Jueces, fiscales y el Poder Judicial salen en tromba contra las referencias al “lawfare’ o judicialización de la política” en el acuerdo entre el PSOE y Junts

Primero fueron las asociaciones judiciales, luego las de fiscales y, ya por la noche, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La inclusión en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez firmado este jueves entre el PSOE y Junts del concepto de “lawfare o judicialización de la política” ha provocado la reacción en tromba de los principales operadores jurídicos y del órgano de gobierno de los jueces. Las cuatro asociaciones de jueces más representativas, incluida la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su rechazo por esta referencia recogida en el pacto entre los dos partidos y por “las consecuencias” que pueda tener la incorporación en el acuerdo del concepto lawfare, un término que se usa para definir la persecución judicial por razones políticas. Las tres asociaciones de fiscales han emitido también, por separado, notas de rechazo a la inclusión de este término en el acuerdo, mientras que el presidente suplente del CGPJ ha reunido de urgencia a su Comisión Permanente para pronunciarse sobre el texto. Fuentes socialistas aclaran que el acuerdo no contempla crear comisiones de investigación en el Congreso para detectar casos de lawfare, sino solo constituir las comisiones ya acordadas con los independentistas en la negociación de la Mesa del Congreso.

A falta de conocer el texto de la proposición de ley de amnistía, el acuerdo difundido por el PSOE y Junts recoge que la medida de gracia solo beneficiará a los hechos vinculados con el procés “directa o indirectamente”, según ha explicado este jueves el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Pero el pacto político abre la puerta a que, más adelante, los beneficios puedan extenderse a causas que ahora se quedan fuera, en función de lo que determinen las comisiones de investigación en el Congreso sobre el caso Pegasus y sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, cuya constitución pactaron socialistas e independentistas en agosto.

“Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, señala el documento. El acuerdo no explica cómo ni en qué se concretarían esos cambios, pero da a entender que se trataría de extender la medida de gracia a casos en los que las comisiones de investigación destapen un supuesto uso abusivo de la justicia.

Para las asociaciones de jueces, este acuerdo “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. “Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”, señala el comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente. Según las cuatro asociaciones, estas expresiones, “en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, añaden.

Es la primera vez que las cuatro asociaciones judiciales se pronuncian de forma conjunta sobre la amnistía a los encausados del procés. Hasta ahora, la Asociación Profesional de la Magistratura, la más numerosa y de tendencia conservadora, había sido la única en emitir un comunicado contrario a la medida, a la que ve como “el principio del fin de la democracia”. El resto estaban a la espera de conocer el texto de la proposición para fijar su postura, pero el acuerdo difundido este jueves ha precipitado la reacción.

El texto de PSOE y Junts también ha soliviantado a los fiscales. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido una nota para mostrar su “absoluto rechazo” a las referencias al lawfare. “Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”, señala el escrito, que recuerda que “los Jueces y tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado”. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria y de tendencia conservadora, considera que el pacto supone “un ataque sin precedentes a la independencia judicial”, mientras que la Unión Independiente de Fiscales (APIF) considera que asumir el concepto lawfare implica “lanzar una intolerable sombra de sospecha” hacia jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

A la vista de las reacciones que estaba provocando el texto, el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha reunido de forma extraordinaria a la Comisión Permanente, el principal órgano de decisión tras el pleno. De ese encuentro ha salido un texto suscrito por seis de los siete miembros de esta comisión, incluidas las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas. Solo ha votado en contra la también progresista Pilar Sepúlveda. El texto califica de “inadmisible” la referencia que hace el acuerdo del PSOE y Junts al lawfare y comparte el “frontal rechazo” de jueces y fiscales. “Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos”, señala el Consejo, que ha remitido esta declaración a todos los vocales para que, si lo desean, se adhieran a ella. Hasta las 22.00 de este jueves, según fuentes del CGPJ, se habían adherido los vocales Nuria Díaz, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Wenceslao Olea, propuestos por el PP; y Enrique Lucas, propuesto por el PNV y adscrito al sector progresista.

Los comunicados emitidos por las asociaciones y el CGPJ parecen presumir que se vayan a crear comisiones de investigación en el Congreso con el objetivo último de destapar casos de persecución judicial a independentistas. Fuentes socialistas descartan esta posibilidad y explican que cuando el texto se refiere a “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura”, está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso. Esas comisiones son la reactivación de la constituida el 28 de marzo de 2023 sobre la Operación Cataluña (que se refiere al uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas) y una nueva comisión sobre Pegasus.

“Por tanto, lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de derecho”, señalan estas fuentes, que aseguran que el Parlamento no va a realizar, “en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial”. “El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado”, señalan las fuentes, que añaden: “El PSOE respeta plenamente la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes”.