Moody’s alerta de la “creciente incertidumbre” que rodea al Canal de Isabel II

La agencia de calificación de riesgo Moody’s alerta en un informe de la “creciente incertidumbre” que rodea a la posición financiera del Canal de Isabel II como consecuencia de su polémica expansión por América, cuyos sobrecostes investiga la operación Lezo. En octubre, la Fiscalía de Colombia inició el embargo cautelar de las acciones de Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española, en la compañía Triple A de Barranquilla (valoradas en 58 millones de dólares). Moody’s, que revisa a la baja la nota del Canal, advierte de “las presuntas actividades ilegales” y del “[supuesto] fraude cometido por la anterior dirección del Canal”, que llevaron a la detención del expresidente de la Comunidad, Ignacio González.

“La revisión para rebajar la calificación del Canal se debe a la creciente incertidumbre sobre el impacto que tendrán en el grupo los procedimientos legales que se están instruyendo en los tribunales colombianos”, resume el informe, de finales de 2018. “Además de la potencial expropiación de la principal filial del Canal en América Latina, Triple A de Barranquilla, otras responsabilidades que podrían tener un impacto negativo en la posición financiera del Canal podrían surgir durante los procedimientos o investigaciones judiciales o administrativos”, añade. “Esos procedimientos siguen las investigaciones que los tribunales españoles empezaron en 2017 sobre las presuntas actividades ilegales, y el fraude cometido por la anterior dirección del Canal a través de las operaciones del grupo en América Latina”, recuerda el texto. Y recalca: “Los procesos judiciales en curso en los que está involucrado el Canal subrayan el efecto adverso de los mecanismos de control defectuosos y la débil gobernanza en sus operaciones latinoamericanas durante los últimos años. En estos momentos, es difícil analizar todos los resultados potenciales del proceso legal, que podría incluir grandes multas o una solución negociada con consecuencias financieras negativas para el Canal”.

Sin embargo, la compañía defendió la solidez de sus cuentas en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a mediados de diciembre: "El Canal mantiene una sólida posición financiera (liquidez y líneas de crédito) y acceso al mercado de préstamos bancarios".

En 2001, la empresa pública de aguas madrileña compró la sociedad colombiana Inassa por más de 60 millones de euros y a través de una sociedad interpuesta en el paraíso fiscal de Panamá. Los investigadores de la Guardia Civil que impulsaron la operación Lezo consideraron ese montante como excesivo, y vieron en él una tapadera con la que intentar ocultar mordidas y comisiones que habrían acabado en los bolsillos de intermediarios y políticos. Por esa razón han sido investigados decenas de exaltos cargos de la región y ha sido imputado la mayoría de integrantes del Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón.

El 90% del EBITDA del Canal de Isabel II tiene su origen en sus operaciones en España. Sin embargo, la compañía pública también da servicio en Colombia, Brasil, Ecuador y la República Dominicana. El 82,4% de las acciones de la empresa son de la Comunidad Autónoma de Madrid, el 10% del Ayuntamiento de la capital, y el 7,6% de otros municipios de la región. A finales de 2018, la Asamblea de Madrid aprobó una iniciativa del PP y de Ciudadanos para impedir por ley que el ente gestor del agua pudiera ser privatizado. Y por eso las consecuencias de la aventura americana tendrán que ser afrontadas por estas administraciones. En consecuencia, a mediados de agosto se le encargó al banco Santander que diseñe una estrategia para vender los activos del Canal en América.

“Este embargo y este cuestionamiento de la calificación crediticia del Canal de Isabel II no es una buena noticia, aunque si un buen momento para reflexionar sobre el futuro de este Grupo cuyo prestigio se debe recuperar”, opina Diego Cruz, diputado socialista en la Asamblea de Madrid. “La situación exige la inmediata explicación del Gobierno de la Comunidad, tal y como ya le hemos solicitado a través de diversas iniciativas, porque puede afectar a actuaciones previstas en diversos municipios que tenían prevista su financiación mediante los fondos derivados de la venta de los activos propiedad del Canal en América, y que hoy están en cuestión”.