El Poder Judicial advierte de que “se mantendrá vigilante” con las comisiones del Congreso del ‘lawfare’

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace cinco años, se ha reunido este martes de forma extraordinaria con un único punto en el orden del día: responder a la tramitación de las comisiones de investigación en el Congreso pactadas entre el PSOE y los partidos independentistas, en las que Junts y ERC pretenden que se clarifique si hubo casos de lawfare (persecución judicial con fines políticos). Pero la reunión ha derivado en una nueva bronca interna en la que el voto de calidad del presidente suplente, Vicente Guilarte, ha servido, junto al voto de dos vocales progresistas, para sacar adelante una declaración que rebaja considerablemente la carga política del texto que pretendían aprobar los conservadores, que fueron quienes reclamaron que la permanente se pronunciara. En el texto aprobado, el Consejo reitera su rechazo a las referencias al lawfare y advierte de que se mantendrá “vigilante” en relación con el desarrollo de las comisiones parlamentarias de investigación en defensa de la independencia judicial

La comisión permanente, el principal órgano de decisión del Consejo tras el pleno, ya se pronunció sobre el lawfare horas después de que se conociera el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts, que abre la puerta a que en las comisiones de investigación sobre el caso Pegasus, sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils y sobre la llamada Operación Cataluña (el presunto uso de la policía por parte del Gobierno del PP para desacreditar a políticos independentistas catalanes) se examine si hubo casos de lawfare. Ese texto salió adelante con el apoyo de seis de los siete miembros de la permanente del Consejo, incluidas las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas. Solo votó en contra la también progresista Pilar Sepúlveda. En aquel primer comunicado, el Consejo calificó de “inadmisible” esa referencia a una supuesta persecución judicial a políticos independentistas.

Pero, según explican fuentes del órgano, en el pleno del pasado jueves, algunos vocales conservadores reclamaron que se diera una respuesta más dura, aprovechando que la Mesa del Congreso ya había dado el visto bueno a la tramitación de las comisiones. De ahí surgió la reunión extraordinaria de la comisión permanente celebrada este martes, a petición de tres de los cuatro vocales conservadores que integran ese órgano (José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart). Estos tres consejeros han llegado a la reunión con un texto en el que se reprochaban explícitamente declaraciones sobre la supuesta existencia de lawfare realizadas en los últimos días por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Transporte, Óscar Puente, y el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Ese texto se ha sometido a votación, pero solo ha recibido el apoyo de los tres vocales que lo proponían, mientras que los progresistas y Guilarte han votado en contra y han propuesto uno alternativo que reproduce íntegramente el del 9 de noviembre, aunque incluye la determinación a mantenerse “vigilante, en defensa de la independencia judicial”, sobre esas comisiones de investigación. Este es el acuerdo que finalmente se ha aprobado, gracias al voto de calidad que tiene Guilarte como presidente del órgano, que ha deshecho el empate de tres votos a favor y tres votos en contra. La progresista Sepúlveda ha votado en blanco.

El texto reproduce el contenido del acuerdo anterior: “Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al lawfare —judicialización de la política— contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de lawfare, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales”, señala el comunicado. El texto recoge también el “repudio” del CGPJ hacia esas comisiones de investigación “en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial” de los tribunales, y añade: “Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos”.

Los tres conservadores que pidieron la convocatoria de la reunión han emitido un voto particular que recoge la propuesta que la comisión permanente ha rechazado. Este texto sostiene que la creación de estas comisiones de investigación en el Congreso pretende “generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería solo la legal —penal, civil o disciplinaria— sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la Ley”. “La creación de las comisiones de investigación en fraude de ley, o el planteamiento de sorprendentes querellas conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que, sin embargo, se han limitado a aplicar, con las garantías propias de un juicio justo según los más altos estándares del Estado de Derecho, leyes, como el vigente Código Penal, aprobadas por las Cortes Generales nacidas de la Constitución Española”, añade el texto.