Los letrados de justicia firman el acuerdo que pone fin a la huelga indefinida tras el acuerdo con el Gobierno

El Gobierno ha cerrado definitivamente uno de los frentes que más se le habían atragantado en los últimos meses. El comité de huelga de los letrados de justicia y los ministerios de Hacienda y Justicia han firmado este martes el acuerdo, que la víspera habían ratificado las asambleas celebradas por este cuerpo superior de funcionarios, que ha puesto fin a la huelga indefinida que iniciaron el pasado 24 de enero. Los paros han causado la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y la retención de 1.500 millones de euros en las cuentas de consignaciones de los tribunales.

La subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes como “complemento de eficiencia” a la que el Gobierno se ha comprometido ha propiciado el acuerdo, que ha sido posible tras la renuncia del Ejecutivo y los huelguistas a las posiciones de las que partían. Una de las principales reivindicaciones de los 4.379 letrados de la administración de justicia era percibir un 85% de la remuneración salarial de jueces y magistrados, lo que habría supuesto un incremento medio de 600 euros mensuales. El sector cedió en parte en sus demandas iniciales durante las negociaciones. El cuerpo de funcionarios votó el lunes a favor de la propuesta de Justicia con un respaldo del 76% y un rechazo del 21% en las asambleas que celebró por todo el país. El 3% de los participantes se abstuvo. De los 2.013 votos emitidos, 1.524 fueron a favor, 421 en contra y 68 en blanco.

“Tenemos todos una sensación agridulce porque para llegar a este acuerdo ambas partes hemos tenido que renunciar a aspectos importantes, pero era lo que procedía hacer”, ha afirmado Juan José Yáñez, portavoz del comité de huelga y representante de la Unión Progresista de Letrados, una de las tres asociaciones convocantes del paro junto al Colegio Nacional de Letrados y la Asociación Independiente de Letrados. El comité de huelga ha revisado y definido “hasta la última coma” del documento final en la reunión de dos horas que han mantenido con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez.

La mejora de 430 euros brutos al mes la recibirán el 94% de letrados: los beneficiados serán los 3.871 funcionarios que no tienen oficina judicial y los 234 destinados en las unidades procesales de apoyo directo. En el caso de los 158 funcionarios que desempeñan su función en los servicios comunes procesales, será de 440 euros brutos. Los 116 letrados que ejercen en las secretarías de gobierno, de coordinación provincial y en las direcciones de servicio común percibirán 450 euros brutos.

La retribución se alcanzará de manera gradual, con efectos de 1 de enero de 2023 y con carácter consolidable. El 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos a partir de esa fecha, otro 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2024, y el 20% restante llegará el 1 de julio del próximo año.

Los letrados de justicia empezarán a percibir el aumento salarial cuando se modifiquen los dos reales decretos que regulan las retribuciones de estos funcionarios. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se prevé que sea en julio, según ha explicado Luis Toribio, que también pertenece al comité de huelga y es vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados.

Resuelta la crisis que ha amenazado con el colapso de los tribunales españoles, no está claro el tiempo que será necesario para que la justicia recobre el ritmo previo a la crisis. El Ministerio de Justicia ha constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para abordar la vuelta a la normalidad de la actividad judicial. El ministerio que dirige Pilar Llop ha atendido las peticiones de los colegios de abogados y procuradores para realizar una notificación escalonada de las resoluciones que se encontraban paralizadas como consecuencia de la huelga. “Es difícil saber cuándo se llegará a la normalidad, porque el seguimiento tampoco ha sido igual en todos los juzgados. Habrá que ver a dónde llegan esos programas de actuación que se van a implementar para que la actividad llegue a la normalidad. Yo creo que en este año será difícil, pero se intentará”, ha observado Toribio.