Ciudadanos quiere evitar por ley la privatización del Canal de Isabel II

Ciudadanos propone una reforma legislativa para garantizar el carácter totalmente público del Canal de Isabel II. Para ello, este martes va a registrar en la Asamblea una proposición de ley que obliga a la Comunidad de Madrid a mantener, como mínimo, el 51% de su participación. El resto de acciones solo se podrán vender a Ayuntamientos madrileños. Ahora, la Comunidad dispone del 80% de las acciones, un 10% están en manos del Ayuntamiento de la capital y el 10% restante en poder de un centenar de consistorios de la región. Con la normativa vigente, sin embargo, eso puede cambiar, ya que se permite la entrada de capital privado en la empresa que gestiona el agua en la región.

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En diciembre de 2008, la Comunidad de Madrid abrió la puerta a la privatización del Canal de Isabel II. La ley de Medidas Fiscales y Administrativas autorizaba la constitución de una sociedad anónima que se encargara de realizar las actividades del Canal y permitía la venta a inversores privados de hasta el 49% de su accionariado. “Este cambio legislativo es fundamental para que el PP deje de saquear el Canal de Isabel II. Queremos dotarle de una certidumbre que no ha tenido en los últimos años”, explica Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. Tras el registro, el texto pasará por la Mesa del Parlamento y se iniciará el procedimiento. La aprobación de la reforma legal podría estar disponible antes de que acabe el año.

“El PP quiso privatizar el Canal en 2016, pero Ciudadanos consiguió incluir un punto en el acuerdo de investidura que evitaba esa privatización. A día de hoy, lo que tenemos es un acuerdo político, nadie dice que cuando termine la legislatura dentro de dos años, el PP no vuelva a las andadas”, subraya Aguado. Con este cambio normativo, se garantizaría por ley que el 100% de la titularidad del Canal estuviese en manos públicas, ya sea de la Comunidad o de los Ayuntamientos madrileños. “Evitamos que llegue un partido que pueda trocearlo o venderlo”, insiste Aguado.

“Cambiar la estructura”

Ciudadanos también pretende que cualquier operación societaria que se produzca dentro del Canal (creación de nuevas empresas o compra-venta de filiales), tenga que pasar obligatoriamente por el Consejo de Gobierno. Con la normativa actual, estos cambios no requieren su autorización. Posteriormente, el Gobierno regional deberá informar a la Asamblea. La formación naranja destaca que la reforma que plantea no supone ningún coste económico para los madrileños y asegura que, con ella, el ente público y todas las sociedades participadas quedarían sometidas a la ley de transparencia. “Así se podrá fiscalizar y nos permitirán acceder a las cuentas. No solo hay que poner en marcha comisiones de investigación, también hay que cambiar la estructura y la legislación que le afecta“, subraya Aguado.

La Comunidad de Madrid justificó hace ocho años la privatización del Canal ante la necesidad de “realizar un gran esfuerzo adicional de inversión en nuevas infraestructuras y procesos tecnológicos, que es preciso financiar con la captación externa de recursos económicos que nos permita hacer frente a las inversiones en infraestructuras y desarrollos que se precisan para gestionar de forma eficaz y eficiente el servicio integral del ciclo hídrico”. Ciudadanos sostiene, sin embargo, que la realidad hoy es otra. “Aquellos retos de futuro han podido ser superados con éxito gracias al único y exclusivo recurso de los ingresos públicos”, afirma en la exposición de motivos de su propuesta.