Miles de funcionarios de justicia se manifiestan en Madrid para lograr una subida salarial y contra la ley de eficiencia que tramita el Gobierno

Miles de funcionarios de Justicia llegados de toda España —10.000 según los sindicatos y 7.000 según la policía— se han manifestado este miércoles en Madrid para reclamar un incremento salarial y cambios en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (Loeo) que tramita el Gobierno. La manifestación ha discurrido, con muchos gritos y un ruidoso acompañamiento de silbatos, megáfonos y sirenas, entre los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, separados por algo más de un kilómetro. Sus titulares, Pilar Llop y María Jesús Montero, han sido las destinatarias de la mayoría de los mensajes y lemas lanzados por los manifestantes. Gritos como “No más funciones sin retribuciones” o “Llop, escucha, Justicia está en la lucha”, que a medida que la marcha se fue acercando a la sede de Hacienda cambiaron por “Montero escucha, abre ya la hucha”.

La manifestación ha sido convocada por los cuatro sindicatos —CSIF, CCOO, UGT y STAJ— que impulsan los paros parciales (de tres horas al día) que se están registrando desde el lunes en los tribunales de toda España. La marcha se ha hecho coincidir con la jornada de huelga de 24 horas convocada para este miércoles y cuyo seguimiento cifran los sindicatos en más de un 80%. Justicia y la mayoría de las comunidades autónomas con las competencias transferidas no han dado todavía datos. En el País Vasco, han secundado el paro el 50% de los funcionarios, según los datos aportados por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

“Lanzamos un grito de protesta porque estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden y que hacen que la justicia funcione. Queremos que esas funciones se reconozcan de una vez por todas en la ley orgánica y se nos retribuyan de manera justa”, explicaba al inicio de la manifestación Javier Jordán, del CSIF, el sindicato mayoritario del sector. Los funcionarios de la administración de Justicia dependen orgánicamente del Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares y Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamación es dos cuestiones que son competencia directa del Ejecutivo central: el complemento general del puesto (una retribución de carácter básico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que está ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la ley de eficiencia organizativa.

Los sindicatos reclaman un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto está en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales. Aunque los representantes de los trabajadores defienden que la movilización de ahora no es “consecuencia” de los logros conseguidos por los letrados, la mayoría admite que ese acuerdo ha precipitado su protesta.

A la manifestación de Madrid se han sumado funcionarios desplazados desde todas las comunidades en coches y autobuses. Una de ellas es María del Carmen Collado, que trabaja en el Juzgado de lo Social 22 de Barcelona. El martes a las 22.15 se subió a un autobús en la estación de Sants junto a decenas de compañeros y han llegado a Madrid a las 6.15. “Nos manifestamos porque hemos asumido en los últimos años más funciones sin que nos paguen más dinero. La mayoría de las funciones de los letrados las hacemos en realidad nosotros”, advierte, dejando entrever el malestar que comparten muchos funcionarios de la administración de Justicia con el cuerpo de letrados. “Ellos nos delegan muchas de las funciones que tienen asignadas”, lamenta Collado.

A la reivindicación salaria, los funcionarios suman su rechazo a la tramitación que se está haciendo de la ley de eficiencia organizativa, que prevé la posibilidad de encomendar tareas de tribunales con mucha carga de trabajo a personal de otros destinos o fusionar las tareas de distintos juzgados. “La ley acaba con el derecho que tenemos ahora de poder elegir un destino. Con la ley van a poder obligarnos a rotar entre destinos que tengan más carga y necesiten refuerzos”, explica Encarna Salgado, funcionaria del Juzgado 7 de Primera Instancia de Alcalá de Henares. “No solo tenemos una reivindicación salarial, pedimos también que no dejen participar en la ley de eficiencia”.

Justicia ha convocado para este jueves la primera reunión con los sindicatos que impulsan la huelga para intentar acercar posturas. Los representantes de los trabajadores calculan que cada día de paro se están suspendiendo centenares de miles de actuaciones en los juzgados, desde juicios a declaraciones, notificaciones, citaciones y comparecencias a embargos, desahucios, diligencias del registro civil e institutos de medicina legal y de toxicología.

El primer balance estadístico del seguimiento activado este lunes por el Colegio de la Abogacía de Madrid para conocer el impacto de la huelga revela un porcentaje medio de suspensiones del 21% de los señalamientos en los dos primeros días. Con un 87,5% de vistas suspendidas, los juzgados de lo Social fueron los más afectados en la jornada del lunes, que se saldó con un total del 30% de señalamientos suspendidos en Madrid. En la jornada del martes, en la que se suspendieron el 12% de los señalamientos, los órganos más afectados fueron la Audiencia Provincial Penal, donde apenas se celebraron el 3% de las vistas; los juzgados de Alcorcón, con un 100% de señalamientos suspendidos; y los de Colmenar Viejo y Getafe, con un porcentaje de suspensiones del 71% y 68% respectivamente.

Los números se repiten en el resto de provincias y en tribunales superiores. Un juicio previsto para este miércoles en la Audiencia Provincial de Palma contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija ha tenido que ser aplazado para el 3 de mayo por la huelga, mientras que la Audiencia Nacional ha suspendido de forma indefinida el juicio a Francisco Camps por su presunta implicación en el caso Gürtel.