El primer debate de la amnistía en el pleno del Congreso será el 12 de diciembre

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá por primera vez sobre la amnistía para los encausados del procés el próximo 12 de diciembre, martes. Se decidirá entonces la toma en consideración y tramitación de urgencia de la proposición de ley que ha presentado el PSOE como parte del pacto con los partidos independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez. En ese mismo pleno también se decidirá sobre la creación de las comisiones parlamentarias para investigar si existe en España lawfare (guerra o acoso judicial contra un colectivo), el presunto espionaje del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) a independentistas y el supuesto espionaje del caso Pegasus; tres comisiones que los socialistas aceptaron el pasado agosto a cambio del voto de ERC y Junts para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara. La Junta de Portavoces ha tomado esta mañana la decisión, con el rechazo del PP y Vox, y también ha fijado para el día siguiente, 13 de diciembre, la primera sesión de control al Gobierno.

La Mesa del Congreso ya calificó de forma favorable el pasado 21 de noviembre, con la mayoría del PSOE y Sumar y el voto en contra del PP, la ley de amnistía, tras el informe de los letrados, dirigidos por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, que no ve elementos de inconstitucionalidad “palmarios y evidentes”.

La proposición de ley de amnistía planteada por el PSOE, tras sus acuerdos con los partidos independentistas, anula la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso secesionista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

Una vez que el PSOE y sus socios le den vía libre en el pleno del día 12 para continuar su camino parlamentario, se abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas. Tanto el grupo socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, lo que recortara todos los plazos a la mitad. Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios. Los partidarios de la amnistía tienen la posibilidad de solicitar que la proposición se tramite por lectura única (con el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un solo debate en el pleno, sin pasar por ponencia ni comisión). De momento, esa opción, que permitiría dejar la norma aprobada en el Congreso antes de fin de año, no parece estar sobre la mesa.

Además de la proposición de ley, el pleno de la próxima semana debatirá la creación de las comisiones de investigación pactadas por Pedro Sánchez para su investidura. Se trata de dos presentadas conjuntamente por Junts y PNV sobre la llamada Operación Cataluña (el presunto uso de la policía por parte del Gobierno del PP para desacreditar a políticos independentistas catalanes) y las actuaciones de Interior durante los gobiernos del PP contra el independentismo catalán, y sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. También examinará la creación de una tercera comisión solicitada por ERC y Bildu sobre el espionaje con el programa Pegasus del que, según un informe de una universidad canadiense, supuestamente fueron víctimas en sus móviles 65 políticos, activistas, periodistas y abogados por su vinculación al independentismo catalán o vasco.

Firmas contra la amnistía

Coincidiendo con el acuerdo de la Junta de Portavoces, la Fundación Hay Derecho ha entregado este martes más de 100.000 firmas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, contra la proposición de Ley de Amnistía. Esta iniciativa se enmarca en la campaña que tiene en marcha esta entidad en “defensa del Estado de derecho” y por la que ya se ha dirigido, entre otros, al presidente del Gobierno, al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y al alto representante de la UE, Josep Borrell. La Fundación considera que la ley de amnistía supone “un riesgo para el principio de separación de poderes [y] la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley” y que “cuestiona la propia realidad del Estado de Derecho en España al asumir el relato independentista”.

Esta fundación ha solicitado, además, por carta a todos los grupos parlamentarios la comparecencia de sus portavoces en una comisión parlamentaria para explicar la proposición de ley, y reclama que se abra “un debate plural y constructivo sobre la defensa del Estado social y democrático de Derecho y los límites de los acuerdos políticos en una democracia”. “La respuesta masiva a nuestra campaña de recogida de firmas es un testimonio del deseo de la ciudadanía de participar activamente en la protección de nuestros derechos y libertades, y de la calidad de la democracia. Esta no es una cuestión de derechas e izquierdas, ni es admisible el dilema entre preservar el funcionamiento del sistema institucional y defender los derechos sociales; estos deben defenderse junto con los principios fundamentales en los que se basa nuestra convivencia como sociedad”, ha señalado Safira Cantos, Directora General de Hay Derecho.