La huelga de letrados judiciales pospone miles de vistas: “Es la quinta vez que me suspenden el juicio”

Juan Diego Teruel se frota los ojos y no puede creerse su mala suerte. “Es la quinta vez que me suspenden el juicio: la primera vez fue por la covid, la segunda por la huelga de secretarios en marzo de 2022 y las otras dos siguientes también por covid. Ahora tenía el señalamiento el 24 de enero, justo cuando empezó la huelga, y ya no sé qué hacer”. Este mecánico sevillano puso su demanda en los juzgados de lo Social por un cambio de contingencia derivada de un accidente de trabajo en 2019, pero acaba de serle suspendida la vista y muy probablemente será fijada para 2026, según la agenda actual de señalamientos en la capital andaluza. Es decir, Teruel deberá esperar siete años para que la justicia responda a su reclamación.

Los letrados de la administración de justicia, los antiguos secretarios judiciales, están en huelga indefinida desde el 24 de enero para reivindicar mejoras salariales y laborales y su paro ha obligado a suspender ya más de 100.000 juicios y vistas, según los datos de las asociaciones convocantes. “Lamentamos mucho los inconvenientes que pueda estar ocasionando. No hemos hecho la huelga para perjudicar a nadie, estamos dispuestos a desconvocarla en cuanto tengamos una respuesta a nuestras propuestas por parte del ministerio”, señala Juan José Yáñez Pena, de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).

Pero el conflicto está enconado y no hay visos de que se vaya a llegar a una solución. Los 4.441 letrados de la Administración de justicia que hay en España forman un cuerpo jurídico que depende del ministerio de Pilar Llop. Pertenecientes al grupo A1, el más alto de los funcionarios del Estado, se encargan de dirigir las oficinas judiciales y ordenar la actividad de los juzgados, por lo que su labor es imprescindible para el funcionamiento diario de los tribunales. El salario de los letrados oscila, según los datos del ministerio, entre los 37.697 y los 57.722 euros en los juzgados (más retribuciones variables); y entre los 42.554,92 y los 58.979,72 euros en la oficina judicial. Pero estos funcionarios llevan años exigiendo una “adecuación salarial” a las mayores responsabilidades” que asumen desde que en 2015 entraron en funcionamiento las oficinas judiciales.

Su reivindicación implica un incremento medio de 600 euros, para situarse en el 85% de lo que cobra un juez. Las asociaciones que convocan la huelga aseguran que el Ministerio de Justicia se comprometió el año pasado por escrito a conceder esta subida, pero se ha descolgado de ese compromiso alegando el rechazo por parte del Ministerio de Hacienda. Justicia desmiente que el compromiso estuviera firmado y advierte de que la subida que los letrados reclaman es imposible. “Han sido los funcionarios de España que más subidas han tenido en la actual etapa de Justicia. Les hemos subido un 4%, más el 5 y pico del Gobierno a todos los funcionarios. Unos 200 euros. Ningún funcionario ha tenido ese incremento”, señalan fuentes del ministerio que dirige Llop.

Justicia asegura, además, que desde que empezaron a reunirse con los representantes de los letrados en 2021, se les han concedido 14 de las peticiones que llevaron a la mesa de negociación, hay otras siete en trámite y solo queda pendiente el acercamiento salarial a los jueces, que, advierten en el ministerio, no se va a conseguir. “Hacienda nos lo ha dicho categóricamente”, asegura estas fuentes.

Las posturas parecen irreconciliables, pero los letrados están dispuestos a mantener su huelga hasta conseguir su objetivo. El seguimiento, aseguran, ronda el 80% y ha ido a más desde las primeras jornadas. Las cifras de los convocantes, como suele ser habitual, distan de las que contabiliza Justicia, que este jueves situó el seguimiento en el 27,39% sobre el total de la plantilla y en el 38,52% si se restan los que están de servicios mínimos.

Cifras al margen, el paro es visible en los juzgados de toda España. En los de Sevilla se sucedían este miércoles los carteles improvisados con folios en las columnas de entrada que advierten de la suspensión de juicios. Y las caras largas se multiplican. La vista por el despido de Juan Aranda, de 64 años, ha sido suspendida en el Juzgado 9 de lo Social. “¿Tres años más de espera? No me lo puedo creer. Estoy pidiendo mi indemnización por haber trabajado 10 años en mantenimiento para una empresa y después de 46 años cotizados”, comenta incrédulo después de presentar su demanda en 2020 y saber que será resuelta previsiblemente en 2026.

Entre los juicios suspendidos destacan los de despidos, pero hay otros también muy graves, como los procedimientos de resolución de contratos a instancias del trabajador, cuando una empresa deja de pagar a sus empleados y estos acuden a la justicia para poder pedir el paro y recolocarse en otra firma. “¿Una persona que lleve cuatro meses sin cobrar y deba esperar hasta 2026? Es una locura”, censura el letrado Sergio García. El Consejo General del Poder Judicial considera “imprescindible” la creación de “al menos” cinco juzgados de lo Social en Sevilla por una sobrecarga “patente” y un “déficit estructural”, según una reciente acción disciplinaria a la que ha tenido acceso este diario.

El abogado laboralista de Teruel, Antonio Gutiérrez, denuncia que la huelga agrava el colapso crónico de la justicia. Ha visto de todo: “Me ha pasado ya dos veces que clientes se mueren esperando el juicio. Hace 22 años había 11 juzgados de lo Social y hoy hay solo 13″. Pilar Corchero, también abogada veterana, ratifica: “Es una jurisdicción donde el trabajador ha perdido lo esencial, su trabajo. No es una jurisdicción de lujo”.

Una tramitadora del Juzgado 4 de lo Social de Sevilla ilustra sobre la sobrecarga de trabajo que implica la huelga: “Para nosotras es el doble o el triple de trabajo, aparte de aguantar los enfados de los abogados, que algunos vienen de Barcelona o Madrid y cuando llaman el día antes no puedes anticiparle qué pasará. Deben venir y es un coste inútil”, afirma bajo anonimato. Una abogada del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ratifica: “Pretenden que sea un caos y es lo que está pasando. Cuando se acabe la huelga vendrá una avalancha de papeles y la gente se desespera con razón”.

La letrada del Juzgado de lo Social 5 de Sevilla, Yolanda Valdivielso, explica que el número de juicios suspendidos estas semanas es tan abultado que deben reubicarse en la primavera de 2026. “Los que se van a celebrar hoy han esperado tres años para que se celebre y ahora esperarán tres años más”, detalla. Solo en la provincia de Sevilla se han suspendido 6.160 juicios, comparecencias, vistas y otros actos, según los datos aportados por los letrados judiciales.

El dinero que entra en las cuentas bancarias de los juzgados, destinado a pensiones alimenticias para menores o compensaciones para personas separadas, está paralizado porque la llave que desbloquea los traspasos la tienen los letrados de la Administración. La expedición de mandamientos de pago ha bajado un 90%, más de 350 millones paralizados, según los convocantes del paro. “Nos provoca ansiedad ver que está entrando dinero y no poder darle destino”, admite Juan Antonio Ortiz, letrado en el Juzgado 2 de Lora del Río (Sevilla).

En Andalucía se han suspendido más de 12.000 juicios, según los convocantes. “El escollo está en el Ministerio de Justicia, que no se sienta tras llegar a unos acuerdos el pasado abril. Seguiremos de huelga hasta que el ministerio quiera”, asegura Luis Toribio, miembro de la ejecutiva del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.