El PP y Ciudadanos ultiman un pacto para prohibir la privatización del Canal de Isabel II

El PP y Ciudadanos ultiman un acuerdo para modificar la ley de medidas fiscales y administrativas e impedir la privatización de la empresa del Canal de Isabel II, que alentó el Gobierno regional durante la etapa de Esperanza Aguirre. La normativa vigente permite que el capital privado entre en la compañía pública, responsable del abastecimiento del agua en la región. Tras pactar la aprobación de los Presupuestos y una rebaja fiscal, Ángel Garrido e Ignacio Aguado esperan blindar entre diciembre y enero el carácter público del Canal, según avanzan a EL PAÍS fuentes de la negociación.

"El objetivo es blindar que la empresa sea pública al cien por cien e impedir que se pueda vender las acciones a entidades privadas", explicaron fuentes conocedoras de las conversaciones entre el PP y Ciudadanos, que recordaron que el 82% de las acciones son de la Comunidad; el 10% del Ayuntamiento; y el 8% restante de un centenar de municipios de la región.

Todo empezó en el debate del Estado de la región de 2008. Allí, para sorpresa de todos, Esperanza Aguirre anunció la transformación del Canal en una sociedad anónima y comunicó que sería posible vender el 49% de sus acciones. La propuesta espoleó protestas inmediatas. El PSOE acudió al Constitucional. Los trabajadores de la compañía se manifestaron. Y las movilizaciones continuaron al calor del 15-M, hasta alcanzar su punto culminante: casi 200.000 personas se opusieron en 2012 a la privatización, votando en una consulta popular que se extendió a través de 300 mesas instaladas por toda la región.

Sin embargo, el proyecto de privatización nunca se detuvo. En 2010, el Ejecutivo de Aguirre encargó a cuatro consultoras los estudios previos. En 2012, la propia Aguirre confirmó que el proceso seguía en marcha tras desayunarse una portada del Financial Times que decía lo siguiente: "Madrid prepara una ola de privatizaciones". "Mire, el Canal de Isabel II sí, lo demás no", dijo la presidenta, excluyendo al Metro de esa política. Y en 2015, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, instó a la entonces presidenta regional, Cristina Cifuentes, a modificar la ley para impedir definitivamente la privatización.

Diciembre

A ese punto pretenden llegar ahora el PP y Ciudadanos, que incluyó esa exigencia en el acuerdo de investidura de Cifuentes.

La iniciativa será tramitada entre diciembre y enero, llenando de contenido legislativo al final de una legislatura que amenazaba con morir ahogada por la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Según fuentes de los dos partidos, las negociaciones sobre los Presupuestos se han producido en paralelo a las conversaciones sobre el Canal, que han mantenido el vicepresidente Pedro Rollán y el número dos de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra.

"La titularidad de las acciones que constituyen el capital social únicamente podrán corresponder a la Comunidad de Madrid y a Ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial", reza el texto que ha propuesto Ciudadanos. "La participación de la Comunidad no podrá ser inferior, en ningún caso, al 51% del capital social".