Hablan las dos partes del conflicto de los letrados judiciales, que mantienen la huelga mientras el Gobierno se plantea retirarle funciones

Los letrados de la Administración de Justicia están en huelga indefinida desde el 24 de enero para reclamar un incremento salarial que sitúe su sueldo en el 85% de lo que cobran los jueces. Aseguran que su protesta ha obligado ya a suspender más de 270.000 juicios y hay más de 350.000 demandas pendientes de reparto y mil millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados. EL PAÍS ha hablado con las dos partes en conflicto, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y el portavoz del comité de huelga, Xoán Xosé Yáñez. Ninguno ve cerca una solución. Los letrados (los antiguos secretarios judiciales) exigen adecuar su salario a las nuevas responsabilidades que adquirieron en 2009, cuando se aprobaron las oficinas judiciales. El ministerio alega que ya le ha subido el sueldo un 14,5% y se plantea actualizar el modelo de fe pública y retirarle funciones antes que aceptar nuevas subidas salariales. “Hay que valorar si efectivamente tienen demasiadas funciones y hay que retirarle algunas”, advierte el secretario de Estado. Los letrados, que han convocado para este jueves una manifestación en Madrid, acusan a Justicia de incumplir un compromiso pactado .

Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia

“Hay funciones de los letrados que a lo mejor las pueden hacer otros cuerpos”

Pregunta. ¿Ve cerca la resolución del conflicto?

Respuesta. Me gustaría que se resolviera hoy mismo. Que hoy mismo suspendieran esta huelga indefinida. Está en su mano.

P. Los letrados se quejan de que Justicia no les convoca para continuar la negociación, ¿lo va a hacer?

R. Hay que empezar por el principio. Se convocó una huelga indefinida por el incumplimiento de un acuerdo que dicen que se cerró en abril del año pasado. Los letrados de la Administración de Justicia cobran entre 39.000 y 61.000 euros anuales. El salario mínimo interprofesional en España es de 14.000 euros, por poner una referencia. Se les hizo un incremento retributivo del 5,26 % que tienen ya en sus nóminas, 2.430 euros al año, más la subida de todos los funcionarios del 9,5%. Hay que sumarlo: más de un 14,5% de incremento. Es verdad que en 2009 se incrementaron sus funciones, pues igual nos replanteamos ese incremento y hay que valorar si efectivamente tienen demasiadas funciones y hay que retirarle algunas. Ninguna de las asociaciones que han venido ha reclamado nada que sea por mejorar el servicio público de justicia, todo han sido mejoras retributivas. De los 11 compromisos que adquirimos con ellos en abril se han cumplido o están en trámite 10. Y hay uno, la cláusula de enganche, que no se puede cumplir. El 28 de febrero les hicimos una oferta con 8 o 9 puntos y estamos esperando a que nos contesten. Se les propusieron mejoras salariales paralelos grupos 4 y 5 [los que menos cobran], lo que afecta a 1.906 letrados de los 4.403 que son en España y les supondría un incremento de entre un 1,64% y un 13,16% de sueldo La respuesta a eso fue que no, como a todo lo demás. Insisten en la cláusula de enganche y piden una subida lineal a todos los letrados de 1.100 euros al mes. Eso implicaría unos 61 millones de euros, es decir, que el incremento salarial de los letrados sería superior a lo que se dedica a la justicia gratuita, que son casi 50 millones. Es poco asumible.

P. ¿Se les va a citar?

R. Estamos esperando respuesta. No han contestado y hasta que no respondan…

P. Usted ha señalado que la equiparación con los jueces que ellos piden serían 1.100 euros mensuales y ellos alegan que eso demuestra lo alejados que están ambos salarios.

R. Sí, claro. Pero es que hay jueces y hay letrados. No es lo mismo. Ellos hacen una oposición diferente y sus responsabilidades son muy diferentes. Un juez pone sentencias o manda gente a la cárcel, por ejemplo. El letrado es el director de la oficina judicial

P. Ha dicho que desde 2009 asumieron nuevas funciones y que quizás hay que replantearlo. ¿Justicia se plantea retirarle funciones en vez de incrementarles el sueldo para retribuirles esas funciones que adquirieron?

R. Lo estamos estudiando. Hay funciones que a lo mejor las pueden hacer otros cuerpos.

P. Algunos operadores judiciales han sugerido a raíz de este conflicto que habría que revisar el actual modelo de fe pública, que puede ser obsoleto en el mundo digital. ¿Se lo plantean?

R. Sí.

P. ¿Para hacerlo de forma inminente?

R. Las cosas hay que hacerlas con calma y con templanza. No con urgencia.

P. Ellos sitúan el inicio del conflicto en abril de 2022, cuando hubo un supuesto acuerdo entre ambas partes. Justicia envió una nota a los medios titulada así: “El Gobierno impulsará la vinculación de las retribuciones de los LAJS a las de la carrera judicial”. Ese es el compromiso que los letrados consideran incumplido. ¿Por qué no se ha hecho?

R. No fue firmado por ninguna de las partes. En ese texto había muchos más asuntos que sí se han cumplido. Lo único que se ha hecho es la cláusula de enganche, que ellos saben desde el primer momento que es imposible.

P. Pero Justicia tituló la nota de esa reunión por ahí.

R. Estudiamos la situación y vimos que nos llevaba a 61 millones de euros, que era imposible. Porque además, no son jueces, y además hay determinadas funciones que las hacen ya gestores y no los secretarios, por eso decía que igual hay que revisar las funciones que se les dieron en 2009.

P. ¿Mantiene que es una huelga de privilegiados?

R. Sí, sin duda. Pocos ciudadanos cobran esas cantidades.

P. Desde que se inició la huelga y ustedes empezaron a negociar, ¿hay otros sectores de la justicia que hayan llamado a la puerta del ministerio para reclamar mejoras?

R. Los que se han puesto en contacto han sido los sindicatos, que reclaman que ellos son los que se sientan en las mesas de negociaciones. Es lógico, la Constitución dice quien tiene la representación sindical y los letrados no tienen un sindicato, son asociaciones. Pero también es posible pensar que si yo pido una cláusula de enganche del 85% a jueces pueden ser luego los jueces quienes pidan un incremento; y por debajo, lo mismo. Los gestores o el resto de funcionarios de la Administración de Justicia también querrán un incremento. Es lógico pensarlo.

P. ¿Asume Justicia que tendrá que habilitar un plan de refuerzo para recuperar los actos suspendidos oor la huelga?

R. Habrá que hacer un plan de refuerzo y ver como se recuperan los juicios suspendidos, pero es rotundamente falso que se vaya a obligar a trabajar en agosto como se ha rumoreado. Es un bulo.

P. Los letrados responsabilizan al ministerio de las consecuencias de la huelga: las suspensiones, retrasos etc. ¿Se siente Justicia responsable?

R. No. Responsable será quien hace la huelga, el que ha impedido que se celebren vistas perjudicando a todas las partes. Por eso digo que seguimos teniendo la mano tendida, los letrados son muy importantes dentro de la Administración de Justicia. Pero está en su mano acabar con esta situación, y eso es desconvocar hoy la huelga.

Xoán Xosé Yáñez, portavoz del comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia:

“Es muy peligroso poner en cuestión instituciones tan antiguas en las que se basa el Estado de derecho”

Pregunta. ¿Qué exigen los letrados?

Respuesta. El año pasado se llegó a una serie de acuerdos que ponían fin a un contencioso histórico de los letrados y pedimos que se cumpla. Desde 2009 reclamamos que el nuevo modelo de justicia que nos dio más funciones debe tener reflejo en nuestras retribuciones.

P. ¿En qué se concreta esa reclamación?

R. Nuestra reivindicación básica es la adecuación salarial a esas funciones. Se podía hacer de muchas formas, pero el ministerio optó por la cláusula en enganche, estableciendo una equiparación entre las retribuciones de los jueces y las nuestras. No estamos cerrados en banda a que se haga solo por esa vía, estamos dispuestos a explorar alternativas. Pero el ministerio nos pide que renunciamos a eso sin darnos nada como contrapartida.

P. Justicia asegura que la suya es una huelga de privilegiados.

R. Me parecen palabras desafortunadas. Somos unos trabajadores con unas reclamaciones laborales que nos parecen ajustadas. Si se comparan cosas heterogéneas se nos puede llamar privilegiados, pero se podría decir lo mismo de las huelgas de los médicos. Son reclamaciones honestas.

P. El ministerio sostiene que sus reclamaciones son exclusivamente retributivas. ¿Reclaman algo más?

R. Tenemos muchos temas pendientes. Exigimos un reglamento orgánico, cambios en las libranzas, en la carrera profesional, las sustituciones. Justicia se queda siempre en compromisos, pero llevan parados años. De todas formas, no hay ninguna vergüenza en reclamar cuestiones económicas, una huelga también es para eso.

P. El Gobierno alega que son uno de los cuerpos que más subida salarial ha tenido en esta legislatura y que si atendieran su reclamación supondría un incremento lineal de 1.100 euros al mes. ¿Están de acuerdo con ese cálculo?

R. No sé si son 1.100 euros o no. Esa cifra la han sacado ellos. Creo que es exagerada, pero si es así se demuestra que estamos aún peor pagados y a más distancia de otros profesionales del derecho de lo pensábamos.

P. El ministerio les ha ofrecido subirle el sueldo a los letrados con salarios más bajos, pero ustedes han rechazado esa propuesta, ¿por qué?

R. Esta medida está muy recortada respecto a la medida similar que se nos propuso en abril. Representa un 30% de aquello que se nos dijo entonces.

P. ¿No aceptan nada que no sea eso?

R. Estamos en fase de negociación y nunca nos hemos negado a ver las cuestiones de una en una. Pero de forma honesta. Las reuniones no se han hecho como deberían. Nos dicen que renunciemos de entrada a lo que queremos y presentemos otras propuestas escritas. Eso no puede ser porque nosotros partíamos de lo que teníamos acordado y ellos son los que se han descolgado, y eso les obliga a ellos a iniciar a ellos el camino negociador. Aceptaremos un acuerdo justo y razonable.

P. ¿Qué le diría a los ciudadanos o a otros operadores jurídicos que llevan siete semanas viendo cómo se suspenden sus juicios?

R. Lamentamos profundamente el perjuicio que se está ocasionando al ciudadano, queríamos haberlo resuelto mucho antes, pero el ministerio ha tardado tres semanas para convocarnos por primera vez. Luego otra semana en volver a convocarnos y ahora no sabemos cuando nos va a volver a citar. Es difícil solucionarlo si no hay voluntad clara por ambas partes.

P. Algunos jueces, abogados o funcionarios critican que están suspendiendo juicios a los que igualmente no iban a asistir porque se graban

R. La presencia de los letrados es necesaria aunque no estén físicamente. La tecnología es un medio para poder practicar la fe pública judicial, que es una garantía con más de 1.000 años. Es muy peligroso poner en cuestión instituciones tan antiguas en las que se basa el Estado de derecho.

P. ¿Está de acuerdo en que hay protocolos anacrónicos en sus funciones?

R. Tal vez, pero esas cuestiones nunca se han debatido cuando no hacíamos la huelga. Veo un debate interesado en perjudicar que los trabajadores hagan huelga. Viví un caso parecido en Galicia hace tres años. Dos meses y medio sin un solo juicio porque los funcionarios de auxilio hacían huelga. Yo consideré que hubiera sido un acto de esquirolaje haberlo sustituido yo mismo en la grabación de los juicios o abriendo la puerta y llamando a los ciudadanos a declarar, que son cosas que hemos hecho en situaciones en las que no estaba el auxiliar. Sin embargo no hubo polémica y se respetó el derecho de huelga de esos funcionarios. Con nosotros sí la hay.