La justicia pasa la factura al PP por una de sus corruptelas de Gürtel

La Audiencia Nacional ha pasado otra factura al PP por una de sus corruptelas. El tribunal ha decretado la ejecución de parte de la sentencia dictada por el desembarco de la trama Gürtel en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid), que se saldó en abril de 2022 con la condena a los populares a pagar 204.198,64 euros por beneficiarse de la red corrupta. En una resolución dictada este 5 de abril, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el Juzgado Central de Instrucción 5 reclama el aval que el partido conservador presentó para cubrir sus posibles responsabilidades cuando se ordenó sentarlo en el banquillo por esta derivada del caso.

En dicho escrito, el tribunal pide que se le remita el aval y que, una vez recibido, se “proceda a su ejecución”. Es decir, que se ingrese el dinero en la cuenta de consignaciones judiciales y, con esas cantidades, se satisfaga a los perjudicados por la trama y, “de haber sobrante”, se transfiera el resto al Tesoro Público.

En su sentencia del pasado año, los magistrados consideraron probado que la trama liderada por Francisco Correa se adentró en 2001 en el Ayuntamiento de Boadilla gracias a su relación con dirigentes del PP, que gobernaba el Consistorio. La red corrupta, que extendió sus tentáculos hasta 2009, se hizo con el control de la Administración local para manipular contratos públicos y amañar adjudicaciones a cambio de sobornos, que se usaron parcialmente para costear actos electorales del partido. Es más, los jueces describieron cómo se urdió una “dinámica de beneficio mutuo” entre la trama y los políticos. Para “perpetuarse” en el puesto. Según aseguró Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, exalcalde del municipio, la cúpula nacional y la regional de la formación conocían ese funcionamiento irregular.

El caso Gürtel —que estalló en 2009 y que suma, a falta todavía de tres juicios, 81 condenados a cárcel: incluido, decenas de cargos, asesores y familiares del partido— ha infligido un enorme daño político al PP. Pero también le ha generado un relevante perjuicio económico. En total, la Audiencia Nacional ha condenado a los populares a pagar más de medio millón de euros por lucrarse de la red corrupta de Francisco Correa.

Los magistrados han impuesto sanciones a la formación en tres juicios distintos. Además de los 204.198,64 euros que se le obliga a abonar por el desembarco en Boadilla, el tribunal castigó antes al PP a pagar 245.492,8 euros por la vista oral de Época I, la línea principal de investigación de Gürtel y que acabó con la condena que provocó en 2018 la moción de censura a Mariano Rajoy. Este dinero lo depositó en 2020 y cubría así el perjuicio provocado por la red corrupta en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.

También, en 2021, la Audiencia condenó al PP a pagar 123.669 euros por la reforma con dinero negro de su sede de la calle Génova. La formación recurrió ese fallo al Tribunal Supremo —lo que implicaba pedir que se absolviese a Luis Bárcenas, su extesorero—. Pero, tras hacerse públicas las alegaciones de la fuerza política, la dirección de Alberto Núñez Feijóo anunció que lo retiraría. “No lo conocíamos y no lo compartimos”, dijo Esteban González Pons, vicesecretario de Política Institucional, que se escudó en que era una iniciativa de la anterior cúpula de los populares, encabezada por Pablo Casado.

En su orden de ejecución de sentencia de este pasado 5 de abril, la Audiencia Nacional también da un plazo de 10 días a César Tomás Martín Morales, alias El Santo; y Alfonso Bosch, El Neveras, para que ingresen en prisión. Ambos fueron responsables de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla. El primero fue sentenciado a seis años y dos meses de reclusión; y el segundo, a cuatro años y cuatro meses.

El juicio a Camps se retrasa más

El PP no se encuentra acusado en ninguna derivada más de Gürtel como persona jurídica. Pero aún le queda calvario por delante. Y un importante coste político que asumir. Desde el pasado enero, la Audiencia Nacional acoge la vista oral contra Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana y del PP regional, por ayudar supuestamente a la trama a desembarcar en dicha comunidad. La Fiscalía Anticorrupción, que pide dos años y medio de cárcel para el exdirigente popular, mantiene que el entonces jefe de la Generalitat benefició a la red a través de su relación de amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, un hombre de confianza de Francisco Correa.

Este juicio se encuentra actualmente suspendido sine die por la huelga de funcionarios de Justicia. La vista oral debía reanudarse el pasado lunes tras un parón de tres semanas, pero acabo aplazándose. En un principio, el tribunal preveía retomarla el 24 de abril. Pero, finalmente, esta fecha se ha descartado y ahora se baraja la del 10 de mayo, según fuentes jurídicas.