La asociación mayoritaria de jueces, la conservadora APM, ve la amnistía como “el principio del fin” de la democracia

La derecha judicial ha salido en las últimas horas en tromba contra la amnistía a los encausados del procés independentista que ultiman el PSOE y sus socios parlamentarios. Horas después de que ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva casi cinco años caducado, forzaran un pleno extraordinario para votar una declaración institucional contraria a la medida de gracia, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha difundido un comunicado en el que considera que la amnistía es “el principio del fin” de la democracia, al “romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”. “Una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978, que se fundamenta, entre otros valores, en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho”, afirma la asociación mayoritaria (1.355 de los 5.408 miembros de la judicatura, según el último recuento), y que reúne al ala más conservadora.

La APM mantuvo una actitud muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez durante la anterior legislatura, lideró la amenaza de huelga de jueces y fiscales en reclamo de una subida salarial y fue la única que se quedó fuera del pacto entre el Ejecutivo y el resto de asociaciones profesionales de ambas carreras. Ahora, la asociación no ha esperado a que se registre la ley de amnistía para pronunciarse en contra. Para la APM, una norma legalque exonere “a unos pocos” de las responsabilidades penales “sin modificaciones legales previas o sin entrar —formalmente, como parece que se pretende— en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena”.

La asociación sostiene que la amnistía “pone en cuestión” la labor de los jueces que aplicaron las leyes contra los líderes del procés; “deslegitima al Estado de derecho y al poder legislativo” que promulgó esas leyes, “lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos”. También creen que la medida de gracia “quiebra” el principio de la separación de poderes; y “vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes” al eximir de responsabilidad penal “a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones. Ello implica, sostienen, “el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”. “En definitiva, la ley que, por definición y principio es general, se torna así en privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho”, concluye el escrito difundido por la asociación.

La asociación de los jueces progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), no se ha pronunciado por el momento sobre la amnistía, pero sí lo ha hecho, y en términos muy duros, sobre el pleno convocado en el CGPJ para el próximo lunes a las 19.00 para debatir una declaración contraria a la medida de gracia. Para esta asociación, esa declaración “supone un abuso de las atribuciones legales que ostentan” los vocales del Consejo y “una desviación de la legítima función de ese órgano”. “Conlleva, además, una invasión clara de la función jurisdiccional, que la Constitución reserva a la judicatura”, añaden los jueces progresistas, para quienes las afirmaciones de los vocales conservadores que han promovido el pleno “invaden la exclusiva función del juicio de constitucionalidad que solo al Tribunal Constitucional corresponde, al ser el supremo intérprete de esta”.

También se ha mostrado muy crítica con los vocales conservadores la ministra de Defensa, Margarita Robles, jueza de carrera y que fue miembro de este órgano. “Desde ayer [este miércoles] que me enteré no salgo de mi asombro”, ha manifestado Robles en declaraciones a los periodistas en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), y ha considerado que esta petición es “una falta de sentido de la realidad” de unos vocales “que deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo y que nunca le han pedido al Partido Popular que se proceda a la renovación”. La ministra ha reprochado a los vocales que “se permitan el lujo de dar lecciones a nadie sobre lo que hay que hacer” cuando ellos mismos son “conscientes” de que permaneciendo en el Poder Judicial “están en una situación claramente inconstitucional”, algo que ha calificado de “gravísimo”.

Para la ministra, “se puede estar a favor o en contra de la amnistía”, pero “si hay alguien que tiene poca legitimidad en estos momentos” son unos vocales “que están incumpliendo claramente la Constitución y que siguen sentados en sus sillas”. “Lo digo con todos los respetos y con todo el dolor: no son esos vocales los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad, deberían preocuparse por la situación en la que está el órgano al que van ellos cada día sin hacer ninguna queja y sin protestar”, ha concluido.