Principio de acuerdo entre el Gobierno y el PP para eliminar el término “disminuidos” del artículo 49 de la Constitución

El Gobierno y el PP han alcanzado un principio de acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término “disminuidos” del texto constitucional, sustituyéndolo por “personas con discapacidad”, según ha anunciado en el Congreso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y ha confirmado después la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que se han reunido este miércoles en la Cámara baja. El Ejecutivo discutirá ahora con los populares un texto consensuado, pero también con el resto de grupos parlamentarios, para que se trate de un pacto lo más amplio posible. El PSOE y el PP han acordado “ceñir” la reforma estrictamente al artículo 49 y evitar que se abra el melón de una discusión más amplia sobre la Constitución, así como ajustar el texto al informe elaborado por el Consejo de Estado.

El artículo 49, en su redacción actual, dice: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. En la propuesta de reforma aprobada por el Consejo de Ministros, el término “disminuidos”, que según Bolaños supone “una terminología casi ofensiva”, es sustituido por “las personas con discapacidad”. Además, el texto añade una referencia a que este colectivo gozará de los derechos recogidos en los tratados internacionales ratificados por España.

No obstante, el texto que salió del Consejo de Ministros se reelaborará ahora para añadir las aportaciones de la enmienda registrada por el PP, que recoge el dictamen del Consejo de Estado al respecto. También se consensuará con el resto de grupos parlamentarios y con el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Evitar un referéndum

El Gobierno y el PP han “sentado las bases” para un acuerdo, según fuentes del PP, con un consenso sobre el perímetro de la reforma constitucional, que de prosperar supondría el primer pacto de Estado entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición en esta legislatura. El marco acordado consiste en ceñir la modificación constitucional a la discapacidad, incorporar el dictamen del Consejo de Estado, y evitar un referéndum.

El PP acudía con recelo a la reunión, con el temor de que la reforma pueda funcionar como caballo de Troya para abrir el melón de una modificación más amplia de la Carta Magna. Los populares querían garantías del Gobierno de que sus aliados parlamentarios no forzarán un referéndum sobre la reforma, según fuentes del partido. La Constitución establece que una décima parte de los diputados (35) pueden obligar a que se celebre una consulta sobre cualquier reforma constitucional. Una cifra que alcanzan los grupos minoritarios, la mayoría socios parlamentarios del Gobierno de coalición. Fuentes del Gobierno han precisado que no pueden garantizar que otros grupos fuercen un referéndum, pero el Ejecutivo comparte con el PP que la reforma se apruebe en las Cortes, sin consulta, y en el diálogo que se abre ahora con el resto de grupos se buscará ese consenso.

El PP justifica sus temores en el movimiento de algunos aliados del Ejecutivo, que han registrado ya enmiendas a la propuesta de reforma del artículo 49 para incluir el debate sobre otros asuntos que nada tienen que ver con la discapacidad. Es el caso del PNV, que ha registrado un grupo de enmiendas entre las que se incluye una para recoger en una disposición adicional el “derecho a decidir” de Euskadi en un “ejercicio pactado con el Estado”. El grupo vasco plantea también eliminar el artículo 155 de la Constitución y eliminar la atribución a las Fuerzas Armadas de la función de garantizar el ordenamiento constitucional y la integridad territorial de España.

La reforma “debe ceñirse única y exclusivamente al artículo 49″, ha subrayado, en cambio, Cuca Gamarra en una comparecencia en el escritorio del Congreso. “Eso es a lo que nos hemos emplazado, a que nadie se aproveche de esta circunstancia para intentar otros objetivos”, ha enfatizado la portavoz parlamentaria del PP. La secretaria general de los populares ha confirmado en todo caso la disposición del PP a un acuerdo rápido. “Le vamos a dar prioridad y por nuestra parte no será. Me alegro de que se haya producido este encuentro. Mucho ha tardado, pero aquí estamos”. Por su parte, el ministro de la Presidencia se ha felicitado “de que el PP haya cambiado de criterio y se avenga a reformar el artículo 49″, ya que los populares habían registrado junto con Vox una enmienda a la totalidad. Los populares argumentaban en esa enmienda que no era “el momento político oportuno”, para la reforma, debido a la presencia en el Gobierno de “partidos que cuestionan abiertamente la Constitución española y cuya voladura pretenden”. El Gobierno y el PP se reprochan mutuamente el retraso en abordar este asunto, a pesar de su coincidencia en el fondo.

En lo que va de legislatura no ha sido posible que el PSOE y el PP cerraran ni el mínimo acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha cumplido más de tres años bloqueado. Este asunto ha salido en la reunión entre el Gobierno y el PP de este miércoles, pero como un mero cruce de reproches, sin ningún avance, según fuentes de ambas partes.

La Constitución española de 1978 ha sido reformada dos veces, ambas por el procedimiento ordinario. La primera, en 1992, para permitir el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los extranjeros, por exigencia del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. La segunda, en 2011, para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria, durante la crisis económica de 2008. A diferencia de las veces anteriores, ahora el PSOE y el PP no tienen juntos el 90% de los diputados de las cámaras, por lo que están obligados a contar con otros grupos.

El procedimiento ordinario de reforma constitucional exige una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras. De no lograrse la aprobación, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. El PSOE y el PP no cuentan por sí solos con tres quintos o dos tercios del Congreso, así que se hace necesario el concurso de otros grupos.