Ayuso impulsa la enseñanza concertada al destinar otra parcela pública valorada en 18 millones para un colegio

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, y la Comunidad, que preside Isabel Díaz Ayuso, acaban de firmar un convenio que permitirá al Gobierno regional usar una parcela municipal valorada en 18 millones de euros para que se construya y explote sobre ella un colegio privado concertado que estará en el desarrollo de El Cañaveral (distrito de Vicálvaro). El acuerdo, adelantado por EL PAÍS, y publicado ahora en el boletín regional (BOCM), culmina la apuesta del PP por reactivar la educación concertada de la mano de Martínez-Almeida y Díaz Ayuso. Así, tras un decenio sin impulsar este tipo de centros privados en los que hay plazas financiadas con dinero público, son ya tres las cesiones de terrenos pactadas entre ambas partes desde 2020. Los nuevos privados concertados se sitúan en los distritos de Villa de Vallecas y Hortaleza, donde la explotación de las parcelas públicas fue cedida gratis a una empresa, y Vicálvaro, donde todo queda pendiente de los pliegos de condiciones.

“Nosotros cedemos [la parcela] con el uso que tiene: dotacional educativo”, afirma un portavoz municipal, que desliga así al Ayuntamiento de la decisión de que los terrenos públicos se usen para levantar sobre ellos un centro privado concertado. “El resto, depende de la Comunidad de Madrid”.

¿Qué uso tendrá la parcela? “Concertado”, responde un portavoz de la Comunidad de Madrid. “La cesión de la parcela corresponde a las necesidades de escolarización de la zona”, argumenta sobre un uso del terreno que en los dos casos precedentes le ha salido gratis a la constructora. Y remata: “En la actualidad, la Consejería de Educación está construyendo en El Cañaveral una escuela infantil y en breve comenzarán las obras de un Colegio Público. Además, se está redactando el proyecto de un Instituto Público”.

Las parcelas públicas afectadas por las tres cesiones a privados que han decidido Díaz Ayuso y Martínez-Almeida desde finales de 2022 suman un valor de 30 millones de euros. La decisión de dedicar esos terrenos a levantar colegios privados concertados supone emprender un viaje en el tiempo. El Ejecutivo regional no culminaba una concesión como estas desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014. En 2018, detallan en la Consejería de Educación, se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a cerrarse. Y en 2022, el actual Ejecutivo regional reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla. Fue un aviso de lo que estaba por llegar: si los Gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido hicieron una apuesta explícita por no crear nuevos colegios privados concertados, Díaz Ayuso ha vuelto ahora a la política de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Para hacerlo, el Ayuntamiento y la Comunidad han tenido que encontrar una vía por la que sortear la ley estatal de educación. De esta manera, la norma nacional prohíbe de facto a los municipios ceder terrenos públicos para construir centros privados concertados, pues restringe esa posibilidad “a los centros docentes públicos”. Como las Comunidades no están afectadas por esa medida, Martínez-Almeida cede la parcela a Díaz Ayuso (en los tres casos gratuitamente) y es la Comunidad quien organiza el concurso para que un privado afronte la construcción y explotación del centro.

Aunque la licitación del colegio privado concertado aún no está publicada en el portal de contratación autonómico, las dos precedentes marcarán previsiblemente el camino a seguir. En ambos casos, la concesión a la constructora es de al menos 40 años, aunque se recoge la posibilidad de renovarla para llegar hasta los 75. Además, la concesionaria no paga nada por usar el terreno durante ese tiempo.

De la misma manera, las empresas que se presenten al concurso no están limitadas a construir un centro en el que se ofrezcan exclusivamente los cursos gratuitos financiados por los presupuestos públicos. También pueden pedir permiso para ofrecer plazas para cursos en modalidad privada pura para generar ingresos, construyendo su negocio sobre una parcela pública.

Una apuesta que entronca con otra polémica política del actual gobierno regional: financiar con becas públicas cursos de etapas educativas no obligatorias en centros privados puros y concertados.

¿El argumento? Que de cara al Bachillerato para las familias es traumático elegir entre permanecer en el mismo colegio pagando (cuando en cursos precedentes no lo hacían, pues era concertado) o cambiar de centro para seguir recibiendo una educación pública.

Con esa excusa surgieron las ayudas para bachillerato exclusivamente en centros privados concertados durante el gobierno de Ángel Garrido (2018-2019), drásticamente modificadas por el ejecutivo de Díaz Ayuso (desde 2019), pues se ampliaron también sin distingos a centros privados puros.

Con Garrido se planificó una ayuda que tenía a 3.000 alumnos como potenciales beneficiarios (el 8% de los que iban a la privada en bachillerato), y un límite de renta familiar lo suficientemente bajo (10.000 euros) como para que solo la recibieran quienes realmente las necesitaban y para que quedaran fuera la mayoría de alumnos de la privada pura.

Sin embargo, con Ayuso el programa se multiplicó para afectar en su debut a 15.000 alumnos, y se abrió tanto la mano en el umbral de renta (ahora de 35.913 euros) como para que pudieran optar familias que ingresan más de 100.000 euros. Así, la ayuda ha quedado extendida a toda la educación privada, y no solo a la privada concertada.

Ahora el sistema se retroalimenta con el impulso al tercer colegio concertado desde 2022.

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