Jueces y fiscales convocan en firme una huelga indefinida sin esperar a la reunión con el Gobierno del 3 de mayo

Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han convocado en firme la huelga indefinida de la que ya habían avisado, pero lo han hecho sin esperar a la celebración de la mesa de retribuciones prevista para el próximo 3 de mayo. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han registrado este viernes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la convocatoria de huelga, que se iniciará a partir del próximo 16 de mayo. No es la primera huelga de jueces y fiscales, pero sí la primera vez que el paro tiene carácter indefinido y que se celebra en plena campaña electoral. Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales no se han sumado, por ahora, a la convocatoria a la espera de lo que ocurra en la reunión con el Ministerio de Justicia y el de Hacienda y Función Pública la próxima semana.

Las asociaciones habían advertido de que irían a la huelga si en la reunión de la mesa de retribuciones prevista la semana que viene no se avanzaba hacia la subida salarial que reclaman. Finalmente, sin embargo, han optado por formalizar la convocatoria sin esperar a lo que ocurra en esa reunión. Alegan que la convocatoria debe hacerse con un plazo mínimo de 10 días naturales, y que con el puente del 1 y 2 de mayo en Madrid y las comunicaciones previas al CGPJ y al Ministerio de Justicia los plazos iban “muy ajustados”. El Ministerio de Justicia ha rechazado valorar este adelanto de la convocatoria, pero fuentes del Gobierno señalan que denota “falta de voluntad negociadora real” y “una intencionalidad política más que evidente”. “Es un chantaje político aprovechando la situación electoral y negando, a priori, el sentido de la mesa negociadora del miércoles. Ni creen en ella ni van a dialogar”, señalan estas fuentes.

La mesa de retribuciones es el órgano fijado en la ley para revisar los salarios de jueces y fiscales. De él forman parte los ministerios de Justicia y Hacienda, el CGPJ y las asociaciones profesionales. La ley prevé que se reúna cada cinco años, pero desde 2008 no se ha hecho. Eso, unido al acuerdo alcanzado a finales de marzo entre el Gobierno y los letrados de la Administración de Justicia por el que se ha concedido a ese colectivo una subida de sueldo de entre 430 y 450 euros al mes, es lo que ha llevado a los jueces y fiscales a exigir un incremento para ellos en la misma línea. En el documento enviado este viernes al órgano de gobierno de los jueces y a la Fiscalía General del Estado, los convocantes aluden a “la necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable, justificada tanto por la pérdida de poder adquisitivo” que, aseguran, vienen arrastrando, al menos, desde 2009, como por la “cada día más compleja labor que implica el ejercicio de las funciones jurisdiccional y fiscal”.

La convocatoria es indefinida, pero esto no implica, señalan los convocantes, que todos los jueces o fiscales favorables al paro vayan a secundarla cada día. “Lo lógico es hacerlo el día que tienes juicio. Pero cada uno puede elegir el día”, afirma María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. “No nos hace gracia hacer huelga y esperamos que haya una salida en la reunión del día 3 o entre el 3 y el 16 de mayo. En ese caso, la desconvocaríamos”, añade De Barco.

Los servicios mínimos para la huelga de jueces debe hacerlos el CGPJ, pero, en su escrito, las asociaciones hacen una propuesta. En ella incluyen las actuaciones con detenido en los servicios de guardia y otras que resulten “inaplazables”, como levantamientos de cadáver, adopción de medidas cautelares, entradas y registros y conservación de datos de operadores telefónicos. También, las causas con presos en el orden penal, o detenidos puestos a disposición judicial y medidas cautelares personales. En los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, causas relativas a derechos fundamentales y medidas cautelarísimas; y en el resto, las actuaciones que se consideran imprescindibles para garantizar la tutela judicial efectiva, como las medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad en los juzgados de Familia; y las decisiones sobre suspensión de desahucios con personas con vulnerabilidad o los procedimientos de donación de órganos con donantes vivos.

La convocatoria de huelga de jueces coincide en el tiempo con la anunciada por los funcionarios de justicia, que, tras varios días de huelga indefinida, decidieron esa semana cambiar de fórmula y llamar a siete días de paro general, los próximos 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Las negociaciones entre este colectivo y Justicia y Hacienda están, por el momento, rotas y sin fecha prevista para una nueva reunión, después de que el pasado lunes fracasara el último intento de llegar a un acuerdo.