Jueces y fiscales elevan la presión sobre el Gobierno con una amenaza de huelga en plena campaña

La temperatura se eleva otro grado en los tribunales españoles. A falta de solo un mes para los comicios del 28 del mayo y con los funcionarios de la Administración de Justicia ya inmersos en una huelga desde la pasada semana, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han sorprendido ahora con otro órdago directo al Gobierno de Pedro Sánchez: ellos también iniciarán paros indefinidos a partir del 16 de mayo (en plena campaña electoral) si el Ejecutivo no les presenta propuestas concretas en la mesa de retribuciones convocada el 3 de mayo. Esta iniciativa, barruntada desde hace días, cuenta con el respaldo de los colectivos conservadores y moderados de la carrera, y los progresistas no descartan sumarse. “No es el momento de adoptar determinadas medidas de presión”, ha tratado de defenderse Pilar Llop, ministra de Justicia, tras conocer el anuncio este lunes.

Las asociaciones de jueces y fiscales llevan semanas estudiando la posibilidad de ir a la huelga. Arrastran un malestar palpable con el Gobierno, al que acusan de darles largas y “marear la perdiz”. El pasado año, tras meses de contactos y conversaciones con Justicia, se convocó para octubre la mesa de retribuciones —el único órgano donde, según la ley, pueden negociar mejoras, ya que la Constitución les impide afiliarse a sindicatos—. Pero esta cita se suspendió unilateralmente por parte del Ejecutivo y sin darles ninguna explicación, lo que generó un enorme enfado. A ello se suma que, el 27 de marzo, vieron cómo el Ministerio cerraba un acuerdo con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que daba luz verde a una subida salarial de hasta 450 euros para este grupo tras dos meses de movilizaciones y la suspensión de 350.000 juicios y vistas.

“Parece que la huelga es el único lenguaje que entienden en Hacienda y Justicia”, avanzaba la semana pasada María Jesús del Barco, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En la misma línea se ha pronunciado este lunes Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV): “Nos encontramos en el mismo punto en el que comenzaron nuestras conversaciones en 2022. Lamentablemente, la convocatoria de la huelga es una medida que nos prepara para lo peor. Y lo peor es que se repita esa actitud meramente dilatoria del Ministerio de Justicia y Hacienda. Si su intención es meramente tomarnos el pelo, ya saben cuáles son las consecuencias”.

Por su parte, una reunión mantenida este lunes entre representantes de Justicia y el comité de huelga de los funcionarios de Justicia ha concluido sin acuerdo.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales —APM, AJFV y el Foro Judicial Independiente, que representan al 47,1% de la carrera— ya manifestaban abiertamente la pasada semana que irían a la huelga si salían de la reunión del 3 de mayo con las manos vacías. Pero, hasta este lunes, no habían puesto una fecha sobre la mesa. La anunciada ahora, que cuenta con el respaldo también de las conservadoras Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), cambia todo de cara a esa cita, ya que llegan a la negociación con el Gobierno con la amenaza de iniciar los paros en plena campaña electoral. Además, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) —sus afiliados son el 8% de todos los magistrados y jueces del país— no cierra la puerta a adherirse.

JJpD, al igual que la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quiere esperar a la mesa de retribuciones antes de hacer ningún movimiento. Así lo expone Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, que se muestra más comedida: “No nos parece correcto ir directamente a una huelga el 16 de mayo sin escuchar antes al Ministerio de Justicia. Nos parece un poco precipitado”. Eso sí, remacha: “No descartamos ninguna medida tras el 3 de mayo. Ese día, esperamos propuestas concretas”.

Todas las asociaciones judiciales y fiscales subrayan que las mejoras monetarias son solo una parte de sus reivindicaciones. “Esta no es una huelga solo por las retribuciones”, incide Ascensión Martín. En un comunicado conjunto, firmado por los siete colectivos de ambas carreras, se recalca: “Llevamos años denunciando la falta de dotación suficiente del servicio público que constituye la administración de Justicia. Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad”.

Pilar Llop, juez de profesión, ha respondido este mismo lunes desde la Feria de Abril de Sevilla, a la que había acudido: “No es el momento de adoptar determinadas medidas de presión, que pueden ser muy legítimas. Yo conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera, pero lo que realmente necesitamos ahora es que nuestra justicia mire por el ciudadano y por el buen servicio público”. El Gobierno juega a su favor la baza de que aprobó en enero una subida salarial del 8% para todos los funcionarios a lo largo de los próximos tres años, que se deja notar ya en las nóminas de jueces y fiscales.

Sin embargo, en una artículo difundido por la APM y escrito por uno de los miembros de su comité ejecutivo, el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante expone: “Las adecuaciones salariales no se han producido, más allá de subidas mínimas que no palían el elevado incremento del IPC ni las bajadas salariales producidas hace años [...] La consecuencia es que, en 2003, el salario de un juez alcanzaba siete veces el salario mínimo interprofesional, hoy tres, si alcanza. Sí, el SMI ha subido. El juez, en cambio, parece que no lo necesita”.