólidas a ciudadanos y empresas. París y Roma, por ahora, ya han empezado a vertebrar un eje para que el regreso a la disciplina sea con otras reglas que, en cualquier caso, no supongan una vuelta a la austeridad.

España coincide con los postulados de Emmanuel Macron y Mario Draghi, pero aguarda los pasos que pueda dar el nuevo Gobierno alemán liderado por Olaf Scholz. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, de hecho, preparó un non paper (documento de un Gobierno sin membrete oficial) para fijar su posición en el debate, pero finalmente no lo hizo público ante la inminente llegada de un socialdemócrata a la cancillería alemana. El documento, no obstante, marca con claridad cuáles son las prioridades españolas. El Gobierno pone énfasis en proteger la inversión pública, que fue la gran damnificada de las políticas de austeridad de la década pasada. Según datos de la Comisión Europea, en la década de entre 2001 y 2010, la inversión fue, por regla general, superior al 3% del PIB en el conjunto de la UE. Después de la crisis de la deuda soberana ya nunca se recuperó ese nivel. En 2017, con la recuperación consolidada, todavía equivalía al 2,7% del PIB.

El documento, cuya existencia admiten fuentes del Gobierno, aboga por un “acuerdo sobre un marco renovado” a escala nacional y europea que fomente un “crecimiento sostenible, justo y transformador” y que apoye la “inversión pública” necesaria para impulsar las “transiciones verde y digital”. “Recordamos que en crisis anteriores, la inversión pública y otros gastos impulsores del crecimiento fueron las primeras víctimas de las políticas de consolidación fiscal. Estas estrategias demostraron ser ineficaces, lo que provocó una infrainversión prolongada, debilitó el crecimiento potencial y el bienestar social y puso en peligro los esfuerzos de consolidación fiscal. Celebramos que haya surgido un nuevo consenso global durante la crisis de la covid-19 en torno a la estrategia de reconstruir mejor mediante el impulso de inversiones en áreas clave”, señala el documento.

España cree “importante” que exista una orientación sobre la senda por la que debe discurrir la deuda pública a medio plazo como ancla para las finanzas públicas, pero pide un acuerdo para fijar una nueva fórmula que permita a las capitales definir vías de reducción “realistas, graduales y sostenidas”. “Las estrategias de consolidación abruptas, prematuras e impredecibles matarían al crecimiento y pondrían en peligro la sostenibilidad fiscal”, señala el documento. El redactado no dista mucho del acuerdo de gobierno de Alemania, con la que España busca aliarse en este espinoso debate. Berlín no quiere desmontar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero sí simplificarlo y darle transparencia. Y sus prioridades no se alejan mucho de las enumeradas por España: asegurar el crecimiento, hacer que la deuda sea sostenible y garantizar la inversión verde.

Fondo de recuperación

La Comisión Europea, que en otoño lanzó la consulta para poner en marcha el debate, quiere una reforma que recoja las lecciones aprendidas de esta crisis. En esos mismos términos se expresa en el documento España, que cree que la “respuesta coordinada, rápida y audaz de la Unión Europea” ha sido “clave” para proteger una “base sólida para la recuperación económica”. No solo por las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales, que han empleado toda la munición a su alcance para salvar a sus economías, sino también por los instrumentos desplegados a escala comunitaria: desde el primer fondo común de recuperación, dotado con 800.000 millones de euros, hasta el programa SURE para financiar los ERTE. “Debemos fortalecer el papel estabilizador de la política fiscal”, dice el documento, en una clara referencia a la creación de un presupuesto anticrisis permanente.

España guardó el documento a la espera de cuanto aconteciera en Berlín. Sin embargo, el momento para recuperarlo se antoja muy cercano. Con las reglas fiscales suspendidas, la presidencia francesa quiere dar un empuje a ese documento para no tener que regresar a las normas que estaban vigentes antes del estallido de la pandemia. La variante ómicron, además, ha vuelto a poner en jaque a Europa, que todavía no puede sentirse a salvo de la pandemia. Y a ello se añaden los nuevos gobiernos en Berlín o La Haya, que de momento traen nuevos planes de inversión a la UE. Todo está dispuesto para que las capitales decidan qué dimensión quieren dar a una reforma clave para que la recuperación económica no descarrile.