La Comunidad de Madrid vuelve a poner en marcha la maquinaria, casi una década después, para que se construya un centro educativo privado concertado y estudia 13 peticiones más. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en especial el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha hecho bandera de este modelo educativo frente la nueva ley estatal, que limita la cesión de suelo para centros que no sean públicos. Y el primer gran ejemplo de esa apuesta es la reactivación de un proceso que empezó en 2005 en Villalbilla a través de una situación algo surrealista: el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento suscribieron entonces un convenio para la construcción y gestión de dos centros privados concertados en suelo público; abrieron después un concurso; la sociedad Educando en la Creatividad S.L. lo ganó; en 2007 construyó uno de ellos y el otro se ha mantenido latente hasta ahora, a la espera, hasta que se han alineado los intereses de la constructora y el Gobierno con la excusa de que así lo demandan las familias. No pasaba algo así desde el curso 2013-14.

Entre medias de la larga espera, el anterior Ejecutivo de Cristina Cifuentes se echó para atrás y dijo que construiría allí un colegio público. La presidenta Ayuso ha deshecho aquella decisión y ha vuelto a la idea original: será concertado y lo llevará a cabo aquella sociedad que ganó el concurso hace 17 años y que, para rizar más el rizo, lo hizo para construir el colegio en la parcela El Viso, una urbanización de Villalbilla, pero de manera “condicionada” a que la zona alcanzase un desarrollo urbanístico del 50%, según fuentes de la propia Consejería de Educación. Si la población aumentaba, sería suyo. Lo que se conoce como un concierto en diferido. Como si ya se supiera entonces que la libertad de las familias del futuro se decantaría por la elección de ese centro y no de uno público.

Lo que sí ha hecho Madrid esta última década ha sido concertar unidades nuevas dentro de centros privados ya existentes.

En el caso de Villalbilla, en 2020 el Ayuntamiento publicó un comunicado en el que recordaba, de nuevo, los vaivenes de la Administración regional: “En la presente legislatura 2019-20 [...], el nuevo Gobierno de la Comunidad ha decidido cambiar su criterio y ha optado por otorgar el concierto educativo para la construcción de un colegio concertado”.

Antonio Barahona, alcalde de Villalbilla con un partido local, lo ha vivido en primera persona. “Con la crisis bajó la demanda de plazas escolares porque se paralizó la urbanización”, explica el regidor. “Ese interés se reactivó con el paso del tiempo, pero con los sucesivos cambios de gobierno hubo una propuesta distinta por parte de la Comunidad, que pidió una parcela para construir un centro público. La cedimos. Pero la propuesta ha cambiado de nuevo con el nuevo Gobierno de Ayuso, que de nuevo quiere hacer un concertado. Lo uno anula lo otro”.

Fuentes de la actual Consejería de Educación admiten ese cambio de estrategia y lo argumentan con dos criterios. “Por una parte, había que cumplir con el convenio firmado en 2005 para cumplir con la legislación. Y además responde a la demanda de las familias de la zona que hicieron una recogida de firmas”. La Administración cifra esa demanda en “alrededor de 1.000 personas”, de un municipio de más de 13.400 habitantes, y justo coincide con la iniciativa privada de change.org que, hasta el miércoles, había recabado 996 firmas.

Recogida de firmas

Isabel Galvín, representante de CC OO, ve este nuevo concierto en suelo público como “una vergüenza” y se pregunta: “¿Y cómo sabemos que esas firmas son de las familias de Villalbilla? ¿Cómo sabemos que no son de los propios interesados en construir ese centro y de sus amigos?”. Galvín insiste en que “se discrimina a las familias si eligen una escuela pública”. De hecho, según datos del sindicato, en Villalbilla hubo 55 alumnos que se quedaron sin plaza y tuvieron que salir a estudiar fuera y 75 no consiguieron su primera opción en el momento de la última matriculación.

A Elena Cid, directora general de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), le preocupa que el caso de Villalbilla “sea el arranque de la Comunidad de Madrid para reactivar el modelo de la nueva concertada, con cesiones de suelo público a empresas mercantiles y con una total falta de transparencia en su financiación”. Según Cid, “la situación retrotrae al modelo de hace más de una década, que trajo como consecuencia el estancamiento de la educación pública y sonados casos de corrupción”. Este sistema nace, insiste la directiva de Cicae, desvirtuado, “porque la financiación de estos colegios conlleva inevitablemente el copago que se les exige a las familias, con las cuotas, por un lado, y vulnerando su derecho a la gratuidad de la educación, y, por otro lado, con la subvención que reciben de la Administración”.

“En Cicae llevamos años demandando que los colegios concertados, imprescindibles para nuestro sistema educativo, recuperen su espíritu benéfico docente, sin ánimo de lucro y con una total transparencia en su financiación”, insiste la directora general de la asociación.

Agustín Moreno, portavoz de Unidas Podemos, se reunió el lunes con el secretario de Estado, Alejandro Tiana, porque está preocupado por “el desmantelamiento de la educación pública” y para proponer al Gobierno central que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley Maestra, de reciente aprobación del Gobierno de Ayuso para limitar la ley estatal. “Da soporte a la expansión de la concertada, a segregar por sexo al alumnado y a regalar suelo público para negocios privados, algo que la operación Púnica demostró que a veces se vincula a corrupción”.

En Madrid capital, el 40% del alumnado está escolarizado en la educación pública, frente al 54% en el resto de la región madrileña, al 68% de media en España y el 90% en Europa. Y mientras, el concierto en Villalbilla en suelo público dotacional va para largo, según los documentos de licitación: tiene vida para 75 años.

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