La Justicia condena al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pagar 30 millones por las 135 ‘camas fantasma’ de Esperanza Aguirre

A Esperanza Aguirre no le gustaban los arquitectos. “Habría que matarlos (...) sus crímenes perduran más allá de su propia vida”, dijo cuando era presidenta regional (2003-2012). “¿Pero cómo puedes autorizar esta puta mierda?”, criticó en otra ocasión un monolito. “Todo se puede delegar, menos la supervisión”, era una de sus frases favoritas para justificar el intenso placaje al que sometía a los técnicos de las obras y proyectos autonómicos. Cuando la expresidenta regional descubrió que en el hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid), estaba contemplado que las habitaciones fueran dobles, no le gustó: las estancias debían ser individuales. Y así se hizo: se retiraron 135 camas. Ocurre que la Comunidad siguió pagando más de un millón de euros al año por ellas durante casi una década. Que cuando la presidenta regional Cristina Cifuentes, también del PP, llegó al poder, dejó de hacerlo, y actuó para recuperar parte de ese dinero. Y que ahora la justicia ha dictaminado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del mismo partido, pague casi 30 millones de euros a la empresa adjudicataria, que cobró con Aguirre por unas camas que nunca se han usado y ahora volverá a hacerlo.

“Según la sentencia, la Comunidad debe pagar 29.705.262,20 euros por la decisión del Gobierno regional, en su momento, de hacer habitaciones individuales en lugar de dobles como contemplaba el primer proyecto”, resume un portavoz del Ejecutivo autonómico, que aprobó el pago de esa cantidad a finales de diciembre. “De los 29 millones, 11.385.672,09, tal y como recoge la sentencia, corresponden al pago atrasado desde el año 2013 al 2021 y 18.319.590,11 a pagos a realizar desde 2022 hasta el fin de la concesión en 2035”, añadió. “Ya se han abonado los 11.385.672,09 euros”, remató una explicación a la que se remitió el departamento de prensa del hospital cuando este diario requirió su versión.

El recuerdo de aquella decisión ha perseguido a Aguirre como un fantasma durante casi 15 años. En noviembre, la Fiscalía Anticorrupción pidió que la expresidenta fuera imputada por presunta prevaricación y malversación. Aunque la petición fue rechazada, los argumentos que la sustentaron sirvieron para iluminar los oscuros procesos de decisión de la Administración en la época en la que anidaron tramas corruptas como las que se investigan en los casos Púnica, Gürtel o Lezo.

“Prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda”, se describía en el escrito de la Fiscalía, rechazado por la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, con sede en la plaza de Castilla.

“Menoscabo del caudal público”

El texto continuaba: “Se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos”. Durante casi una década, la Comunidad había seguido pagando, a razón de más de un millón al año, por unas camas que no se habían utilizado jamás. “La Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros”, puntualizaba.

Las conclusiones de la Fiscalía coinciden letra por letra con las que refleja un informe gubernamental de 2017, cuando ya Aguirre no estaba en el poder y el escándalo le explotó en la cara al Ejecutivo que entonces encabezaba Cristina Cifuentes.

“[Existe] un desequilibrio económico que debe ser corregido sobre la base de los menores costes que supone para la concesionaria la reducción de 135 camas”, se lee en un dictamen de la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid. “Ello implica una reducción del canon anual a percibir por la concesionaria de -1.315.323,13 euros a partir del año 2017 y un importe de retroactividad de -5.998.178,49 euros por los últimos cuatro ejercicios no prescritos”, se detalla. Y se calcula: “En total [incluido el periodo al que se aplica la retroactividad] el reequilibrio supondrá una disminución del canon concesional de -29.065.793,08 euros, IVA incluido”.

Entonces, ¿cómo es posible que el Gobierno regional haya acabado pagando a la concesionaria, cuando esta da, en principio, menos servicio del previsto?

Porque la adjudicataria del hospital recurrió ante la justicia contra la resolución del viceconsejero de Sanidad de Cifuentes, que ponía en marcha el doble planteamiento de recuperar el dinero pagado y dejar de pagar por las 135 camas fantasma, alterando el coste económico de la concesión en favor de la Comunidad “con motivo de la supresión de 135 camas y la consiguiente minoración del coste de los servicios asociados de la sociedad concesionaria”.

Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid observó que la tramitación de ese expediente se había alargado “innecesariamente” con “sucesivas peticiones de informes no preceptivos” para “evitar el fin de la caducidad del mismo”. En una sentencia a la que accedió EL PAÍS, observó: “Estos trámites no pueden tener el alcance de suspender los plazos para dictar la resolución correspondiente, razón por la cual se ha de concluir que el procedimiento había caducado cuando se dictó la resolución correspondiente”. Y por ello condenó a la Administración a “la devolución de las cantidades percibidas derivadas de la resolución anulada”.

Es decir, las retraídas retroactivamente desde 2013, y las que se deberán pagar hasta el final de la concesión, en 2035. La bomba económica, avalada por una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha explotado ahora con Díaz Ayuso en el Gobierno. Y así, más de 20 años después de que Aguirre dejara el poder, la Comunidad de Madrid seguirá pagando por una de sus polémicas decisiones.

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