El Poder Judicial retrasa a finales de febrero su informe al Senado sobre la ley de amnistía

El informe sobre la proposición de ley orgánica de amnistía que el Senado encargó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no llegará a la Cámara alta antes de finales de febrero, después de que la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces haya aprobado este jueves solicitar del Senado una ampliación del plazo para confeccionar dicho texto. La ampliación es por 15 días, pero fuentes del propio Consejo explican que este nuevo plazo retrasa la entrada del informe en el pleno ―que es el órgano que debe aprobarlo― hasta el último jueves de febrero. Es decir, al día 25, que es cuando el texto se sometería a votación de los vocales. Este sería el calendario salvo que se convocase un pleno extraordinario, que de momento nadie quiere.

El informe será contrario a los puntos esenciales de la proposición de ley pactada por el PSOE y sus socios independentistas, dada la actual mayoría conservadora del Poder Judicial. Y junto a él se remitirán al Senado los votos discrepantes, que tanto el sector conservador como el progresista del Consejo dan por descontados, ya que por los antecedentes del debate sobre la ley de amnistía nadie cree en el órgano de gobierno de los jueces que vaya a haber un informe de consenso. En lo que sí lo ha habido es en la petición de la prórroga para elaborar el texto. Los ponentes ―Wenceslao Olea, del grupo conservador, y Mar Cabrejas, del progresista― no han discrepado sobre la conveniencia de disponer de más tiempo para confeccionar sus respectivas propuestas.

En el Consejo, que lleva más de cinco años en funciones tras expirar su mandato en diciembre de 2018, predomina la idea de que no tiene mucho sentido elaborar con ciertas prisas un informe sobre la proposición de ley de amnistía cuando aún no se ha iniciado el debate del texto en comisión en el Congreso. Si se hubiera pedido un dictamen sobre un proyecto de ley ―es decir, sobre una iniciativa del Gobierno―, el Consejo hubiera tenido que hacerlo sin esperar a que avanzasen las tareas de discusión parlamentaria. Pero este informe se refiere a una proposición de ley orgánica del Grupo Socialista en el Congreso, y lo ha pedido la Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría. Y en paralelo han sido también los populares los que han impulsado una reforma del reglamento de la Cámara alta que permitirá alargar hasta dos meses la tramitación parlamentaria de la proposición de ley. Es decir, que ha sido la fuerza política que tiene mayor interés en este dictamen la que ha preferido dilatar los plazos, mientras en paralelo encargaba a través del propio Senado un informe al Poder Judicial, donde existe una mayoría conservadora que ya se ha manifestado críticamente sobre el encaje legal de la amnistía.

En concreto, el 6 de noviembre el Consejo del Poder Judicial dio a conocer una declaración en la que afirmaba: “la aprobación de una ley de amnistía, cualquiera que fuese su fundamentación, y cualquiera que fuesen sus aspectos objetivos y subjetivos, entra en conflicto con principios constitucionales diversos, (…) entre ellos el de exclusividad de la jurisdicción, que justifican que este Consejo, como órgano constitucional cuya misión esencial es velar por la independencia judicial, exprese su preocupación ante la inminente tramitación de aquella”. El texto añadía que la concesión de una amnistía constituye “una grave vulneración” de los derechos fundamentales y del sistema de división de poderes en el que se inspira la Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho.