Los impagos y recursos del Gobierno disparan en 23 millones el coste de la M-45

Desde 2011, la Comunidad ha tenido que pagar 167 millones por 19 sentencias firmes que castigan discrepancias en el cálculo de las expropiaciones —que costaron más de lo previsto— y del canon de las concesionarias —que se aumentó— de la carretera de la M-45. La gestión de una de esas decisiones judiciales, que en 2014 condenó a Madrid a pagar 80 millones por unas expropiaciones, causó todo un terremoto en el Ejecutivo. Tras dos años de recursos pasaron 13 meses entre que la sentencia fue firme —abril de 2016— y que el Gobierno decidió pagar —mayo de 2017—. Eso provocó que la cifra adeudada se multiplicara en aplicación de unos intereses que sumaban más de medio millón al mes al total inicial.

“Los 94 millones de euros correspondientes a la M-45 aún no se han abonado”, recoge un informe oficial sobre las deudas contabilizadas en el ejercicio de 2016, al que ha tenido acceso este diario. “Nótese que el importe del interés es del 10,05% anual y por tanto urge tramitar dicho pago”, subraya. “A fecha de 30 de abril de 2017, los intereses se han incrementado en otros 2,2 millones de euros. El importe de la indemnización se corresponde con el mayor coste de expropiaciones”.

Esta es la historia de una inversión ruinosa. La M-45 fue impulsada por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en 2002 para unir Carabanchel y San Fernando de Henares, conectando cuatro carreteras nacionales (A-2, A-3, A-4 y A-42). Su coste no debía llegar a los 500 millones. Sin embargo, los errores en el cálculo del valor de las expropiaciones necesarias para construir la carretera, y la actualización de los pagos a las concesionarias, dispararon el montante de la operación hasta los 2.000 millones, según reconoció en 2017 el jefe de Área de Concesiones de la región, Carlos Millán. Como consecuencia, cada uno de los 36 kilómetros de la carretera costará 55,5 millones de euros para que circulen entre 78.000 y 90.000 vehículos diarios.

Peor aún: casi 30 de los 167 millones que ha pagado el Gobierno por sentencias judiciales se deben a su insistencia en recurrir y a los intereses por los retrasos en el pago.

Gestión “irresponsable”

“Se dejó pasar el tiempo de forma irresponsable, y ello sabiendo que se había pactado en el contrato de concesión un interés del 10,05%, muy por encima del interés de mercado”, critica Victoria Alonso, de Ciudadanos. “Las sentencias sobre la M-45 rondan los 200 millones de euros, y comprobamos que atender al pago de solo una parte de esos 200 millones nos ha acabado costando a los madrileños mucho más”.

Unos sobrecostes que Podemos ha denunciado ante el Ejecutivo, superando en más de 1.000 millones el cálculo oficial de lo que costará la carretera: el Gobierno lo cifra en 2000, y el partido de Iñigo Errejón en unos 3.000.