Sánchez y Feijóo inician un nuevo intento de renovar el CGPJ pero el PP exige cambiar la ley

El cuarto intento sólido de renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato ha caducado hace cinco años, arrancará en La Moncloa en los próximos días, aunque con pocas expectativas de éxito por las condiciones que pone el PP, que exige reformar el sistema de elección a la vez que se renueva el órgano. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reiniciar la negociación que se truncó el año pasado en una reunión en La Moncloa antes de fin de año. El equipo de Sánchez se ha puesto en contacto con el de Feijóo —ha sido una llamada entre los jefes de gabinete, a iniciativa de La Moncloa— para plantearle tres fechas posibles para esa reunión con tres temas claros encima de la mesa: la renovación del CGPJ, la nueva financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos”. La reunión se va a producir, aunque aún no se ha cerrado la fecha, porque el PP asegura que acudirá “por sentido institucional y democrático”, pero el texto con el que los populares han dado a conocer su posición sobre esta cita indica las pocas expectativas de éxito con la que se afronta.

“El gabinete del presidente del PP ha descartado cualquier posibilidad que pase por una mesa de negociación en los términos acordados con los partidos independentistas”, arranca el texto. “Moncloa ofreció varias fechas, pero el PP prefiere pactar el qué y el para qué antes del cuándo. Además, ha pedido un orden del día de la reunión por escrito y ha avanzado la intención de Feijóo de incorporar varios temas al mismo. A juicio del PP, que la llamada se produzca unas horas antes de la toma en consideración la ley de amnistía hace presuponer que este contacto tenga como principal objetivo el apartar la atención de una cuestión que agita emocionalmente a todo el país y que supone una humillación para todos los españoles”, añade.

Pero sobre todo, lo más relevante del texto del PP son las condiciones: “Para renovar el CGPJ es imprescindible modificar la ley para despolitizar la justicia, en los términos que reclama Europa”, señala el PP. Después de señalar que primero se tenía que reformar el sistema de elección para que sean los jueces los que elijan directamente a 12 de los 20 miembros, el PP ha virado ligeramente la posición y ahora Feijóo señala que se tendría que hacer la renovación de manera “simultánea” a la aprobación de la reforma. Sin embargo, la posición oficial de la Comisión Europea, reiterada la semana pasada por el comisario de Justicia, Didier Reynders, es que primero hay que renovar el CGPJ, que lleva cinco años con el mandato caducado y es algo, por tanto, extremamente urgente, porque está perjudicando el normal funcionamiento de algunos tribunales relevantes, y después plantear la renovación de la ley. Reynders fue muy claro.

En una entrevista en Telecinco en la noche de este lunes, Sánchez dio más detalles. Insistió en que él quiere una comisión de trabajo para desarrollar la negociación, algo que rechaza Feijóo, e incluso anunció que por parte socialista estarían en ella María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda; Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia; y Patxi López, portavoz parlamentario. “No doy por perdido que lleguemos a acuerdos los dos grandes partidos”, ha dicho durante su entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras.

El presidente también ha mostrado su malestar por el comunicado del PP con sus condiciones. “Cuando yo era líder de la oposición y el presidente Rajoy me llamaba, yo iba y no ponía ninguna condición”, ha asegurado. Sánchez se ha mostrado optimista de que pueda haber acuerdo, pero ha dejado claro que no aceptará condiciones para renovar el CGPJ. “Cuando hablamos de cumplir con la Constitución no se pueden poner condiciones. Llevamos cinco años. Esto está afectando a la calidad de la justicia. Las sentencias del Tribunal Supremo se están retrasando, ya hemos gastado 10 millones de euros en reforzar el Supremo”, ha asegurado.

El PSOE asegura que su posición es la misma que llevó a un pacto casi cerrado hace un año, cuando ambos partidos tenían ya hasta redactada una proposición de ley que presentarían conjuntamente al Congreso en la que se instaba al nuevo CGPJ a enviar al Congreso una propuesta de reforma del sistema de elección para que los jueces tengan más peso en la elección. Los socialistas rechazan de plano la idea de que los jueces elijan de forma directa a 12 miembros, sin intervención del Congreso —como era antes de 1985—, porque eso implicaría que habría para siempre una mayoría del CGPJ conservadora, porque las asociaciones judiciales de este signo tienen más peso, lo que haría que uno de los tres poderes del Estado estuviera siempre en manos conservadoras, al margen de lo que voten los ciudadanos, algo que consideran poco democrático.

El PP no se animó a cambiar este sistema de elección cuando tuvo mayoría absoluta y pudo hacerlo, pero ahora lo exige como condición para renovar. Si la aprobación de ese cambio es una condición para la renovación, esta podría bloquearse de nuevo. Pero lo que está claro es que de momento habrá al menos un nuevo intento de negociación. Sánchez ya hizo dos sólidos con Pablo Casado —uno en 2018, con Manuel Marchena como posible presidente del CGPJ, y otro en el verano de 2021— y en ambos se echó para atrás en el último momento y otro con Feijóo, el año pasado, en el que el líder del PP se echó atrás al comprobar que Sánchez iba a reformar el delito de sedición en el Código Penal.

El otro gran asunto, en el de la financiación autonómica, tampoco parece sencillo de acordar. “Para hablar de financiación autonómica es imprescindible abandonar la negociación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España, que recogía el acuerdo que hizo presidente a Pedro Sánchez y trabajar en un modelo que respete a todas las CCAA y no privilegie solo a una de ellas”, señala el comunicado del PP.

Y en lo único que sí hay acuerdo claro es en la reforma del artículo 49 de la Constitución y eliminar el término “disminuidos”, aunque aquí el PP también pone una condición: “Para la reforma de la Constitución para modificar el artículo 49, la respuesta es sí y cuando antes, siempre que los socios de Sánchez den garantías de que no usarán este cambio para pedir nuevas modificaciones en el texto constitucional”. Este acuerdo estaba ya cerrado hace tiempo, y los socialistas daban garantías de que no se abrirán el melón constitucional con esta excusa, pero la relación entre los dos partidos es tan mala que de momento ni siquiera se ha podido pactar esta sencilla modificación que reclaman hace años los representantes de los discapacitados.