El legado corrupto de los gobiernos de Camps

Francisco Camps se plantea un doble objetivo en el juicio sobre su supuesta implicación en el caso Gürtel: por un lado, evitar los dos años y medio de cárcel que le pide la Fiscalía por fraude y prevaricación; y, por otro, intentar salvar su legado como presidente de la Comunitat Valenciana, con la idea de volver después a la primera línea política. Sobre el primero decidirá la Audiencia Nacional cuando acabe la vista. Pero sobre el segundo, por mucho que se empeñe el exdirigente del PP, poco margen de maniobra tiene. Distintos tribunales ya han considerado probado que la corrupción anidó de forma generalizada en el Gobierno y el partido regional que él encabezó durante más de un lustro.

De momento, Camps ha salido indemne de la decena de causas que se han abierto en su contra. Ahora, intenta esquivar la última bala en el juicio que comenzó en enero en la Audiencia Nacional, donde se analizan las supuestas órdenes que dio para adjudicar contratos a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de Gürtel, en la feria de turismo Fitur 2009. Los líderes de la red corrupta insisten en que el presidente valenciano fue quien les introdujo en la Comunitat, una autonomía donde la trama campó a sus anchas. Así lo declaran probado las sentencias de otras derivadas del caso Gürtel que ya se juzgaron:

El ‘caso de los trajes’. En diciembre 2011, Camps se sentó en el banquillo por primera vez, acusado de cohecho por recibir regalos de Gürtel. El expresidente, que dimitió en julio, había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable —al igual que Ricardo Costa, su secretario general en el PP regional; Víctor Campos, su vicepresidente; y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo—; pero, solo un día después de registrar en el juzgado su escrito de conformidad, volvió para desdecirse (como Costa). La maniobra provocó que Campos y Betoret acabaran condenados a pagar una multa de 9.600 euros, mientras que los dos máximos responsables de los populares autonómicos salían absueltos por un jurado popular. Por cinco votos a cuatro.

Los fallos contra Campos y Betoret rezan: “[La trama], con el fin de ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de funcionarios y autoridades con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad, les hacían llegar regalos de forma continuada, tales como trajes confeccionados a medida y otras prendas de vestir”.

Contratos amañados. La primera gran sentencia de Gürtel contra la era Camps llegó el 8 de febrero de 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó a 11 personas por amañar contratos de la Generalitat a favor de la trama para cinco ediciones de Fitur: desde 2005 a 2009. Además de a los cabecillas de la red (Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo); los magistrados sentenciaron a cárcel, entre otros, a Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas; a Rafael Betoret, el exjefe de gabinete de Turismo; y a Jorge Guarro y Ana Grau, altos cargos de la Agencia Valenciana de Turismo.

El tribunal dibujó, además, un panorama desolador. Los jueces concluyeron que la trama “desembarcó” y “tomó” la consejería, “sustituyendo” a la propia Administración. La red de Correa “confeccionaba” y “redactaba” contratos públicos, elaboraba planos e incluso “diseñaba los criterios de valoración de las propuestas”. Todo ello fue posible, explica la sentencia, por las relaciones “de amistad” tejidas por Correa, Pérez y Crespo con Milagrosa Martínez y otros altos cargos, “por el conocimiento personal derivado de la participación de [la trama Gürtel] en anteriores campañas con el partido político que sustentaba el gobierno de la comunidad, y sostenida posteriormente con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad”.

Financiación irregular. Poco más de un año después de ese golpe, la Audiencia Nacional infligió el segundo. El tribunal condenó a 18 personas por participar en la financiación irregular de las campañas electorales del PP valenciano en las municipales y autonómicas de 2007 (que ganó Camps), y en las generales de 2008. En el listado de sentenciados destaca buena parte de la entonces cúpula de los populares de la comunidad: Ricardo Costa, que esta vez no evitaba el castigo y se le imponía una pena de cuatro años de cárcel; Cristina Ibáñez, exgerente (tres años y cuatro meses); Yolanda García, extesorera (cuatro meses); y David Serra, ex secretario general del grupo parlamentario.

El fallo expone que el PP de Camps, con el “propósito de obtener mayor despliegue” en las campañas, “contrató servicios a [las empresas de Correa], que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros [...] Tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”. Ese juicio supuso un antes y un después para el expresidente valenciano, ya que su antiguo número dos confesó y le implicó en la trama de corrupción. Costa dijo al juez: “Víctor Campos me muestra unos sobres con dinero en efectivo y me comenta que es dinero que empresarios le aportan y que es un encargo que le ha hecho el presidente Camps. El encargo al vicepresidente primero Campos procede del presidente Camps y del conseller Juan Cotino”.

La visita de Benedicto XVI. El listado de altos cargos de Camps condenados por Gürtel se amplió en noviembre de 2020, cuando la Audiencia sentenció a otras 19 personas por la adjudicación ilegal a Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en julio de 2006. Los magistrados consideraron culpables a, entre otros, Pedro García Gimeno, antiguo director de Radio Televisión Valenciana (RTVV), al que impusieron 6 años y 9 meses de cárcel. Juan Cotino, vicepresidente de Camps, también se encontraba acusado, pero murió durante la vista por coronavirus.

Otras causas. El caso Gürtel no es la única mancha en la historia del Gobierno y del PP de Camps. Por ejemplo, los tribunales condenaron a su conseller Rafael Blasco, también portavoz de los populares en las Cortes valencianas, por el desvío de fondos de ayudas públicas de la Generalitat a la cooperación internacional y por un delito continuado de prevaricación con fraude a la administración pública por el amaño de contratos informáticos por más de un millón de euros de la consejería de Solidaridad, que presidía, entre 2008 y 2011, bajo el Gobierno de Francisco Camps (PP).