Cuatro meses antes de la inauguración del nuevo hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, a Esperanza Aguirre no le gusta lo que ve. Corre 2008, y el departamento de Presidencia de la Comunidad requiere a Sanidad que todas las habitaciones del centro sean individuales, por lo que se ordena que se retire de 135 estancias dobles la “cama hospitalaria [extra], la mesilla, el sillón de paciente, la silla de acompañante y la cortina separadora”, según documentación pública. Casi 15 años después, la Fiscalía Anticorrupción pidió el lunes que se impute por prevaricación y malversación a Aguirre por esa decisión, que se habría adoptado sin el correspondiente procedimiento administrativo. Durante nueve años, la compañía que gestiona el hospital a través de una concesión cobró 1,3 millones de euros por unas camas que nadie podía usar, según cifró una investigación de la Asamblea regional.

La petición del ministerio público trae al presente los ecos de un pasado marcado a fuego por la expansión y el crecimiento de Madrid, la fiebre del ladrillo, y la carcoma de la corrupción, que ahora se investiga en las causas Púnica, Gürtel, Lezo, Ciudad de la Justicia o Papeles de Bárcenas. Aquellos locos años 2000, cuando todo parecía posible y de hecho estaba ocurriendo lo imposible, quedan retratados a la perfección en el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria.

Entre 2008 y 2018, el endeudamiento de las instituciones públicas madrileñas pasó de 11.380 millones a 33.000, según recogen las conclusiones del órgano, fechadas en 2019 y aprobadas por PSOE, Podemos y Ciudadanos. Fueron años de grandes inversiones que han acabado en los tribunales. Una época con mil inauguraciones que han pasado de ser las mejores fotos para una campaña a salir en los papeles judiciales. El dictamen parlamentario señala que no hay informes técnicos ni planificación que justifiquen las inversiones en el Metro Ligero, la carretera M-45, varios hospitales o el campus de la Justicia; y propone renegociar a la baja algunos de esos contratos porque los concesionarios —afirma el texto— lograron condiciones tan beneficiosas que no asumieron prácticamente ningún riesgo.

El balance de esas decisiones no se mide solo en carreteras hechas a precio de oro (la M-45, impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, iba a costar 300 millones y superará los 2.000); hospitales abiertos a cambio de una abultada factura (como el Puerta de Hierro); o trenes ligeros que circulan vacíos y por los que el gestor cobra como si fueran casi llenos (el concesionario tiene garantizado el cobro de un número mínimo de billetes). También están los tribunales: la mitad de los consejeros de Aguirre están o han estado investigados por la justicia. Y la propia expresidenta está imputada en la pieza 9 del caso Púnica, relativa a la presunta financiación irregular del PP madrileño.

A eso se añaden ahora las 135 camas fantasma que persiguen a la antigua baronesa, y que resumen el modelo con el que se construyeron los hospitales de Aranjuez, Coslada, Arganda, San Sebastián de los Reyes, Parla, Vallecas y Majadahonda.

Es el PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés). Las empresas corren con el gasto de la construcción, y la Comunidad les paga un canon anual a cambio de su uso mientras les deja ingresar lo que obtengan por explotar los servicios no sanitarios. Aunque los edificios pasan a ser propiedad de la Administración cuando termina la concesión —que en estos casos es de 30 años— el negocio es tan lucrativo como para que haya atraído a fondos de inversión.

Así, las concesionarias cobraron un total de 1.556.851.738 euros entre el inicio de su actividad y el 31 de diciembre de 2017, según un informe de la Cámara de Cuentas, que advirtió: “No obstante, existen múltiples procedimientos judiciales pendientes de resolver por distintos conceptos (...). Si además consideramos las discrepancias existentes entre las sociedades concesionarias y la Agencia Tributaria en cuanto al tipo impositivo del IVA aplicable a la prestación de los servicios, determina que exista una incertidumbre respecto a las cantidades que finalmente habrá de pagar la Administración a dichas Sociedades”.

Sobrecostes millonarios

La factura, por lo tanto, no hace más que engordar. Una denuncia de Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción le puso precio en 2018: entre 1.200 y 1.600 millones de euros de sobrecostes, aseguraron los firmantes.

“Hace tres años, yo misma llevé un informe a la fiscalía anticorrupción denunciando todas las irregularidades, incluyendo esta de las 135 camas fantasmas del hospital Puerta de Hierro”, recordó este lunes Mónica García, que entonces militaba en el partido morado y hoy es la líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso (PP) como portavoz de Más Madrid. “Quedan muchas otras indecencias del uso obsceno del PP de nuestro sistema de salud, y seguramente queden muchas más sobre los papeles clasificados de la covid”.

El texto de la denuncia sirve para intentar resolver misterios tan intrincados como que el Puerta de Hierro, un hospital de nueva construcción, el mismo de las 135 camas, duplique o triplique el gasto energético de centros construidos hace más de 40 años.

Así, los pliegos de condiciones establecen bonificaciones a las concesionarias por reducir el consumo tomando como referencia los dos primeros años de funcionamiento de cada hospital. Los denunciantes sostienen que ese incentivo tuvo el efecto perverso de que se gastara más aposta al principio, para luego volver a un uso normal para ganar dinero. Y señalan las modificaciones en las condiciones de los contratos de los hospitales, casi siempre en favor de las concesionarias, incluso cuando pasaron a prestar menos servicios, como cuando Aguirre decidió reducir las 135 camas del hospital de Majadahonda.

“Prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda”, revelan las diligencias previas de la Fiscalía Anticorrupción, que en diciembre de 2020 presentó una querella contra Elena De Mingo, directora general de Planificación, infraestructuras y Equipamientos Sanitarios entre 2008 y 2011.

Un problema administrativo que, subraya el ministerio público, se vio acompañado de otro económico.

“[Además] Se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos”, defiende la fiscalía, que en el inicio del procedimiento ya precisó que no existía “una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros”.

Porque cada cama valía su peso en oro en el contrato firmado con la concesionaria. “Hay que lamentar la pérdida de cantidades millonarias con este sistema de hospitales concertados, en el que no hubo control”, lamentó este lunes Juan Lobato, el portavoz del PSOE. “Ya nunca los recuperaremos”.

¿Por qué no ha reclamado todo el dinero ya pagado la Administración? Porque la comisión jurídica asesora de la Comunidad concluyó que esa posibilidad había caducado. Ocurre que este organismo no fue preguntado al respecto… hasta 2017. Habían pasado ya casi diez años desde la inauguración del hospital. Y Aguirre ya no estaba al frente de la región: la pregunta la planteó el Gobierno de Cristina Cifuentes. Ahora, casi quince años después, el fantasma de esas 135 camas persigue a Aguirre.

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