La reinvención del Canal de Isabel II

"Saqueo". "Negocio de amiguetes". "Uso desaprensivo por parte de los políticos". "Chorizos". "Mangantes". El jueves, la Asamblea de Madrid se llena de expresiones descalificadoras hacia la gestión del Canal de Isabel II bajo los gobiernos populares de Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González. La jornada, llena de tensos debates, termina con una modificación legal que prohíbe la privatización de la compañía, garantiza su carácter público y marca un punto de inflexión en la trayectoria de la compañía. Tras actuar como si fuera una agresiva compañía internacional —expandiéndose por América con las compras que investiga la Operación Lezo—; como una inmobiliaria —vendiendo 23 inmuebles por 60 millones de euros en diez años—; o como una agencia de viajes, el Canal aguarda al final de la larga tramitación judicial que le queda por delante a la instrucción del caso Lezo para volver a dedicarse a una sola cosa: el agua de Madrid.

"El Canal debe volver a centrarse en la actividad de la gestión del agua", reconoce Pedro Rollán, vicepresidente de la Comunidad y presidente del Canal de Isabel II, que prepara la licitación de decenas de tasaciones como paso previo a la salida a subasta de un amplio grupo de propiedades de las que se quiere desprender en 2019 y 2020, y que están valoradas en unos 30 millones de euros.

La Asamblea ha prohibido la privatización del ente esta semana

"El objetivo de la subasta es dar salida a un patrimonio que realmente no le está dando un servicio efectivo al Canal", explicó una fuente de la Comunidad conocedora de los detalles de la operación, que afecta a decenas de propiedades desperdigadas por toda la región: las hay en el corazón de Madrid, como en la calle José Abascal, pero también en Tres Cantos, en Rivas VaciaMadrid, San Sebastián de los Reyes, Leganés, Valdemoro, Parla, Mejorada de la Calzada o Fuencarral. "Son inmuebles que proceden de juntas de compensación por terrenos de la compañía", añadió este interlocutor. "Vendemos porque no somos una inmobiliaria y así sacamos dinero", reconoció, marcando distancias con el pasado de la compañía.

Como la modificación legal que impide la venta de la compañía, esta no es la única señal de los nuevos tiempos. El Canal ha comenzado la desinversión en América Latina. Está personado en el juicio de la Operación Lezo como parte perjudicada por las presuntas actividades delictivas de los miembros de la trama, que habrían pactado sobreprecios en la compra de empresas americanas para así poder pagar sobornos y cobrar mordidas con dinero público. Y más de 20 directivos de filiales han sido despedidos o cesados en los últimos dos años, en un ejemplo del "proceso de reflexión estratégica" que dice atravesar la empresa.

Podemos y PSOE

"Sería una idiotez pensar que el Canal de esta legislatura es el mismo que el de los años anteriores, es evidente que se ha dejado de robar", resume Hugo Martínez Albarca, de Podemos, que reconoce que la empresa ha empezado una nueva etapa. "Pero es que el listón estaba muy bajo, porque el Canal era una empresa pública que estaba operando como una multinacional, buscando solo réditos económicos, cuando se tiene que dedicar al agua, a que ningún madrileño le falte y a desincentivar el sobreconsumo, que es a lo <TB>que se dedicó mientras funcionó bien", añade. "La nueva ley de Ciudadanos mejora cosillas, es mejor tenerla a que no la hubiera, pero en esta legislatura había mayorías para ser mucho más ambiciosos", continúa. Y remata: "Además, que el Canal sea público por ley hay que relacionarlo con que un gobierno solo privatizaría la compañía si tiene una mayoría que lo permita, y eso permite, precisamente, revertir la ley".

Tanto Podemos como el PSOE votaron en contra de la ley de Ciudadanos el jueves. Ninguno de los dos partidos discrepa del objetivo de garantizar el carácter público de la compañía, que Aguirre puso en cuestión en 2008, cuando alentó la venta de la participación de la Comunidad —el resto de las acciones pertenecen al Ayuntamiento de Madrid y a un centenar de municipios de la región—.

Un juguete

Sin embargo, las dos formaciones consideran que los cambios que introduce el texto son cosméticos, insisten en la necesidad de plantear más mecanismos de control que eviten nuevos casos de corrupción, y subrayan que debería haberse apostado por una mayor transparencia y fiscalización de las decisiones de la empresa.

Esa inquietud porque se vuelva a repetir el pasado incita una pregunta. ¿Qué hacía el Canal siendo propietario de palacetes, o yendo a la aventura en América Latina?

El cambio legal busca impedir tramas corruptas como la del ‘caso Lezo’

"El Canal ha sido de todo, especialmente un juguete que permitía comprar muchas cosas, fuesen empresas, inmuebles o viajes, porque había mucho dinero", resume César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad. "Se le han cargado gastos muy locos y ni ellos mismos saben muy bien cuántas empresas y cuántos inmuebles tiene el Canal, porque se creó una red tan opaca, tan grande y con tantas empresas interpuestas, que nadie puede saberlo a ciencia cierta", subraya el número dos del partido de Ignacio Aguado. "Si los madrileños pueden recuperar su dinero, mejor que mejor, pero sobre todo lo que tienen que recuperar es una empresa pública que se dedique a la gestión y no al pelotazo y al chanchullo".

"Hemos asistido con indignación a la perdida de patrimonio y recursos de las administraciones públicas a manos de estos gestores", lamenta Diego Cruz, diputado del PSOE, sobre las decisiones del PP. "En lugar de cuidar lo que es de todos, envilecen el objeto esencial de la política, que debe ser promover el bien común y no ser fuente de alimentación para la voracidad depredadora de algunos mercaderes".

La modificación legal aprobada el jueves obligará al Canal a recibir el visto bueno del consejo de Gobierno de la Comunidad, —que deberá ser comunicado a la Asamblea— para crear o disolver sociedades de capital o realizar actos "que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de dichas sociedades". Sin embargo, el cambio no llega a tiempo de detener la aventura americana. El caso Lezo, por el que fue detenido Ignacio González, expresidente de la Comunidad, ya está en los tribunales.