La justicia, en pie de guerra tras el acuerdo del Gobierno con los letrados

Durante los dos meses que duró la huelga de letrados de la administración de Justicia (LAJ), el resto de los operadores jurídicos avisaron: si los letrados alcanzaban con el Gobierno un acuerdo económico que solo los beneficiara a ellos, la movilización se extendería por todos los estamentos de la justicia. Los augurios se han cumplido y la paz social que buscaba el Ministerio de Justicia de Pilar Llop con la negociación con los letrados está teniendo un efecto rebote. Los funcionarios judiciales llevan ya tres días de huelga y este miércoles se manifestaron en Madrid para reivindicar mejoras salariales “en la línea”, según los sindicatos convocantes, con la concedida a los letrados. Las asociaciones de jueces y fiscales están ya preguntando a sus miembros para conocer su disponibilidad para secundar paros, en una especie de toma de pulso preparatoria: los resultados apuntan a futuras movilizaciones. Y los abogados del turno de oficio han anunciado una concentración para el 27 de abril.

“La huelga de los letrados [judiciales] ha dejado una lección buena para nosotros, pero peligrosa para el Gobierno: si presionas, triunfas”, señala un juez que prefiere mantener su anonimato. Como otros magistrados y fiscales consultados, admite que la subida salarial del 8% acordada por el Ejecutivo para todos los funcionarios a lo largo de los próximos tres años se deja notar ya en las nóminas, pero señala que el pacto suscrito por los letrados marca un camino que va directo a la movilización del resto de estamentos de la justicia. “Los sindicatos cerraron un acuerdo para todos en diciembre. Pero los letrados, desmarcados de eso y como si ese acuerdo no fuera con ellos, reclamaron más y lo han conseguido. Vamos a ir todos detrás a pedir lo mismo”, afirma un fiscal.

Los sindicatos reclaman un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), con aumentos de hasta 450 euros y que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. La manifestación de este miércoles también reclamó cambios en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (Loeo) que tramita el Gobierno.

Con ese pacto que ha encendido al sector y a las puertas de elecciones municipales, autonómicas y generales, la justicia es un verdadero polvorín. Los primeros en movilizarse han sido los funcionarios judiciales, un cuerpo compuesto por 45.000 trabajadores con categorías distintas, desde el A1 (la más alta de la Administración) a la C2. De este personal dependen muchas de las funciones que se hacen cada día en los juzgados, como la atención al público, el registro de documentos o la notificación de diligencias y autos, además del funcionamiento de los Institutos de Toxicología y de Medicina Legal.

La mayor parte, no obstante, son personal de auxilio judicial, tramitadores procesales, gestores y administrativos que trabajan a las órdenes de los letrados en las oficinas judiciales, y que ahora han visto que sus jefes han conseguido una subida salarial por atribuciones que tienen asignadas, pero que, aseguran, muchas veces delegan en ellos. La movilización de los funcionarios —paros de tres horas al día el lunes y el martes, y de 24 horas el miércoles— ha afectado ya a decenas de miles de actos judiciales y está obligando a suspender juicios tan mediáticos como el que sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional al expresidente valenciano Francisco Camps por la trama Gürtel.

Este panorama puede complicarse todavía más. Cuando la negociación entre Justicia y los funcionarios ni siquiera se ha iniciado, los jueces ya empiezan a prepararse para su propia huelga, aunque se muestran prudentes: a la espera de que el 3 de mayo se celebre la mesa de retribuciones, único órgano previsto por la ley para revisar los salarios y donde, además del departamento de Pilar Llop, se sienta también el Ministerio de Hacienda. Las cuatro asociaciones judiciales aguardan con recelos esa cita, de la que esperan salir con propuestas concretas. “No queremos ir a marear la perdiz”, advierte María Jesús del Barco, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que insiste en que llevan un año trabajando en este asunto con contactos con Justicia y, de momento, no han obtenido resultados.

“Nosotros hemos sido muy prudentes. Y con los LAJ han cerrado un acuerdo en solo unas semanas”, prosigue Del Barco, que recuerda cómo se llegó a convocar la mesa de retribuciones en octubre de 2022, pero finalmente se suspendió. Ese paso atrás generó un enorme malestar e indignación, y provoca que las asociaciones no se fíen ahora del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), coincide en que el encuentro del 3 de mayo debe finalizar con avances porque, si no, la huelga se presenta como su gran arma de presión. Y ya han empezado a sondear esa opción entre sus afiliados.

La APM impulsó en abril una consulta entre sus asociados —más de 1.300— para saber si respaldarían una medida de estas características para impulsar sus “reclamaciones salariales”. La propuesta de huelga se saldó con el respaldo del 70%. El Foro Judicial Independiente (FJI), otra de las asociaciones del sector, llevó a cabo una iniciativa similar, y obtuvo un 75% de apoyos. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia no ha consultado a sus miembros, pero sí ha hecho la pregunta entre sus secciones territoriales, donde el resultado ha sido dispar. “Vamos a esperar al 3 de mayo y, después, decidiremos”, señala su portavoz, Edmundo Rodríguez.

Fuentes de las asociaciones admiten que corren el riesgo de que se entienda que la huelga persigue un interés político contra el Gobierno ante las elecciones municipales, autonómicas y generales de este 2023, por lo que reconocen que la agitación dentro de toda la carrera los beneficia. Para que se vea que el malestar es general. “Parece que la huelga es el único lenguaje que entienden en Hacienda y Justicia”, remacha Del Barco. Los jueces no pueden pertenecer a sindicatos, lo que históricamente les ha restado fuerza a la hora de negociar.

La ofensiva de la abogacía

El clima de agitación se ha extendido también a la abogacía, que prepara desde hace semanas una concentración para el 27 de abril ante el Congreso de los Diputados. El objetivo es reclamar mejoras en las retribuciones de los letrados adscritos al turno de oficio —cerca de 44.000, según el último informe sobre el sector elaborado por el Consejo General de la Abogacía—. Los convocantes aprovechan así la ola de protestas en la Justicia y tratan de presionar al Poder Legislativo para elevar los baremos que fijan las cantidades que perciben por cada trámite.

“Solicitamos que se acuerden cuantas modificaciones normativas procedan en aras de combatir la infrafinanciación del turno de oficio”, subraya el comunicado que llama a la movilización, respaldado por más de una docena de asociaciones de la carrera y por el influyente Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el mayor de toda Europa. Este organismo ha cedido, incluso, sus instalaciones como punto de encuentro para todos los letrados del resto de España que se sumen a la concentración.

Alicia Vega, presidenta de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT), uno de los colectivos que impulsa la protesta ante el Parlamento, subraya: “Llevamos mucho tiempo arrastrando problemas y teníamos que visibilizar ya las reivindicaciones”. Vega no solo incide en las bajas retribuciones que perciben, sino que denuncia que existen trámites por los que directamente no se cobra al no estar contemplados en la normativa. “Hay recursos por lo que no nos pagan. O, por ejemplo, por las peticiones de ejecución de sentencias penales. No se pueden cobrar, pero nosotros estamos obligados a hacerlo. Básicamente, queremos que nuestro trabajo se remunere”. El Estado tampoco asume el coste de los abogados de oficio que asisten a personas jurídicas.

Javier Mata, miembro de la junta directiva del ICAM, incide: “Los abogados también tenemos algo que decir. Todo el mundo pide dinero y lo que no puede ser es que no suban las retribuciones de los abogados de oficio. Hace falta un impulso”. Pero el ministro de la Presidencia y abogado de profesión, Félix Bolaños, esquivó el tema la pasada semana en una conferencia. ¿Hay voluntad de subir esos baremos? “Es una de las carpetas que están abiertas. Es una de las cuestiones que se están analizando”, apuntó el representante del Ejecutivo, sin comprometerse a nada. Aunque sí reconoció que son “necesarios unos baremos más adaptados a la realidad”. Pilar Llop, ministra de Justicia, tampoco fue mucho más allá el martes: “Estamos revisando los baremos. El último fue aprobado por una orden de 2018. Estamos revisando cuáles pueden ser los más adecuados”, aseveró en el Senado.