La derecha del poder judicial ultima otro informe contra la ley de amnistía

Varios vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cinco años, han iniciado las tareas para la confección de un informe sobre la proposición de ley de amnistía con objeto de hacerlo público en las próximas semanas, mientras se tramita en el Congreso de los Diputados.

La iniciativa ha surgido a raíz de que la Mesa del Senado, con mayoría absoluta del PP, aprobara el día 5 solicitar tanto al órgano de gobierno de los jueces como al Consejo Fiscal su criterio sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista.

La petición del Senado ya ha llegado al Consejo del Poder Judicial, que en los próximos días nombrará al ponente o ponentes del futuro dictamen. De hecho, alguno de los integrantes del sector conservador ya había comenzado las tareas preparatorias del informe. Ocho de los 17 vocales del actual CGPJ, todos ellos elegidos a propuesta del PP, iniciaron hace semanas una estrategia de ataques reiterados al Gobierno por los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Esos acuerdos incluían la presentación de la proposición de ley de amnistía para beneficiar a cerca de 400 encausados por el proceso independentista catalán, incluido el expresidente Carles Puigdemont. La iniciativa legislativa comienza el martes su andadura parlamentaria con la toma en consideración de la proposición en el Congreso.

El criterio que se impondrá en el CGPJ, dada su actual mayoría conservadora, será muy crítico con la proposición de ley y cuestionará su constitucionalidad, según indican distintos vocales. El 6 de noviembre, la mayoría conservadora del CGPJ apoyó una declaración contra la ley de amnistía, incluso antes de conocer su contenido.

En dicha declaración se exponía la opinión de que la medida de gracia no solo “no es compatible con el principio de Estado de derecho”, sino que crea “una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos”. “Mediante esa ley singular”, señalaba la declaración, “se vendrían a declarar nulas las sentencias dictadas por los diferentes tribunales y esa ley singular vendría a invadir las competencias que en exclusividad (artículo 117.3 de la Constitución) tienen encomendadas los tribunales”.

La propuesta del PP para que se consultara al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre la ley de amnistía fue formulada también en el Congreso, pero la mayoría con que PSOE y Sumar cuentan en la Mesa de la Cámara baja impidió que la iniciativa prosperara.

Las proposiciones de ley no requieren los informes del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo de Estado, que sí son preceptivos (aunque no vinculantes) cuando se trata de proyectos de ley remitidos por el Gobierno a las Cortes.

Injerencia

Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS señalan que la iniciativa del Senado de pedir un informe al CGPJ sobre una proposición de ley debería estar recogida como posibilidad en el reglamento de la Cámara alta, algo que no ocurre. El PP no la incluyó en la modificación del reglamento aprobada hace varias semanas para prologar hasta dos meses la tramitación de la amnistía una vez que se haya aprobado en el Congreso.

Las mismas fuentes señalan que la petición del Senado en este momento supone una injerencia en los trabajos del Congreso, que ni siquiera han empezado todavía a tramitar la proposición de ley, por lo que se podría dar la circunstancia de que el CGPJ elabore el informe sobre un texto diferente al que recibirá el Senado para su tramitación una vez que lo apruebe el Congreso.

Vocales del Consejo del Poder Judicial indican que la petición del Senado, forzada por la mayoría absoluta del PP, supone el escenario idóneo para que el órgano de gobierno de los jueces vuelva a hacer oír su voz en esta materia con amparo parlamentario, aunque el sector conservador habría elaborado el informe sin necesidad de que se lo requiriera la Cámara.

En la última comisión permanente del organismo, celebrada la semana pasada, los conservadores intentaron forzar una durísima declaración contra las comisiones de investigación creadas en el Congreso para investigar las maniobras policiales contra independentistas catalanes y el espionaje a dirigentes de la Generalitat con el programa Pegasus. El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, también elegido en su día a propuesta del PP, se plantó con los dos representantes del sector progresista para impedirlo. Guilarte se ha distanciado en las últimas semanas de la ofensiva conservadora del Poder Judicial, advirtiendo incluso de que el Consejo no debería incurrir en injerencias indebidas sobre el poder legislativo.

El PP denunció en diversas ocasiones durante la pasada legislatura que el Ejecutivo de coalición utilizase la vía de las proposiciones de ley a través de los partidos que lo formaban, PSOE y Podemos, para evitar así recabar el informe de los órganos consultivos del Estado. La mayoría absoluta del PP en el Senado ha permitido ahora que se apruebe la solicitud del informe sin estar legalmente previsto.

Sin renovación a la vista

Los últimos pasos dados por el PP en el Senado, aprobando la petición del informe, y el propósito de varios vocales del sector conservador de elaborarlo, aunque no se hubiera solicitado, se interpretan en fuentes del propio órgano de gobierno de los jueces como un dato más que configura un escenario en el que va a ser muy difícil que el Ejecutivo y la oposición aproximen posturas sobre política judicial a corto plazo.

En medios del Consejo, tanto del sector conservador como del grupo progresista, se estima poco probable que puedan producirse avances significativos en el encuentro propuesto por el presidente, Pedro Sánchez, al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, antes de fin de año.

El pesimismo alcanza a la propia renovación del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que continúa un debate sin salida a la vista. La iniciativa del presidente provisional del Poder Judicial, Vicente Guilarte, para facilitar dicha renovación ha generado reservas en ambos sectores del órgano de gobierno de los jueces.

La propuesta de Guilarte, detallada en un artículo que publicó en EL PAÍS, consiste en quitar la competencia clave al Consejo General del Poder Judicial sobre los nombramientos de cargos judiciales para dejarla en manos de los propios jueces de audiencias y tribunales superiores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a sugerir que si no hay acuerdo con el PP, podrían impulsar alguna propuesta de reforma de la Ley del Poder Judicial que recoja las ideas de Guilarte.

Tanto conservadores como progresistas estiman que la competencia para los nombramientos de los altos cargos de los órganos jurisdiccionales —como el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de las comunidades autónomas o la Audiencia Nacional— deben seguir en manos del Consejo General del Poder Judicial. Vocales de ambos sectores consideran que en modo alguno se debe dejar esta función a un nuevo organismo independiente del Consejo, posibilidad que contempla la que ya ha sido bautizada como vía Guilarte para tratar de desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.