Madrid empezará a cobrar el impuesto sobre el patrimonio a las fortunas de más de 3 millones tras el revés del Constitucional

La Comunidad de Madrid empezará a cobrar el impuesto sobre el patrimonio a las fortunas de más de 3 millones de euros tras rechazar este martes el Tribunal Constitucional su recurso contra el gravamen estatal a las grandes fortunas, diseñado por el Gobierno central para recaudar por este concepto en aquellas regiones que bonifican esta carga fiscal (Madrid lo hace al 100%). Tras ver que el Ministerio de Hacienda lograba en 2023 555 millones de euros a través de esta vía, y no lograr tumbar el proyecto en los tribunales, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, articulará una ley para recabar ese dinero a través de la Administración regional. Su objetivo es usar esta nueva fuente de ingresos, que hasta ahora recibía el Estado, para rebajar impuestos por otra vía. De esta manera, la líder conservadora usará la mayoría absoluta de la que goza en la Asamblea autonómica para tramitar de urgencia una norma recaudatoria que afectará a los 10.302 contribuyentes regionales que han tenido que pagar el impuesto estatal en 2023, precisamente por tener patrimonios de más de 3 millones.

“La medida se va a articular a través de una modificación de la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio a partir de los 3 millones de euros”, explica un portavoz gubernamental. “De esta manera, los contribuyentes madrileños que tienen que pagar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas del Estado lo harán en el Impuesto sobre el Patrimonio autonómico con el objetivo de que la Comunidad de Madrid revierta a los madrileños ese dinero fundamentalmente a través de la bajada de impuestos”, ha asegurado. “Así, modificaremos la bonificación para patrimonios a partir de 3 millones para que se quede igual que la tarifa estatal”.

La Comunidad de Madrid bonificaba al completo el Impuesto sobre el Patrimonio desde 2008, una de las señas de identidad de la política fiscal de los distintos gobiernos populares que se han sucedido ininterrumpidamente en el poder regional desde 1995. Como el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva acusando desde 2019 a la Comunidad de apostar por el dumping fiscal para atraer a grandes contribuyentes de otras regiones, los asesores de Díaz Ayuso interpretaron el nuevo tributo estatal como una forma de perjudicar los intereses de la región y a sus tributantes más acaudalados. También entendieron que la norma afectaba a las competencias autonómicas, y por ello la Comunidad recurrió al Constitucional en febrero.

En su escrito, la Administración regional basó su recurso en seis aspectos: invasión de competencias autonómicas; ruptura de la autonomía financiera; del principio de igualdad, pues consideraba que el impuesto solo se dirige contra Madrid y Andalucía (que bonifican al 100% el gravamen al patrimonio); del procedimiento; que lesiona la seguridad jurídica de los contribuyentes; y que no estaba justificado, porque la recaudación estatal de impuestos estaba batiendo todos los récords. Sin embargo, el alto tribunal ha avalado este martes la reglamentación.

“No vamos a quedarnos parados y lo que vamos a hacer es tramitar de urgencia una reforma legislativa, una nueva ley que llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid, un proyecto de ley que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se quede en las arcas madrileñas”, ha reaccionado Díaz Ayuso. “Lo vamos a hacer lo antes posible para que esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño y, de esta manera, se lo podamos devolver al mismo”, ha subrayado. “Además, es un impuesto que se recauda el 90% en Madrid. Por tanto, va contra el patrimonio y el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño”.

El Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas recaudó 623 millones de euros en toda en España 2023. El 89% de la recaudación (555 millones) se obtuvo en la Comunidad de Madrid (10.302 contribuyentes). En toda España, 12.010 grandes patrimonios, que apenas representan el 0,1% de los contribuyentes en España, abonaron por este impuesto, complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, una cuota media de 52.000 euros.

Este impuesto estatal afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio. Se trata de un impuesto estatal de carácter temporal para los años 2023 y 2024. Para evitar la doble imposición, los contribuyentes del Impuesto de Solidaridad solo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su Comunidad Autónoma en el Impuesto sobre el Patrimonio. De esta manera, se descuenta del pago de este nuevo impuesto lo abonado en el Impuesto sobre el Patrimonio. En consecuencia, la recaudación se ha obtenido, principalmente, de los grandes patrimonios de Comunidades Autónomas que tienen bonificado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio.

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