Un vocal conservador y una progresista redactarán el informe del CGPJ sobre la amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado este martes a los dos ponentes que redactarán el informe de este órgano sobre la proposición de ley de amnistía: el vocal conservador Wenceslao Olea y la progresista Mar Cabrejas. Así lo ha decidido la comisión permanente, que no ha fijado un plazo para la elaboración del dictamen, solicitado por la Mesa del Senado, Cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta. En el Consejo existían dudas de si el texto debía redactarse ya o esperar a que la proposición de ley llegue al Senado cuando sea aprobado por el Congreso por trámite de urgencia, pero fuentes de la permanente consultadas señalan que lógico es que, si se ha pedido ya, se redacte ya y se envíe cuando esté listo.

El Consejo debe pronunciarse de forma preceptiva sobre los proyectos de leyes que impulsa el Gobierno, pero este trámite se elude en las proposiciones de ley como la registrada por el PSOE para tramitar la amnistía. El sector conservador del órgano de gobierno de los jueces se ha manifestado públicamente en contra de que esta norma se pudiera aprobar sin la opinión del Consejo y los populares han encontrado la vía para que este pronunciamiento se produzca. El informe del CGPJ, en cualquier caso, no será vinculante.

El Consejo ya aprobó una resolución contra la medida de gracia, un pronunciamiento que se produjo incluso antes de que la proposición de ley fuera registrada. Pero ese texto —acordado por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco—, que considera que la amnistía supone “la degradación, cuando no la abolición” del Estado de derecho, tenía carácter eminentemente político. Al informe que redacten ahora se le presupone un contenido más jurídico.

Para los informes de las leyes más complejas, el CGPJ suele designar a al menos dos vocales y de distintas sensibilidades, y así lo ha hecho también esta vez. Los dos elegidos para el dictamen sobre la amnistía tuvieron opiniones opuestas sobre la decisión del Consejo de acordar un texto contrario a la medida de gracia, a juzgar por las posiciones que adoptaron en el pleno en el que se aprobó esa declaración.

Olea no estuvo entre el grupo de vocales conservadores que impulsó ese pronunciamiento, pero acabó sumándose al mismo tras acordar la incorporación de varios añadidos al texto en los que incluyó, sobre todo, una extensa explicación jurídica de la posición de estos vocales, que consideran que la amnistía no cabe en la Constitución. Cabrejas, por su parte, votó en contra de esa resolución y suscribió, junto a otras vocales progresistas, un voto particular en el que sostenían que con la declaración institucional promovida por los conservadores “se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos”.