Ciudadanos y PP impiden por ley la privatización del Canal de Isabel II

PP y Ciudadanos han blindado este jueves el carácter público del Canal de Isabel II al aprobar con los votos en contra del PSOE y de Podemos una modificación legal impulsada por el partido de Ignacio Aguado y ya recogida en el pacto de investidura que este firmó con Cristina Cifuentes. Como adelantó EL PAÍS, el acuerdo entre las dos formaciones  prolonga los pactos para aprobar los Presupuestos de 2019 y una rebaja de la presión fiscal, llenando de contenido legislativo al final de la legislatura.

"Ponemos fin a una etapa negra", ha dicho Aguado a su llegada al pleno. "Vacunamos al canal para que no se vuelva a repetir y que sea referente por la calidad del agua, que la tiene, y no por los chorizos y los mangantes que se han aprovechado de ella en España y en América".

"Estamos ante unos cambios que nada cambian y que, como señalábamos en anteriores debates frente a un modelo cerrado de compañía pública prestacionista no avanza hacia modelos contemporáneos de participación, de rendición de cuentas permanente y de cooperación e implicación de la empresa en su entorno social", ha discrepado el diputado Diego Cruz.

"No aportan ni una sola medida para el control en el Canal de Isabel II para que no vuelva a suceder lo que ha pasado durante estos cuatro años", ha criticado Hugo Martínez Abarca, diputado de Podemos.

El texto aprobado, que modifica la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del año 2008, establece que la sociedad anónima encargada de la gestión del agua en la región "tendrá un capital exclusivamente público" con la participación de la Comunidad de Madrid y de las entidades locales integradas: el 82% de las acciones son de la Comunidad; el 10% del Ayuntamiento; y el 8% restante de un centenar de municipios de la región. Además, se exigirá la autorización previa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que el Canal pueda crear o disolver sociedades "con limitación de responsabilidad". Finalmente, el Canal también necesitará esta autorización para "realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa e indirecta en el capital de dichas sociedades".