Ayuso ultima la tercera cesión gratuita de una parcela para construir un colegio privado concertado

El proyecto sobre un terreno de Vicálvaro, valorado en 18 millones y pendiente desde 2020, depende de la firma del vicepresidente regional, que acaba de impulsar operaciones similares en otros dos espacios públicos

El vicepresidente, Enrique Ossorio, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid.
El vicepresidente, Enrique Ossorio, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid.Ricardo Rubio (Europa Press)

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ultiman la firma de un convenio que permitirá ceder gratuitamente una parcela municipal de 23.000 metros cuadrados valorada en más de 18 millones de euros para que una empresa construya un colegio privado concertado que explotará durante décadas. El proyecto, que se hará en el desarrollo de El Cañaveral, situado en el distrito de Vicálvaro, fue anunciado en 2020, pero sigue pendiente de la firma del número dos regional, Enrique Ossorio, según dos fuentes conocedoras de la operación. La posibilidad de impulsarlo a la puerta de las elecciones de mayo de 2023 consolida la reciente apuesta del PP (que gobierna en las dos administraciones) por recuperar su política de ceder suelo público a la escuela concertada: el Ayuntamiento y la Comunidad ya firmaron dos acuerdos similares en mayo, en este caso para construir colegios concertados en Valdebebas y Vallecas a cambio de ceder gratis dos parcelas valoradas en más de 11 millones.

Las tres parcelas afectadas suman un valor de 29 millones de euros. Su cesión supone emprender un viaje en el tiempo. El Ejecutivo regional no culminaba una concesión como estas desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014. En 2018, detallan en la Consejería de Educación, se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a terminarse. Y en 2022, el actual Ejecutivo reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla. Fue un aviso de lo que estaba por llegar: si los Gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido hicieron una apuesta explícita por no crear nuevos colegios privados concertados, Ayuso ha vuelto ahora a la política de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Una decisión de la que ya avisó Ossorio en su última entrevista con EL PAÍS: “Si los padres quieren concertada, habrá más concertada”.

20 de diciembre de 2020. Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital, tiene un anuncio que hacer. “Ese centro se va a construir porque la parcela ya ha sido cedida y Madrid va a ser un dique contra las políticas autoritarias del Gobierno socialista y de Podemos”, dice en referencia al privado concertado de Vicálvaro, y a la LOMLOE, también conocida como ley Celáa, que limita la cesión de suelo municipal para impulsar centros concertados.

Casi dos años después, nada ha ocurrido. Parálisis total. Al menos hasta ahora. Tras descontar los Gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido sin ceder suelo público para construir centros privados concertados, y a la puerta de las elecciones de 2023, la Administración de Isabel Díaz Ayuso dice estar apurando los trámites burocráticos para firmar el tercer convenio de cesión de este mandato. Aunque no aclara si lo hará antes de que acabe la legislatura.

“La Comunidad pidió en julio de este año la necesidad de actualizar el convenio para cambiar el cargo del Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, nombrado por Decreto 38/2022 de 15 de junio”, afirma un portavoz municipal, que achaca el retraso en la firma del documento a ese cambio de nomenclatura. “Por tal motivo, se actualizó el texto del convenio”, añade. “Está ya firmado por el Ayuntamiento y se remitió en septiembre a la Comunidad, que lo tiene que devolver firmado de vuelta. Aún no lo ha mandado”.

“La Comunidad de Madrid todavía no ha firmado el convenio de cesión de esta parcela del Ayuntamiento”, coincide un portavoz gubernamental. “En la actualidad, tiene que pasar unos trámites previos como el visto bueno del Servicio de Patrimonio o la Abogacía de la Comunidad, entre otros”, sigue. “Se están realizando las gestiones para poder firmar el convenio para la cesión de la parcela”, señala, añadiendo que los Presupuestos de 2023 ya contemplan partidas presupuestarias para comenzar la construcción de un colegio público y un instituto público.

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El retraso en la firma no es un asunto menor. Estampar la rúbrica es someter a la Comunidad a un proceso tasado en el tiempo. Pone el reloj de las obras en marcha.

“La licencia municipal de obra de nueva edificación se deberá solicitar en el plazo máximo de 6 meses, a contar desde la formalización de la cesión de la titularidad de la parcela en escritura pública”, se lee en la documentación del expediente. “El inicio y finalización de las obras se realizarán en el plazo fijado en la correspondiente licencia”, se añade. “De no contener la licencia indicación expresa sobre dichos plazos, se deberán observar los de un año para iniciar las obras y tres para la terminación de éstas a contar desde la obtención de dicha licencia”.

Es decir, que el proyecto eche a andar antes o después de las elecciones del próximo mayo depende de la fecha en la que Ossorio estampe su firma. De eso depende también que el Gobierno de Ayuso impulse la tercera operación millonaria de cesión de terrenos públicos para lucro privado: los concesionarios, que pagan la construcción del centro, tienen que ofertar las etapas que les indica la Comunidad en modalidad concertada, pero también pueden pedirle permiso a la Administración para ofrecer otros cursos en régimen de privado puro, y por el precio que consideren.

Confrontación sin tapujos con el Gobierno central

El Ejecutivo de Ayuso ha encontrado en la defensa de esta opción educativa la oportunidad de abrir un nuevo frente en su confrontación constante con el Gobierno central, siempre con el argumento de construir centros concertados cuando las familias lo pidan. Algo que ha enfadado especialmente a asociaciones de vecinos que llevan años reclamando más centros públicos y que ven cómo sus peticiones caen en saco roto o se toma la decisión de hacerlo por fases, lo que provoca que se eternicen las obras y muchos acaben matriculando a sus hijos en centros concertados. Eso mismo ha pasado, por ejemplo, en Valdebebas, donde colectivos vecinales se quejan de que no tienen ningún instituto público y que, de los dos colegios que hay, uno no está terminado.
Al ver que el Ministerio de Educación estudiaba limitar estas cesiones de terreno a través de la nueva ley educativa, la Comunidad se apresuró a aprobar una norma regional que incluye ampliar los conciertos que ya estaban vigentes. La legislación autonómica fue presentada desde el principio como un intento de neutralizar la llamada ley Celaá, y el Ejecutivo subrayó desde el primer minuto que su intención era blindar la educación concertada, manteniendo la segregación por sexos en centros sostenidos con fondos públicos
Esa apuesta no es nada inocente. El PP lleva más de una década trabajando con la tesis de que gana más votos allí donde instala colegios privados concertados, según confesó uno de sus consejeros de Educación, Luis Peral. Como resultado, Madrid es la región española con más estudiantes en centros privados puros (15,8%) y tiene un 29,6% en concertados. Sumando las dos (45,4%) solo es superado por el País Vasco (48%).

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