Así se endeudó la Comunidad de Madrid: obras faraónicas, viajes y camas fantasma

Una cifra provoca preguntas inquietantes entre los partidos de la oposición en la Asamblea: ¿qué ocurrió para que el endeudamiento de las instituciones públicas madrileñas pasara de 11.380 millones en 2008 a 33.000 en 2018? Una comisión parlamentaria ha intentado dar con la respuesta buceando entre facturas; interrogando a gestores; y diseccionando las decisiones de los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González (PP). El borrador del dictamen —que aún deben aprobar o rechazar los partidos— señala que no hay informes técnicos ni planificación que justifiquen las inversiones en el Metro Ligero, la carretera M-45, varios hospitales o el campus de la Justicia; y propone renegociar a la baja muchos de esos contratos porque los concesionarios —dice el texto— lograron condiciones tan beneficiosas que no asumieron ningún riesgo.

Campus de la justicia: 72 viajes a Nueva York, Singapur, Múnich o Milán. El fallido proyecto de concentrar en Valdebebas todas las dependencias judiciales dejó un agujero de más de 100 millones en obras inacabadas que empezó a cavarse en el acto de colocación de la primera piedra: costó 1,4 millones, según el borrador del dictamen. Además, se realizaron 72 actos de presentación del proyecto en Nueva York, Singapur, Múnich o Milán. La elaboración de las maquetas de los edificios costó 1,5 millones. En un vídeo de publicidad se gastaron 900.000 euros, a los que se sumaron otros 200.000 en paraguas, gorras o camisetas promocionales. Los contratos para organizar exposiciones ascendieron a más de 300.000 euros. Y el sueldo medio de la sociedad Campus de la justicia en 2009 se disparó hasta los 5.000 euros mensuales.

Tren ligero: pagos por billetes sin usar. La Comunidad paga por billetes usados y por billetes no usados de las líneas de metro ligero que unen Colonia Jardín con Pozuelo y Boadilla. ¿Cómo ocurre eso? Según el dictamen, la demanda de pasajeros solo ha llegado al 29,46% de lo previsto, mientras que el contrato de la concesión recoge el pago del 68% por parte de la Administración. “El concesionario tiene garantizado el cobro de un número mínimo de billetes que ha resultado ser el doble de los realmente utilizados, son los “billetes fantasma”, apunta el borrador.

Carretera M-45. Hormigón a precio de oro. En la construcción de esta carretera se pagaron sobrecostes de entre el 16% y el 74% si se compara lo invertido en el hormigón y el acero empleado en este trazado con el usado en el de otras vías construidas en el mismo periodo —M-206, M-607 y M-506—. Además, el texto asegura que los 36 kilómetros de la M-45 son mucho más caros de mantener que los 2.500 que suman el resto de carreteras regionales: entre 200.000 y 280.000 euros por kilómetro y año frente a 16.000.

Hospitales. Pagos millonarios por camas que no existen. En 2003, la Comunidad decidió la construcción de siete hospitales públicos de concesión privada. “El canon [que paga la Administración a las empresas] se ha incrementado un 47% desde el inicio (año 2007) hasta los últimos presupuestos (2018), sin que ni la actividad ni los recursos sanitarios ofrecidos por estos hospitales se hayan visto modificados”, asegura el borrador. El texto pone un ejemplo: se habrían seguido pagando 1,3 millones anuales al hospital Puerta de Hierro por 135 camas que se eliminaron. Y denuncia: como los contratos premian a los hospitales por reducir el gasto de energía que hicieron en sus dos primeros años de vida, puede que en ese periodo se gastara de más a propósito para luego cobrar por usar normalmente las instalaciones— “tienen un gasto energético por cama o por m2 que triplica o duplica respectivamente los de los hospitales construidos hace más de 40 años”—.

Canal de Isabel II. Empresas fantasma. La expansión americana de la empresa pública, que también investiga la justicia dentro del caso Lezo, se hizo siguiendo “prácticas societarias poco escrupulosas con el respeto a la legalidad”. “Sirvan de ejemplo la presencia de empresas fantasma o instrumentales, sin actividad”, añade el dictamen, que se basa en un informe de la cámara de cuentas para diseccionar los movimientos de dinero para ampliar el negocio por Colombia, Brasil, Ecuador y la República Dominicana. ¿La conclusión? “En realidad no se ha comprado nada, sólo una empresa vacía sin actividad. El resultado es una pérdida de 36 millones de euros que han pagado las arcas públicas”, dice el borrador sobre la gestión del Canal de Isabel II. “Se instaló en la empresa una forma de hacer pensada para el lucro personal”.