A Camps aún le quedan varios tragos amargos en el juicio de Gürtel

Francisco Camps, expresidente valenciano, hace ya días que no se pasa por la Audiencia Nacional. Tras declarar el 8 y 9 de marzo en el juicio que se celebra contra él por su presunta implicación en el caso Gürtel, el exdirigente del PP ha optado por dejar de acudir a las sesiones de la vista, al igual que sus compañeros de banquillo. Pero el político, que afronta una solicitud fiscal de dos años y medio de cárcel, sigue muy atento a lo que ocurre en esa sala, y no escatima esfuerzos en contrarrestar en la prensa todos los reveses que se suceden contra él. “Tal y como va yendo el juicio, se va evidenciando que no ocurrió nada de lo que dice la Fiscalía que ocurría”, repite Camps cuando se le pregunta. Aún le quedan, sin embargo, unos cuantos tragos amargos por delante: hasta ahora, solo 22 testigos han desfilado ante el tribunal, de los más de 150 que se pidieron, a los que se sumarán policías y técnicos de Hacienda.

El guion previsto contempla, al menos, dos interrogatorios especialmente agrios para el expresidente autonómico. Primero, el de Ricardo Costa, quien fuera su secretario general en el PP valenciano y cuya declaración resultó clave para sentar a Camps en el banquillo: “La decisión de encargar la campaña a Orange Market [una empresa de la trama] se produce directamente por parte del presidente”, dijo. Y, segundo, el del inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, quien describió cómo el partido regional, encabezado por Camps, se financió irregularmente a través de una fórmula “sistémica” de facturación ilegal pactada con la red corrupta liderada por Francisco Correa, que incluía el movimiento de “fondos en b”.

En este juicio, que se reanudará el próximo 18 de abril tras un parón de tres semanas, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que el exdirigente del PP abrió la puerta de la Comunidad Valenciana a la trama Gürtel, con la que mantenía una relación cercana a través de Álvaro Pérez, alias El Bigotes, su “amiguito del alma” y el hombre de Correa en la región, que también organizaba los actos del PP autonómico. Según la acusación, Camps maniobró para adjudicar a Orange Market los “trabajos relativos al montaje del stand de Grandes Proyectos” de la feria de turismo Fitur 2009, el caso que se juzga ahora.

“Es un encargo del presidente”. La confesión de Ricardo Costa en el juicio sobre la financiación irregular del PP valenciano, del que Costa salió condenado a cuatro años de cárcel, resultó letal para Camps, que quedó al margen de aquella causa penal. El testimonio de Costa, sumado al de los integrantes de la red de Correa, permitió reabrir la causa contra el expresidente. “Víctor Campos [vicepresidente de la Generalitat] me llama a su despacho y me muestra unos sobres, donde me dice que hay dinero en efectivo... y me comenta que es dinero que los empresarios que tienen relaciones con la Administración, o que quieren ayudar al partido, le aportan. Y que eso es un encargo que le han hecho el presidente Camps y Juan Cotino”, contó Ricardo Costa.

Habrá que ver hasta dónde llega ahora el ex secretario general del PP valenciano en su interrogatorio en la vista contra Camps (y si se le suma algún otro alto cargo). Habrá que ver dónde coloca la diana y la fuerza del disparo. Sobre todo, después de que el expresidente lo acusara de ser el responsable de la famosa llamada que hizo a El Bigotes en la Navidad de 2008 —donde se refiere a él como “amiguito del alma” y le dice “te quiero un huevo”— y de ser el artífice de que fuera a la boda de Álvaro Pérez: “Fue un compromiso del partido. Me lo pidió Ricardo Costa”, dijo Camps al tribunal.

La importancia de la declaración del antiguo número dos del PP valenciano reside en que sitúa a Camps en la cima de la trama, como defiende la Fiscalía Anticorrupción. Costa dijo que el entonces presidente estaba al tanto de todo y que se operaba bajo sus órdenes. “Planteé contratar a otra empresa... Me dijeron que no. Me dijeron que no porque el presidente Camps quería que todos los actos del PP los hiciera Orange Market [...] Se pasó un presupuesto inicial y después el presidente Camps decidió que, a lo que correspondía como presupuesto inicial, se le añadieran luego una serie de extras”, añadió en el juicio sobre la financiación ilegal. Costa denunció que, tras desvelar la contabilidad irregular de la formación, sufrió amenazas.

“Las cosas se hicieron bien”. Camps afronta su juicio con un doble objetivo. De una parte, por supuesto, trata de esquivar la pena de cárcel que pide la Fiscalía. Pero por otro lado intenta salvar su etapa como presidente, pese a la multitud de altos cargos (de su Gobierno y del PP valenciano) ya condenados en otros procesos. Una meta clave para él, que no oculta que quiere volver a la primera línea de la política. “Seguro que toda mi experiencia tendrá cabida en algún lugar de responsabilidad política”, dijo este marzo en la cadena Cope: “Tampoco estoy ansioso por saber cuál, ni estoy pidiendo una cosa concreta. Pero seguro que la habrá tarde o temprano. Puede estar fuera de la Comunidad Valenciana. Donde el partido diga”.

Por ello, el testimonio del inspector jefe Morocho impacta de lleno en la línea de flotación pública del expresidente. En uno de sus informes, el policía describía cómo en la Administración autonómica se instauró una “dinámica de actuación” irregular para conceder a la trama Gürtel distintas adjudicaciones, “conculcando los principios de publicidad y concurrencia establecidos en la Ley de Contratación”. Para ello, según describió el agente, se “fraccionaban” los importes de los contratos para darlos a dedo, “sin necesidad de licitación previa”.

Una mecánica que, en el juicio, han confirmado los integrantes de Gürtel (entre otros, el propio Correa; su número dos, Pablo Crespo; y Álvaro Pérez). También un alto cargo de la Generalitat, Enrique Navarro, jefe de gabinete de la exconsejera Alicia de Miguel, ha dicho que su departamento contrataba con la trama para “congraciarse” con Camps. Y una trabajadora de la Administración regional se ha ratificado en que era “vox populi” que existían “presiones” del presidente para contratar con Orange Market. En esa misma línea se pronunció el denunciante de la trama, José Luis Peñas, que fue íntimo amigo de Correa: “Los contactos [de la trama] se producían en cascada: de arriba abajo. Lo más arriba que hay en una comunidad es el presidente. Camps: de ahí surgían todos los contactos necesarios”.

Camps defiende que la administración valenciana que presidió funcionó de forma correcta. “Durante estos tres meses de juicio se ha demostrado que, como los altos cargos y funcionarios han dicho, las cosas se hicieron bien y no recibieron ningún tipo de indicación”, apunta, mientras acusa a la Fiscalía de “perseguirlo” mediante “ilegalidades”. A la vez, reitera que, desde su salida de la Generalitat, está “dando una lección de ética política a los de Compromís y Podemos”: “Millones de personas, fundamentalmente de izquierdas, han sido investigadas e imputadas por la justicia, y siguen en sus puestos”. Según él, en las calles le siguen aclamando. Esta anécdota contó al respecto en la cadena Cope: “Camino de una boda, paramos en un pueblecito de Ciudad Real, Villafranca de los Caballeros [sic, realmente está en Toledo], donde no había estado en mi vida. Y un grupo de jóvenes que estaban celebrando el cumpleaños de uno de ellos, el 37º cumpleaños, se me acercaron, me invitaron a la tarta y me dijeron que estaban conmigo. Pero me pasa constantemente. La gente buena, honorable, honesta y limpia sabe que aquí no hay nada”.