Ayuso dispara por encima de los 1.000 millones el gasto anual público de Madrid en la sanidad de gestión privada

La Comunidad de Madrid tiene previsto gastar 1.209 millones de euros en conciertos sanitarios con empresas privadas a lo largo de 2024. Así lo recoge el proyecto de presupuestos diseñado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que aumenta esta partida en un 24% con respecto a las cuentas vigentes, que recogieron 973 millones para este departamento en 2022. De esta manera, el nuevo proyecto rompe la barrera de los 1.000 millones de inversión pública prevista en la sanidad de gestión privada, según la información registrada por el Ejecutivo del PP este martes en la Asamblea autonómica. Son 236 millones más al año. Y lo previsible es que cuando acabe 2024 sean aún más, pues suele haber un gran desvío entre lo presupuestado y lo gastado: en 2022 se presupuestó un gasto total de 973 millones para la partida de conciertos sanitarios... y finalmente se pagaron casi 2.000, ya que el Gobierno decidió acabar de un plumazo con 1.390 millones de deuda que arrastraba desde 2015 con los hospitales públicos de gestión privada.

“Pasamos de 973 a 1.203 millones [1.209, según el proyecto presupuestario] debido al notable incremento de la actividad asistencial, diagnóstica y quirúrgica, en el conjunto del Sermas [Servicio Madrileño de Salud]”, detalla un portavoz de la consejería de Sanidad. Así, el Gobierno defiende el gasto porque aligera las listas de espera. La vinculación de esas dos circunstancias lleva varios meses traduciéndose en hechos. Como avanzó EL PAÍS, el Ejecutivo de Díaz Ayuso está recurriendo desde febrero a hospitales públicos de gestión privada para lograr el objetivo de reducir las listas de espera, tal y como se había comprometido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

¿El método? Ofrecer el traslado de pacientes de los hospitales públicos puros a los públicos de gestión privada para aliviar la lista de espera quirúrgica. El proyecto, confirmado por tres fuentes, es un negocio redondo para los centros receptores, que están principalmente en manos de empresas con ánimo de lucro, “salvo excepciones”, y que cobran un extra de la Administración por cada paciente atendido que no es de su población adscrita.

“Es una subida notable”, fotografía Ángela Hernández, del sindicato médico Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid), sobre la evolución de esta partida presupuestaria para conciertos con entidades privadas entre los Presupuestos de 2022, que se prorrogaron en 2023, y el proyecto de 2024.

Además del gasto en utilizar ambulancias privadas, o en sufragar el programa de atención dental para niños entre 6 y 16 años, esta parte del Presupuesto regional financia a los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid. Unos centros que han estado en el centro del huracán desde que fueron impulsados por la presidenta Esperanza Aguirre, cuando estuvo al frente de la Administración regional entre 2003 y 2012.

El sistema de libre elección, que permite elegir a los pacientes el hospital en el que son atendidos, y que compensa a los centros cuando tratan a población que no tenían adscrita, ha engordado el negocio de estos hospitales. Los choques continuos entre los gestores de las instalaciones y la administración han llevado a litigios y largas fiscalizaciones de la facturación que merecieron el reproche de la Cámara de Cuentas, ante la dificultad de saber en tiempo y forma cuánto cuesta el sistema público-privado. Todo queda resumido en una decisión. El Gobierno de Ayuso pagó al menos 1.390 millones de euros en solo seis meses de 2022 a los hospitales públicos de gestión privada de la región fundamentalmente para acabar con una deuda que el Ejecutivo empezó a arrastrar en 2015, según documentación consultada por EL PAÍS.

El principal beneficiario fue el grupo Quirónsalud, que opera cuatro hospitales públicos de gestión privada en la región (Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; e Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión) y obtuvo al menos 1.278 millones.

La factura del Hospital Fundación Jiménez Díaz, precisamente, está subiendo de manera pronunciada año tras año debido a que absorbe un número creciente de pacientes de otros hospitales bajo el sistema de libre elección que implantó Aguirre, un programa muy lucrativo para el propietario del centro, Quirónsalud, y clave para el sistema, pero cuyos costes son criticados por la oposición al Gobierno de Díaz Ayuso.

El gasto ha crecido un 26% entre 2011, cuando la Comunidad abonó 327,1 millones de euros, y 2017, último año disponible, cuando la cuantía aumentó a 413,5 millones, según datos a los que tuvo acceso este diario por una solicitud de transparencia.

Este periódico pidió hace un mes conocer también cifras más recientes, pero la Consejería de Sanidad respondió que aún no ha liquidado los ejercicios entre 2018 y 2022. “Se prevé que a lo largo del año 2024 se disponga de parte de la información solicitada”, contestó la dirección general económico-financiera del Sermas. Para entonces se estará ejecutando este nuevo Presupuesto de récord, que el Ejecutivo de Díaz Ayuso aprobará en diciembre gracias a su mayoría absoluta, y que recoge el compromiso sin precedentes de gastar, como poco, 1.200 millones de euros en conciertos con entidades privadas para la prestación de atención sanitaria.

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