Suspendido ‘sine die’ el juicio contra Camps por la huelga de funcionarios de Justicia

El juicio a Francisco Camps por su presunta implicación en el caso Gürtel, que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado enero, ha quedado suspendido sine die por la huelga de funcionarios de Justicia que comenzó el lunes. El presidente del tribunal, José Antonio Mora, lo ha anunciado este mismo martes, al inicio de la jornada número 16 de la vista oral: “Tengo que comunicar que, lamentablemente, no podremos realizar las sesiones de juicio de esta semana debido a la huelga de funcionarios, cuyo paro empieza ahora, justo a las 10.00. Tenemos que suspender el juicio. Lo hacemos sine die, sin perjuicio de que la intención es recomenzar la semana que viene, pero tenemos que estar a lo que suceda con el tema de los paros”.

Desde este lunes, cerca de 45.000 funcionarios judiciales están llamados a paros parciales de tres horas al día. Una medida de protesta que persigue, por un lado, la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que, según aseguran, les impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. Y, por otra parte, se reivindica una subida salarial “en línea con la aprobada para los letrados” en marzo, cuando el Gobierno cerró un acuerdo con dicho sector tras tres meses de movilizaciones y la suspensión de 400.000 juicios y vistas. No son las únicas carreras revueltas: los propios jueces también han comenzado a plantearse una huelga; y los abogados de oficio se concentrarán el próximo 27 de abril frente al Congreso de los diputados.

A falta de conocer el respaldo de este martes a los paros, las cifras del lunes ya generaron controversias. Los sindicatos convocantes estimaron el seguimiento en más del 80%. Un porcentaje que el Ministerio de Justicia rebajó al 15,03% en los órganos gestionados por dicho departamento. Las comunidades que facilitaron cifras también redujeron las expectativas: Andalucía, por ejempló, difundió un dato de seguimiento del 31%; y el País Vasco, del 23%. La convocatoria abarca al personal de todos los cuerpos generales de la Administración de Justicia, de los que dependen muchas funciones diarias en los juzgados —desde la atención al público al registro de documentos, notificación de autos, comunicaciones con las partes, reclamaciones...—.

De hecho, la protesta de los funcionarios de justicia se hizo notar el lunes en la Audiencia Nacional: se concentraron, megáfono en mano, a las puertas del tribunal. Pero este martes han logrado su primer gran golpe: suspender un juicio muy mediático, como es el que se celebra contra Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, y otras 25 personas. La vista oral debía reanudarse esta mañana tras un parón de tres semanas con la declaración de más testigos: entre ellos, César Tomás Martín Morales, alias El Santo, exgerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid) y director de campañas del PP local.

Martín Morales, un abogado condenado a seis años y dos meses de cárcel en otra línea de investigación del caso Gürtel, se llegó a convertir en un enviado del cabecilla de la trama, Francisco Correa, al que ayudó en sus oscuros negocios. Según contó en otro juicio, Correa tenía un enorme poder en el PP: “Tenía cierto poder sobre todas las personas del PP que aspiraban a poderse codear con los líderes en esos ámbitos en los que él manejaba los asuntos [...] Correa invitaba, entregaba credenciales para poder asistir en sitios preferenciales a los congresos, o presentaba a cargos del PP. Correa lo hacía con la intención de crear una red clientelar a la que luego acudir para cobrarse los favores”.

En esta vista oral, la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para Camps por maniobrar presuntamente en favor de la red corrupta para adjudicarle contratos, después de haber ayudado a la propia trama a desembarcar en la Comunidad Valenciana, debido a su relación de amistad con Álvaro Pérez, alias El Bigotes, un hombre de confianza de Correa. La suspensión sine die decretada este martes se suma al retraso que ya sufrió el juicio en su arranque, cuando debió posponerse una semana ante las quejas de la defensa del expresidente, que decía que no podía acceder a la documentación de la causa.